Seguridad

Los Mossos utilizan un banco de imágenes de protestas para identificar a activistas

Los abogados de los 13 estudiantes para quienes se reclaman ocho años de prisión por los disturbios en una manifestación reclaman la anulación de los vídeos utilizados como prueba

BarcelonaQuien haya participado en más de una manifestación seguro que ha visto cómo, detrás del cordón de los antidisturbios, un policía grababa la protesta con una cámara de vídeo a menudo encajada en un monópode (un trípode de un solo pie), para poderla levantar por encima de las cabezas de sus compañeros. Es obvio que todas estas imágenes se pueden usar después para intentar identificar a manifestantes que se puedan pasar de vueltas o lleguen a la violencia, si es el caso. Pero lo que no lo es tanto es que se almacenen, queden en un archivo policial y después se puedan volver a consultar y utilizar para identificar a activistas a quienes atribuyan algún delito. Esto es el que ha quedado claro esta mañana, durante el juicio contra 13 estudiantes para quienes la Fiscalía reclama ocho años y medio de prisión y 11.500 euros de multa por una protesta de marzo de 2017 para reclamar la rebaja de las tasas universitarias en la que se quemó un contenedor, se rompieron los cristales de un banco y se lanzó pintura a policías y a una tienda.

En el juicio los abogados defensores han puesto en entredicho las identificaciones policiales de los acusados: los Mossos no las hicieron in situ, sino después, con los vídeos que grabaron de la protesta, buscando y analizando quién había interactuado con las cuentas en las redes sociales del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) –que había convocado la protesta– e incluso siguiéndoles. Y aquí es donde entra el banco de imágenes policial: a algunos de los manifestantes los habían identificado cuatro meses antes, en un encierro en la Secretaría de Universidades, convocada por el SEPC, también para reclamar la rebaja del 30% de las tasas universitarias que se había aprobado en una moción parlamentaria. Aquella acción se acabó sin ningún detenido, pero los policías identificaron y grabaron a todo el mundo que participó. "La protesta fue grabada por la Brimo y sirvió también de base identificadora. Teníamos las caras, las identidades; era la misma reivindicación, la misma plataforma", ha explicado en el juicio uno de los policías que ha testificado.

Cargando
No hay anuncios

Los destrozos en la manifestación de 2017 los hicieron activistas vestidos de negro, encapuchados y con la cara tapada, que se cambiaron tapados con una sábana en medio de la protesta. Pero en el juicio una agente de los Mossos ha explicado que determinaron la cara de cada uno analizando los vídeos que grabaron, por elementos como unas gafas de sol características, una camiseta blanca de manga corta que sobresalía y otros elementos. Los abogados de la defensa han puesto en entredicho la infalibilidad de este método de identificación y los vídeos aportados por los Mossos, y han reclamado que se desestimen como prueba de la acusación. "Hay vídeos que están manifiestamente editados e incluso sugieren un orden cronológico que no está acreditado", ha asegurado el abogado Xavier Monge. Uno de los policías que ha atestiguado ha asegurado que la orden se había determinado por los metadatos de los archivos y por "cuestiones lógicas".

Entre los testigos del juicio, que continuará mañana, también ha declarado una trabajadora del banco que sufrió los destrozos. "Sentimos miedo, impotencia y rabia por un ataque gratuito que no entendíamos", ha dicho, pero ha añadido que quienes atacaron el banco iban todos tapados y no se podía saber quién eran.

Cargando
No hay anuncios
Apoyo en los juzgados y en la universidad

Antes del juicio casi un centenar de personas se han concentrado ante la Audiencia de Barcelona para mostrar su apoyo. El equipo rectoral de la Universidad de Barcelona también ha emitido un comunicado de apoyo en el que asegura que los acusados "ejercieron su derecho de manifestación", que es importante que los alumnos se organicen y puedan ejercer sus derechos "de manera pacífica y democrática" y que confían en "un juicio justo y en un desenlace absolutorio".