Miedo a una nueva oleada de desahucios

BarcelonaAndrea Altés compartía piso en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona porque no podía pagar ella sola un alquiler de 850 euros, pero con la pandemia se quedó sin trabajo -es autónoma en el sector de la comunicación audiovisual- y no puede hacer frente ni a mitad de lo que le pide la propietaria, que tiene diez inmuebles. “Quiero llegar a un acuerdo, pero se ha cerrado en banda, no quiere negociar nada de nada”, asegura Altés. Después de pagar religiosamente el alquiler durante cuatro años y aceptar un aumento de 100 euros en febrero de 2019, ve como, por ejemplo, la quieren echar de casa.

Contactó con el Sindicat de Llogateres, que la asesoran legalmente, y presentó todos los papeles que la acreditan como vulnerable. De este modo, con la moratoria de lanzamientos para personas en emergencia social aprobada por el gobierno español a raíz de la pandemia, de momento ha podido evitar que la desahucien. Ahora bien, los trámites para obtener el certificado de vulnerabilidad, aunque se cumplan todos los requisitos, “no son nada sencillos” y no todo el mundo los consigue hacer, tal y como apunta el magistrado del juzgado mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo.

Como Altés, muchas familias están en la cuerda floja, salvadas temporalmente por la moratoria de lanzamientos que está previsto que se acabe con el final del estado de alarma el 9 de mayo. ¿Qué pasará si no se prorroga? “Nos quedaremos con el culo al aire”, responde Ema Craciun, madre de tres menores que se vio incapaz de afrontar el alquiler cuando su marido entró en ERTE y tardó cuatro meses a empezar a cobrar la prestación. “Ya se nos ha acumulado una deuda de 9.000 euros, esto no lo podremos pagar ni cuando todo esto haya pasado”, protesta Craciun.

Fernández Seijo, sin embargo, apunta que es más determinante el tapón que hay en los juzgados a raíz del covid para tramitar lanzamientos que no la moratoria. “Cuando se recupere el ritmo todo lo que se ha colapsado saldrá de golpe, y si le sumas la crisis económica, habrá un pico de desahucios”, augura Fernández Seijo. Además, el magistrado cree que hasta que los tribunales no funcionen plenamente, como antes del covid, continuarán disminuyendo los lanzamientos. En este sentido, el consultor de vivienda y profesor de la UOC Eduard Cabré vaticina que, si no se toma ninguna decisión de gran alcance, la crisis de acceso a la vivienda “no se podrá comparar ni con la de 2008”.

De hecho, según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, aunque en 2020 los desahucios por impago del alquiler continuaron la tendencia a la baja de los últimos años y disminuyeron un 42% en todo el Estado, el descenso fue inferior, de solo el 13,6%, durante el tercer trimestre, cuando ya se había impuesto el estado de alarma. Además, el mismo informe del CGPJ recoge que las ejecuciones hipotecarias -que se pueden acabar traduciendo en futuros desalojos- crecieron hasta las 20.460, un 17,5% más que el año pasado. Catalunya, con 4.643, fue el territorio donde se efectuaron más.

Ahora bien, a pesar del aumento, en el caso del alquiler “se está llegando a más acuerdos entre propietarios e inquilinos que antes del covid”, hecho que reduciría de forma sustancial los desahucios que finalmente se ejecutarán por esta causa, según apunta la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla. Para Fernández Seijo, sin embargo, “que estos acuerdos sean voluntarios es un problema” y apuesta para que “la norma establezca una intermediación obligatoria entre las partes”. Ni Altés ni Craciun, por ejemplo, han podido llegar a un acuerdo con la propietaria.

Soluciones a largo plazo

Cabré opina que, a pesar de que la moratoria de los lanzamientos no deja de ser “respiración asistida”, hay que alargarla para paliar a corto plazo la crisis habitacional e insta a llegar a “acuerdos con tenedores y bancos por la vía legislativa o que la administración pague parte de los alquileres”. “No creo que el Estado se atreva a dejar a miles de personas en emergencia habitacional”, apunta este experto.

Más allá de las medidas más urgentes, el director técnico del Observatori Metropolità de la Vivenda, Carles Donat, subraya que hay que “incrementar la inversión pública del Estado y de la Generalitat en vivienda”. En este sentido, Trilla pide aumentar el parque de alquiler social de Catalunya y lo compara con el resto de países de Europa: según un estudio presentado a finales del año pasado por el Colegio de Abogados de Barcelona y diferentes entidades que gestionan vivienda para personas vulnerables, el parque de alquiler social del Principat se sitúa en el 1,6% del total (47.000 pisos), mientras que la media europea es de un 15%.

Otra solución es la regulación de los precios del alquiler, que el Govern y el Parlament ya sacaron adelante. Podemos está presionando a sus socios de gobierno en España, el PSOE, para que la incluya en la nueva ley de vivienda de ámbito estatal. Fernández Seijo, si bien lo ve con buenos ojos, matiza que “por una vez que el mercado nos va a favor y los alquileres están bajando, quizás no es el momento más adecuado, puesto que se podría acabar marcando los precios a la alza y retardando la caída”. Aún así, Cabré, que coincide con el resto de expertos consultados por el ARA, concluye: “Lo que está claro es que el reto que tenemos delante no tiene precedentes y tenemos que tomar medidas muy potentes y de gran alcance”.