El racismo de leyes e inmobiliarias empuja a los migrantes a vivir en guetos

BarcelonaHamid Hmata ha tenido que esperar cuatro años por ver cómo multaban con 10.000 euros a la agencia inmobiliaria de Mataró que se negó a alquilarle una vivienda, aunque su nómina está por encima de la media catalana. Al final, más que de dinero, se ha demostrado que fue una cuestión de apellido y origen étnico distintos a los hegemónicos. Este caso es un ejemplo de manual de racismo inmobiliario, una suma de prácticas discriminatorias que van mucho más allá del comportamiento individual y que fluyen sobre todo por unas leyes y por unos intermediarios que canalizan a las personas racializadas –extranjeras pero también gitanas– hacia viviendas de peores condiciones.

Ésta es la diagnosis de l'Informe por la transformación antirracista del ámbito de la vivienda que firman los investigadores Marc Borràs-Batalla y Aliou Diallo, por encargo de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación (OITND) del departamento de Igualdad y Feminismos en cumplimiento de una moción impulsada por Comuns. El estudio analiza cómo funciona esta arquitectura que soporta el racismo inmobiliario por arriba.

Por un lado, señala un marco legal de leyes y normas "aparentemente neutrales" que acaban discriminando a las personas que supuestamente deben proteger y reproduciendo los estereotipos. Se refiere a que las políticas públicas siguen criterios técnicos y universales pero que, a la hora de la selección de los beneficiarios, los profesionales caen en los parámetros discriminatorios –seguramente sin mala intención, matizan los autores– y tienden a priorizar implícitamente a los solicitantes "merecedores" porque responden a la norma sociocultural dominante. Son perfiles que tienen "más probabilidades de éxito", lo que hace que se acaben excluyendo sistemáticamente a los considerados "complejos".

Por otra parte, los profesionales del sector inmobiliario que actúan de intermediarios entre la propiedad de las viviendas y los potenciales inquilinos son agentes claramente discriminatorios, porque según qué color de piel o pasaporte se encuentran por delante ofrecen viviendas en "peores condiciones que a los autóctonos" o incluso aplican.

Este circuito propicia la segregación racial por barrios y crear guetos en las ciudades con mayoría de población inmigrante. A las personas discriminadas por origen se les trata con el prejuicio de que no ganan lo suficiente, que no pagarán, que no encajarán en los parámetros de vecinos autóctonos o, directamente, que serán "problemáticas", señalan los investigadores.

Requisitos que excluyen sin decirlo

El informe también incluye respuestas de profesionales que admiten, a veces sin ser conscientes de ello, que discriminan a los clientes racializados, y se escudan en que todavía hay propietarios racistas. "El método que más se utiliza es el «te apunto y ya te diremos algo, porque ahora estás en la lista de espera, ya que tenemos mucha gente y no tenemos pisos». La bomba de humo que hacen es esta. Creo que es el método más fácil para ellos para taparlo todo", se lee en el documento presentado este lunes en comisión parlamentaria.

La directora general de promoción y defensa de los derechos humanos del departamento de Igualdad, Noa Monràs, ha subrayado en su presentación que, para los perjudicados, el racismo inmobiliario es "un compendio de trabas alimentadas por intermediarios y normas" que les condena a vivir en infraviviendas, mientras que el sistema mantiene y de nóminas".

Además, la responsable del departamento ha hecho suyas las propuestas de ambos investigadores sobre la necesidad de disponer de datos desglosados ​​por origen racial y étnico para poder advertir tanto la discriminación subjetiva como los aspectos estructurales del acceso a la vivienda. "La invisibilización estadística es la invisibilización política", ha subrayado Monràs, quien también se ha referido a la posibilidad de formar en antirracismo a los profesionales de las inmobiliarias como un ejemplo de buenas prácticas.