"Los presupuestos no son suficientes": entidades y sindicatos reclaman más dinero para educación, salud y vivienda

BarcelonaPara el conseller de Economía, Jaume Giró, los presupuestos para 2022 son "los mejores" de la historia de la Generalitat, porque son los más expansivos en ingresos y gastos. Para organizaciones, entidades y sindicatos, en cambio, las previsiones económicas del Govern no son suficientes para garantizar todos los adelantos que necesita el país, especialmente en educación, salud y vivienda.

Educación

Recursos para infantil y FP

Las entidades educativas celebran que la conselleria sea la única, además de Salud, que obtiene un incremento presupuestario superior a los 1.000 millones de euros –concretamente, 1.009–, pero alertan de que no basta para revertir los recortes de 2010. Desde CCOO señalan que destinar 90 millones a la gratuidad de P2 es "insuficiente" –solo llegará a las familias de las guarderías públicas– y que vigilarán que la reducción de ratios a P3 de 25 a 20 alumnos no suponga el cierre de ningún grupo. El sector también ha echado en falta más inversión para la escuela inclusiva –el decreto de 2017 no ha recibido nunca suficiente financiación para desplegarse con garantías– y para la FP, porque consideran inconcretos los 23 millones del plan de choque anunciado para esta etapa educativa.

Salud

Fortalecer los CAP y renovar infraestructuras

A pesar del aumento de 1.382 millones respecto al presupuesto de 2020, los 11.171 millones que la Generalitat quiere destinar a Salud se quedan "muy cortos" porque "mantienen la infrafinanciación crónica" de la sanidad pública, según el sindicado Metges de Catalunya, que pide llegar al menos hasta los 15.000 millones. La entidad advierte de que sin este dinero no se podrán hacer acciones "prioritarias" como mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales, abordar el relevo generacional e incrementar la plantilla de facultativos, así como renovar y hacer el mantenimiento de las infraestructuras y las equipaciones. El sindicato reclama, con todo, una "financiación adecuada" para fortalecer la atención primaria, las urgencias hospitalarias y reducir las listas de espera.

Vivienda y trabajo

Incremento del parque público de alquiler

Precisamente este miércoles hasta 25 organizaciones han presentado un documento en el Parlament en el que reclaman que las cuentas para 2022 incluyan medidas que garanticen los derechos laborales y sociales. Además de pedir un incremento del 25% de la inversión en atención primaria, construir más residencias públicas o asegurar una atención domiciliaria "digna" para trabajadores y usuarios, han reclamado más recursos para aplicar la semana laboral de 30 horas sin tener que disminuir salarios, recuperar la banca pública en Catalunya, llegar al 3% del PIB para políticas de vivienda y derechos sociales e invertir más en vivienda pública de alquiler. Aunque el total de las partidas de vivienda de los nuevos presupuestos duplican las del año 2020, la cifra está lejos de convencer a la CUP. Se destinarán 770 millones de euros, 410 millones más que el año pasado, pero ahora hace medio año los cuperos pactaron con ERC que el gasto llegaría a los 1.000 millones: faltan 230 para que los anticapitalistas lo den por bueno.

Tercer sector

Problemas más allá de las "urgencias"

La Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, ha aplaudido que tres de cada cuatro euros previstos se destinen a gasto social, pero ha avisado de que estos recursos tienen que resolver problemas estructurales y no solo servir para tapar agujeros "urgentes". De entrada, la entidad celebra la partida de 400 millones a la renta garantizada de ciudadanía y el plan piloto de 4 millones para implementar una renta básica universal a finales del año que viene, pero también pide al Govern que mejore la calidad del mercado de trabajo, el acceso a la vivienda digna y asequible y la garantía de unos ingresos mínimos entre los colectivos vulnerables como solución para resolver la pobreza, la exclusión y las desigualdades en el país. En este sentido, lamentan que no sepan si los presupuestos recogen la actualización del indicador de renta de suficiencia, que no se revisa desde 2010, y que las cuentas tampoco detallen la inversión en salud mental.

A estas peticiones se ha añadido el grito de alerta de la Mesa por la situación económica de sus entidades, que está "extremadamente tensada" por la "lentitud burocrática" de la Generalitat. En concreto, denuncian que el sector está avanzando 65 millones de euros porque todavía no han recibido la financiación para proyectos y actividades que han hecho este año ni, tampoco, algunas subvenciones resueltas en 2020. Según dicen, estas ayudas no se ajustan a la realidad porque dependen de ingresos puntuales, cuando las entidades necesitan una financiación más estable.