Primera victoria en los tribunales de los investigadores María Zambrano en Cataluña: "La universidad debe pagarme 23.000 euros"

BarcelonaTras más de dos años de conflicto, la sala de lo social del Tribunal de instancia de Girona ha dado la razón a los 18 investigadores María Zambrano en su disputa con la Universidad de Girona. Según la sentencia, que ya es firme, no está justificado que la UdG utilizara el dinero de la convocatoria de este programa estatal de captación de talento –ya cancelado–, que debían destinarse al sueldo de los científicos, a pagar la llamada cuota patronal, es decir las cotizaciones a la Seguridad Social. La justicia obliga ahora a la universidad a devolver las cantidades retenidas de forma irregular.

Esta sentencia va en la línea de cuatro resoluciones previas del Tribunal Supremo, que ya había establecido en el caso de otros centros universitarios estatales en la misma situación que éstas no podían descontar del salario del personal investigador contratado. El Supremo considera que el importe de la cuota empresarial es obligación de quien contrata, no del contratado.

La nueva sentencia reafirma la jurisprudencia hasta el momento y podría marcar la resolución de los litigios todavía pendientes, como con la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Otros como la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han optado por evitar juicios y han llegado a acuerdos con los científicos afectados de forma extrajudicial.

"Las cantidades exactas aún no las sabemos porque en la sentencia no hay queridos los intereses por demora", explica la ecóloga Carla Olmo, ex María Zambrano en la UdG. "Calculo que la universidad tendrá que pagarme alrededor de unos 23.000 euros", añade. Cantidades similares tendrá que abonar la universidad gerundense al resto de investigadores María Zambrano.

En cuanto al resto del sistema universitario catalán, por lo que ha podido saber el ARA, en la UPC están a la espera de sentencia, después de que un colectivo de investigadores ganaran un pleito y la universidad recurriera al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por lo que se refiere a la UB, en palabras de algunos de los demandantes –que prefieren mantener el anonimato porque todavía colaboran con grupos de la UB y temen represalias–, "están utilizando todos los recursos dilatorios posibles para retrasar pasar por juicio". En principio, tienen una señal para comparecer en sede judicial de algunos damnificados para el próximo mes de abril.

Programa fallido

El programa María Zambrano de captación de talento fue implementado en 2021 por el entonces ministro Manuel Castells con el objetivo de "fomentar la movilidad, recalificación y atracción de talento entre el personal docente e investigador". El objetivo era fortalecer el sistema de investigación de las universidades y contaba con una partida de 318 millones procedentes de fuentes de la Unión Europea. El programa establecía un sueldo de 4.000 euros brutos mensuales y tenía caducidad en 2025.

En total, 1.218 investigadores vinieron al Estado desde el extranjero, tanto nacionales como internacionales, y se repartieron por las universidades españolas. El sistema catalán atrajo el mayor grueso de estos científicos (cerca de 300), la gran mayoría de entre 40 y 50 años y con trayectorias de investigación brillantes. Sin embargo, la redacción de la convocatoria era ambigua y dejaba muchos cabos sueltos, como el futuro de los investigadores una vez acabado el contrato María Zambrano, que tenía una duración de dos o tres años. También la retribución de 4.000 euros mensuales para los científicos, dado que el redactado no indicaba que debían ser íntegramente dedicados al sueldo. De hecho, los científicos de ese programa de retorno de talento estaban cobrando más de 1.000 euros mensuales menos de lo que les habían prometido.

Esto hizo que los investigadores instalados en Catalunya, tal y como denunció el ARA, se encontraran con que cobraban poco más de la mitad de lo que rezaba en la convocatoria y que su futuro, pasado este tiempo, fuera totalmente incierto. Las universidades catalanas se escudaban en lo que la resolución de las ayudas al BOE fijaba, mientras que el ministerio de Ciencia echaba el balón a la mesa de las universidades y la conselleria de Investigación y Universidades consideraba que la cuestión dependía del gobierno español. Esto dejaba en tierra de nadie a los damnificados y provocó que muchos decidieran marcharse y abocó a la precariedad a otros muchos que decidieron quedarse.

Vertidos a la precariedad

Es el caso de Olmo, que, después de que en la Universidad de Girona se acabaran las opciones para nuevo contrato una vez finalizado el programa María Zambrano, ha tenido que marcharse a la Universidad de Valencia. "Se me vuelve a terminar el contrato en junio. Llevo 15 años de investigadora y cada vez estoy en una situación más precaria", explica en el ARA. Un caso similar es el del antropólogo Dídac Santos, que después de hacer carrera en el extranjero quiso volver "a casa" y acudió a la Universidad Autónoma de Barcelona. "La UAB ya nos pagó, no quiso llegar a juicio", relata. Sin embargo, "el dinero que dio variaba mucho en función de si habías interpuesto demanda previamente o no. Hay gente que cobró todo lo que le debían, unos 20.000 euros, y otros sólo 500 porque no habían demandado", clarifica este investigador que ahora está en la Universidad Complutense de Madrid.

De hecho, el pasado otoño, Santos representó a los Zambrano en una reunión con la consejera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, donde ésta les prometió que revisarían las convocatorias para el 2026 de las ayudas postdoctorales Beatriz de Pinós y las posiciones Serra Húnter para que, en palabras de ventaja". Sin embargo, lamentan que no ha habido ninguna modificación de la convocatoria. "A la consellera no le importamos ni un pimiento", afirma dolido Santos. "La mayoría tenemos perfil de titular e incluso de catedrático y como mucho nos ofrecen optar a plazas de lector, que son las que ocupan quienes acaban de doctorarse, las más bajas de la carrera", denuncia.

Por su parte, la consellera Montserrat afirma en declaraciones al ARA que "el departamento se comprometió a revisar las bases de las convocatorias de los programas Beatriz de Pinós y Serra Húnter para valorar si los investigadores del programa María Zambrano podían optar de acuerdo con los requisitos establecidos". En este sentido, asegura, los María Zambrano cumplen los requisitos para presentarse en el programa Serra Húnter, ya que disponen del título de doctor y de una trayectoria postdoctoral acreditada con experiencia internacional –uno de los méritos preferentes del programa– y se pueden presentar sin ningún inconveniente, ya que es la que "mejor se adapta a su perfil".

Para los Zambrano, sin embargo, "la consellera alega que las universidades tienen autonomía y que, por tanto, no pueden hacer nada". "Entonces, ¿para qué sirve una conselleria de Universidades?", cuestionan. Y admiten que su caso era un callejón sin salida: "El gobierno español no tenía interés en resolver nuestra situación, y la Generalitat y la conselleria no se han mojado porque consideran que no es competencia suya".

En paro y viviendo de un subsidio social

Hay otros casos más dramáticos, como el caso de la Marina (nombre ficticio para proteger su identidad). Tiene 60 años, y tras una brillante carrera en el área de ciencias sociales, sobre todo en Francia, quiso regresar a su Girona natal. En su caso, no ha recibido compensación alguna por parte de la UAB. No tiene trabajo, pese a contar con la acreditación R3 que otorga el ministerio de Ciencia, la categoría más alta que le acredita como investigadora. Está sobreviviendo con una ayuda social para mayores de 52 años, mientras se prepara para unas oposiciones en el país vecino. "Estoy totalmente desamparada. Mis colegas internacionales se hacen cruces de cómo, con mi currículum, con los artículos de impacto que he publicado en los últimos años, pueda encontrarme en esta situación", lamenta.