Alba Vergés, investigada por el retraso en la vacunación de los policías españoles
La decisión llega después de que la defensa de dos excargos de Salut aportara unos mensajes incriminando a la exconsejera
Barcelona"Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo". Éste es un mensaje que envió una miembro del gabinete de la entonces consejera de Salud, Alba Vergés, a Carmen Cabezas, entonces responsable del calendario de vacunación, en marzo del 2021. Este mensaje que incrimina a Vergés ahora es uno de los principales argumentos del juez para investigarla por presuntamente haber prevaricado suspendiendo la vacunación de policías nacionales y guardias civiles durante la pandemia. En una resolución a la que ha tenido acceso el ARA, el magistrado formaliza esta acusación y comunica a Vergés que puede empezar a ejercer su derecho a la defensa. También le ofrece declarar voluntariamente antes de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), puesto que Vergés es aforada como miembro del Parlament. Formalmente, pues, ya es una investigada más de este proceso judicial que salpica a buena parte de la que era la cúpula del departamento de Salud.
Este mensaje era sólo un fragmento de una batería de conversaciones que las defensas de Josep Maria Argimon , entonces secretario de Salud de Pública, y Carmen Cabezas entregaron a los juzgados para quitarse la responsabilidad de encima e incriminar directamente a Vergés. Cabezas lo ha logrado, ya que el magistrado ha archivado la investigación contra ella. Sobre todo, lo ha hecho por una respuesta a uno de los mensajes que le envió la miembro del gabinete de Vergés: "Yo creo que debemos hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad", dijo Cabezas cuando le preguntaron qué haría ella. También se archiva la causa para la entonces directora del área de organizaciones y profesionales del CatSalut, Sara Manjón. En cambio, Argimon –junto a otros tres exresponsables del departamento– seguirá como investigado, ya que el juez cree que su "omisión fue necesaria para llevar a cabo esta decisión contraria al derecho".
La imputación de Vergés llega tras estos mensajes y de una declaración de otro excargo de Salut que le incrimina diciendo que la decisión fue "colegiada" entre Vergés, Argimon y el entonces director del Servei Català de la Salud. Tanto esa declaración como las conversaciones de WhatsApp el juez las considera "pruebas inequívocas" contra Vergés. Por todo ello, el magistrado ve indicios claros de que la decisión del departamento de Salut fue "ilegal, arbitraria y claramente discriminatoria".
El contexto
En marzo del 2021, un año después del inicio de la pandemia, se había vacunado de cóvid-19 el 77% de los agentes de los Mossos d'Esquadra, el 68% de la Policía Local y el 77% de la Guardia Urbana . Sin embargo, sólo se había administrado la vacuna al 2,9% de los agentes de la Guardia Civil y al 3,6% de los efectivos de la Policía Nacional destinados a Catalunya. Dos días antes de los mensajes que ahora han salido a lo lejos, el pasado 22 de marzo, Vergés acudió a una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que depende del ministerio de Sanidad. En este Consejo se acordó priorizar la vacunación de los grupos esenciales (entre ellos los policías). Desde el gabinete de Vergés, sin embargo, prefirieron vacunar sólo a los que tenían más de 60 años. Lo formalizó al cabo de unos días Marc Ramentol, entonces secretario general de Salut, en un correo electrónico en el área de Salud Pública en el que comunicaba que quedaba suspendida la vacunación a los colectivos prioritarios de entre 18 y 60 años.
Tras la aparición de los mensajes, la Fiscalía ya pidió investigar a Vergés y el magistrado instructor lo ha acabado haciendo. La investigación se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil Jucil, Jupol, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad. El porcentaje de policías nacionales y guardias civiles vacunados se equiparó a los de los agentes de los Mossos a partir del 8 de mayo, dos meses después de loswhatsapps, cuando el TSJC ordenó a la Generalitat que los vacunara de inmediato.
En un comunicado, ERC, el partido de Vergés, ha defendido la gestión de la cúpula de Salud durante el cóvido y los republicanos aseguran que se vacunó a los policías españoles "siguiendo los criterios de vacunación fijados". "Esquerra mantiene que esta causa es injusta y ve persecución ideológica contra dirigentes independentistas".