El PP lleva al TC la ley Celaá

MadridEl PP ha hecho efectiva este lunes la promesa de recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley educativa, conocida como ley Celaá –por el nombre de la ministra–. Continúan así con la estrategia de judicializar todas las normas de calado del ejecutivo de Pedro Sánchez. Nueve son los motivos principales que ha dado el jefe de la oposición, Pablo Casado, para presentar el recurso ante el alto tribunal durante la presentación del texto en un colegio concertado de Madrid, el Internacional J.H. Newman. Desde la aprobación en el Congreso y en el Senado de la ley, la mayoría de colegios concertados de Madrid están rodeados de lazos naranjas para rechazar lo que consideran una norma "discriminatoria".

Para Casado, en primer lugar, la ley ataca la "libertad", una palabra que el PP quiere hacer suya. "Los padres tienen que tener la libertad y el derecho de escoger el centro educativo: no te lo puede decidir el código postal", ha señalado, considerando la ley Celaá "un ataque frontal a la concertada". Además, el PP asegura que la ley pone "en grave riesgo" la educación especial. Y es que la norma, tal como hizo Catalunya en 2017 en un decreto que casi no se ha desplegado, prevé que los niños con discapacidad vayan a la escuela ordinaria, que tendrá que ser inclusiva en un plazo de diez años.

Pero para los populares, uno de los problemas más grandes es que la ley se carga "la unidad del sistema" al tratar al castellano "como una lengua extranjera más" en lugares como Catalunya, pero también el País Valenciano, las Baleares, Euskadi, Navarra y Galicia. "Queremos garantizar que el castellano sea lengua vehicular en toda España, como dice la Constitución española", ha dicho Casado, en un nuevo frente que abre contra la inmersión lingüística en el Tribunal Constitucional por lo que considera un incumplimiento de la obligación del Estado de proteger "el idioma de todos los españoles". El PP también reclama que se cree un currículum común de al menos un 65% en el conjunto de España para que "no se eduque con finalidad partidistas". Es decir, una nueva centralización que garantizaría la creación de un cuerpo estatal de inspección educativa "para evitar el adoctrinamiento no solo en Catalunya, sino también en lugares como el País Valenciano".

Finalmente, el PP considera que la ley ataca la calidad de la educación con la decisión de permitir pasar de curso con más asignaturas suspendidas, en lo que consideran un ataque a la "cultura del esfuerzo". También piden unas pruebas de acceso a la universidad a nivel estatal y evaluaciones conjuntas para saber el nivel de cada escuela, así como un MIR para el profesorado.

Promesa de derogación de la ley

Casado se ha vuelto a comprometer a derogar la ley si llega al gobierno español, pero, mientras tanto, el PP inicia la ofensiva en los tribunales. Por un lado, en el TC, y por el otro, en Europa, porque considera que va contra el artículo 14 de la carta fundamental de los derechos europea en cuanto a la libertad de elección de los padres. A su vez, las comunidades gobernadas por el PP –Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia– este año han iniciado las preinscripciones escolares antes de tiempo para sortear la ley y se comprometen a no aplicarla más adelante. "Los hijos no forman parte del Estado, sino de las familias", ha concluido Casado, que también ha pedido la dimisión de la ministra Isabel Celaá, en un acto acompañado por el presidente de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), así como el director de la escuela y la presidenta de la conservadora Confederación de Padres y Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.