L'Hospitalet tendrá que devolver 2 millones de euros en multas por la anulación de la zona de bajas emisiones
El TSJC tumba la medida en cuatro municipios por los que pasan las rondas de Barcelona
BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tumbado a las zonas de bajas emisiones (ZBE) de cuatro ciudades del área metropolitana de Barcelona, tal y como ya hizo con la de la capital catalana en el 2022. Los municipios son Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellà y Esplugues, zonas por donde pasan las rondas de entrada y salida a la capital catalana. Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado el ACNel motivo es el mismo que la justicia esgrimió hace dos años con Barcelona: una carencia de argumentación de las restricciones.
El municipio más afectado por el revés judicial es L'Hospitalet. La zona de bajas emisiones cubría toda la ciudad y, en consecuencia, el consistorio calcula que deberá devolver buena parte de las multas puestas en 2021, 2022 y 2023 –todas las que no sean firmes–. Según calculan fuentes municipales, el importe global podría alcanzar casi 2 millones de euros. Mientras gestiona este regreso, el municipio trabaja en la definición de una nueva ordenanza que regule las ZBE, que prevé que esté terminada durante la primera mitad del próximo año. Ahora, hasta que esta nueva norma no entre en vigor, no podrán multar a los usuarios que conduzcan vehículos contaminantes.
El Ayuntamiento de Cornellà está siguiendo los mismos pasos y estima que su nueva norma estará lista a principios del 2025. Ahora bien, no prevén que sea necesario devolver multas y recuerdan que la limitación de circulación sólo afectaba al barrio y al polígono Famadas. En términos similares, el Ayuntamiento de Sant Adrià no tiene calculado si tendrá que devolver alguna sanción a los conductores infractores, pero augura que el total no será una cantidad elevada. Por su parte, el consistorio del municipio mantiene la restricción a los vehículos contaminantes, ya que se adelantó al golpe judicial y ya tiene un nuevo texto en vigor desde abril.
En cuanto a Esplugues de Llobregat, el gobierno señala que han presentado un recurso al Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC, por lo que la ordenanza aprobada hace cuatro años seguirá vigente hasta que el alto tribunal se pronuncie, tal como ocurrió cuando se anuló la ZBE de Barcelona.
Restricciones que condicionan la capacidad económica
El TSJC no concluye que no sean necesarias restricciones, pero precisa que, en una ponderación de intereses de los empresarios o residentes, las limitaciones deben justificarse debidamente. De esta forma, para anular las ordenanzas municipales los magistrados reprochan a los ayuntamientos no haber considerado cómo las restricciones pueden condicionar la capacidad económica de los conductores. Sobre todo ponen énfasis en los residentes de las ciudades afectadas y los "colectivos" empresariales que no tienen la capacidad económica para tener que cambiarse el vehículo por uno menos contaminante para poder circular. En la misma línea, recriminan que las ordenanzas tuvieran una "falta de valoración de otras medidas" menos limitativas que la prohibición de la circulación.