PSC, ERC y Junts se reparten la comisión de investigación de las irregularidades de la DGAIA

BarcelonaEl Parlamento ha constituido este martes la comisión de investigación sobre las irregularidades de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia) entre 2011 y 2025, que el pleno de la cámara aprobó por unanimidad en julio. A raíz del goteo de informaciones periodísticas sobre el deficiente funcionamiento del ente, prestaciones pagadas indebidamente a los jóvenes extutelados o el mantenimiento de plazas fantasma en centros, PSC, ERC y Comuns impulsaron la creación de la comisión, presidida por el diputado socialista Jordi Riba y con la vicepresidencia de la republicana Anna Balsera. En la distribución de cargos de la mesa, a Junts le ha tocado la secretaría, que recae Maria Àngels Plans. En principio, los diputados tendrán que presentar las conclusiones antes de finales de año.

A partir de ahora, la comisión deberá investigar e intentar esclarecer en qué ha fallado el sistema de protección infantil. Tanto la Sindicatura de Cuentas como el Síndic de Greuges han puesto el foco en el funcionamiento de la DGAIA, reconvertida a toda prisa en la DGPPIA, en un intento de la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de encender fuego nuevo con una institución muy desprestigiada por varios escándalos, entre ellos, el de la menor de edad en guarda de la DGAIA que fue explotada sexualmente por un grupo de pedófilos durante meses, hasta que monitores del centro donde vivía separada de su familia. Además, también habrá que determinar si el caso de los 4,7 millones de euros que se pagaron a los jóvenes tutelados sin tener derecho fue un error, desidia de las entidades sociales o bien si éstas se lucraron.

El presidente de la comisión, el socialista Riba, animó a los diputados de la comisión a "llegar al fondo de la cuestión" y les pidió que actúen "en consecuencia y con responsabilidad" durante los meses que duren los trabajos parlamentarios, dado que tratarán con información "delicada y sensible".

La puesta en marcha de la comisión coincide con el aplazamiento del retorno a la DGPPIA de la centralización de los pagos de prestaciones y con la renovación del contrato de Resilis, la entidad que se encarga de gestionarlos y que está en el centro de la polémica.