La Generalitat ha sancionado a Tersa tres veces por la incineradora del Besòs
La entidad Airenet se presentará como acusación en la investigación por la contaminación que genera la planta
BarcelonaLa actividad de la incineradora de residuos del Besòs está bajo la lupa de la justicia, pero también de la Generalitat. Desde el pasado jueves un juez de Badalona investiga si la planta ha contaminado el aire y, por lo tanto, ha perjudicado la salud de los vecinos, como consideran la Fiscalía de Medio ambiente, que ha denunciado los hechos, y la plataforma vecinal Airenet, que es quien ha aportado la documentación. Desde hace tiempo, sin embargo, la dirección general de Calidad Ambiental y Cambio Climático y la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC) han fiscalizado la actividad de la industria. Según fuentes de los dos organismos, la primera tramitó dos sanciones a la planta en 2018 por valor de 21.101 euros y la ARC una tercera en 2020, de 20.000 euros. Esta última, sin embargo, ha sido anulada por un juzgado contencioso a raíz de un recurso de la empresa.
La primera sanción impuesta a Tersa, la empresa pública que gestiona la incineradora del Besòs –participada por BSM y la AMB–, se remonta en noviembre del 2018. La dirección general de Calidad Ambiental abrió un expediente a la empresa por dos motivos: por considerar que la planta no medía correctamente y de manera continua los valores de una de las chimeneas para verificar que estaban dentro de la ley (20.001 euros) y por un episodio del verano del 2017 en el que durante cinco horas no se registraron ni presentaron datos sobre contaminantes a los organismos competentes, como marca el reglamento de emisiones industriales (1.000 euros).
A principios de marzo del 2020, la Agencia de Residuos de Catalunya sancionó a Tersa por haber incumplido la autorización para el tratamiento de residuos. Después de una inspección, se detectó que la incineradora había quemado residuos sin cumplir con los requisitos que marca la ley, que establece que los hornos de la planta no pueden bajar de los 850 grados. A pesar de esto, según la ARC, la noche del 16 al 17 de julio del 2017 se quemaron residuos por debajo de esta temperatura. Tersa recurrió la sanción y un juzgado contencioso de Barcelona le dio la razón el 2021 y anuló la sanción de 20.000 euros.
Por debajo de la temperatura
Precisamente la temperatura que usan los hornos es uno de los motivos de preocupación de Airenet, que ha decidido personarse como acusación en la causa judicial. La entidad ha cogido como indicador el consumo de gas de la planta para intentar demostrar que la incineradora incumple de manera sistemática la obligación de quemar por encima de los 850 grados. Según Airenet, entre 2017 y 2020 la incineradora habría gastado unos 80.000 Nm3 de gas anualmente, excepto en 2018, cuando el consumo se habría duplicado a 172.685 Nm3, coincidiendo con las inspecciones. "Así se comporta una empresa tramposa, que cuando la fiscalizan se porta bien y después no", ha asegurado la portavoz Silvina Frucella, que ha subrayado que las evidencias judiciales contra Tersa "son gravísimas".
Fuentes de la empresa explican que el consumo de gas es un indicador que no es constante, porque puede estar condicionado por varias variables, como por ejemplo el número de paradas y arranques de la planta o las características del residuo que se queme. Desvinculan el mayor consumo de gas del 2018 de las inspecciones y aseguran que tuvieron que usar más porque aquel año llovió mucho y esto frenaba la temperatura en los hornos. Tersa asegura que cumple con la normativa, defiende que el algoritmo que usa para controlar la temperatura –y que también pone en entredicho la Fiscalía– es equiparable al otras incineradoras y que los sistemas de medida de la planta están avalados y supervisados por la Generalitat.
La empresa recuerda que un informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y uno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) avalaron su funcionamiento. Desde Airenet, sin embargo, se califica estos estudios de "burla", puesto que omitieron, dicen, datos esenciales. Por ejemplo, el del organismo barcelonés solo habría tenido en cuenta las muertes ocasionadas por la mala calidad del aire en Barcelona, y no las de Sant Adrià de Besòs o Badalona.
La denuncia de la Fiscalía acusa al presidente de Tersa y regidor en el Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de las instalaciones de "llevar a término o tolerar conscientemente" una serie de irregularidades, como por ejemplo no controlar adecuadamente la temperatura de los hornos. Airenet no descarta denunciar a otros responsables técnicos o políticos de la empresa "que hayan cometido malas praxis" en el pasado, ha explicado Enric Navarro. También han denunciado que el consistorio era consciente de los informes de los años 2014, 2015 y 2017 del catedrático de la URV Josep Lluís Domingo advirtiendo de estas malas praxis y ha reprochado al consistorio la falta de control de la calidad del aire y las dioxinas en la zona.