Los promotores construyen en Barcelona 150 pisos sociales al año gracias a la nueva normativa

BarcelonaYa hay balance de una de las normativas más polémicas impulsadas por el gobierno municipal de Ada Colau. En diciembre del 2018, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó con los votos de Barcelona en Comú, ERC, el PSC y la CUP una modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para obligar a los grandes promotores a destinar el 30% de las nuevas edificaciones a la vivienda de protección oficial. Según el texto, esta reserva del 30% del techo solo se tiene que aplicar cuando la nueva promoción de viviendas (o la rehabilitación integral de unas viviendas ya existentes) ocupe una superficie de más de 600 metros cuadrados y en suelo urbano consolidado. El objetivo era implicar solo a los grandes constructores.

A pesar de que ya hace dos años y medio de la aprobación de la normativa, hasta ahora no era posible hacer un balance cuidadoso, puesto que, a cambio de conseguir el apoyo de ERC y del PSC en la votación del Ayuntamiento, el gobierno municipal tuvo que renunciar a la aplicación de una suspensión de licencias para dar más tiempo a los propietarios a seguir construyendo sin tener que destinar el 30% a hacer pisos sociales. Finamente se acordó que los que hubieran comprado el solar entre 2016 y la aprobación inicial de la medida tendrían dos años para pedir los permisos para construir viviendas sin quedar afectados por el cambio. Además, se dio a todos los propietarios seis meses más para poder pedir licencia.

Pasado este plazo, según el balance del Ayuntamiento al cual ha tenido acceso el ARA, se calcula que promotores privados construirán este año 150 pisos sociales gracias a la nueva normativa. Desde 2016 se han tramitado 80 expedientes para construir 1.299 viviendas en grandes promociones. Pero de este total hay que descontar 57 (que habrían permitido construir 425 pisos) porque se pudieron acoger a la excepción aprobada en la votación. Así pues, la normativa se puede aplicar sobre los 23 expedientes restantes, que prevén construir hasta 308 viviendas en los próximos meses, de las cuales 120 serán de protección. Siguiendo el ritmo previsto, teniendo en cuenta la situación de crisis actual, el Ayuntamiento calcula que durante este año los grandes promotores habrán construido 150 pisos de protección oficial. "La medida ya empieza a dar sus frutos, ahora que se ha acabado el periodo de excepción que pidieron ERC y el PSC", dice Janet Sanz, teniente de alcaldía de Urbanismo. Desde su punto de vista, uno de los aspectos más importantes de la nueva normativa es que promueve la corresponsabilidad "del sector privado al garantizar el derecho a la vivienda".

Sin frenar la construcción de pisos

Una vez aprobada la nueva normativa, los grandes promotores criticaron una medida que les afectaba directamente, e incluso se aseguró que la obligación de tener que construir pisos sociales frenaría la creación de pisos en la ciudad y que, por lo tanto, sería contraproducente. Dos años y medio después, los datos demuestran que estos temores eran exagerados. Desde la aplicación de la norma el número de licencias concedidas de viviendas libres es similar a la de otros años. En 2016 se tramitaron 1.668 viviendas libres, en 2017 fueron 1.823 y en 2018, 2.526. Después de aprobar la polémica medida, durante el 2020 y teniendo en cuenta el ritmo que se prevé para el 2021, la media de licencias concedidas será de 2.119 al año. Estos datos no son solo de las grandes promociones, sino que incluyen todas las licencias de viviendas dadas, pero evidencian que la tendencia de creación de nuevos pisos en la ciudad se mantiene. Sanz también ha destacado que "la ciudad se está moviendo" y que durante la pandemia no ha caído la construcción de vivienda, de forma que "las previsiones son positivas".

En Catalunya sólo el 1,5% del parque de viviendas es público, mientras que la media europea se sitúa en el 15%.