No se conoce ningún nivel de exposición al amianto que no sea peligroso para la salud, pero la gravedad de los efectos dependerá de factores como la concentración de fibras contaminantes en el aire, las enfermedades de riesgo o los hábitos de vida, como el consumo de tabaco. Partiendo de esta base, este material afecta sobre todo a las vías respiratorias y se asocia a enfermedades del pulmón. Las principales patologías relacionadas son el mesotelioma, un tumor maligno en la pleura que tarda años en diagnosticarse, y la asbestosis o fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva y de evolución lenta que causa irritación de los tejidos pulmonares y que puede provocar insuficiencia respiratoria . También puede causar cáncer de pulmón entre 15 y 40 años después de la exposición. El hecho de que todas estas enfermedades tarden tanto tiempo en dar la cara dificulta probar que la causa sea la exposición al amianto.
Amiendo a Cataluña: siete de cada diez municipios no han investigado dónde ni cuánto tienen
La Síndica de Greuges alerta de que casi ningún ayuntamiento ha planificado la retirada del material
BarcelonaEl amianto debe eliminarse de los edificios públicos antes del año 2028 y de las propiedades privadas antes del 2032 –así lo exige la Unión Europea– pero, por ahora, siete de cada diez municipios catalanes (72,2 %) todavía desconocen cuál es la presencia de este elemento contaminante en su territorio. Es más, sólo el 2,9% de los municipios (27) han elaborado un calendario para fijar su retirada, según recoge el informe La retirada del amianto en Cataluña, presentado este lunes por la Síndica de Greuges. Los datos son especialmente significativos si se tiene en cuenta que, según marca la ley estatal, todos los ayuntamientos deberían haber elaborado el censo y el calendario de la retirada de este material antes de abril de 2023.
L amianto fue el producto estrella de la construcción de viviendas entre los años 1960 y 1980 para erigir rápidamente bloques de pisos que permitieran acoger el aumento de población. También llamado uralita, por su nombre comercial más popular, era un producto al alcance, barato y que prometía infraestructuras sólidas durante muchos años. En 2002 se prohibió su uso, pero Cataluña todavía tiene una gran presencia de este contaminante en cubiertas de edificaciones, depósitos de agua, tuberías, bajantes y colectores horizontales. Incluso –ha recordado la síndica– está presente en las redes de suministro de agua.
El pasado abril, la Generalitat hizo público el primer censo de cubiertas de fibrocemento, que constató que todavía ahora 945 municipios de Catalunya –ambos menos dos– tienen cubiertas de este tipo. "Aún estamos a tiempo de retirarlo, pero vamos muy atrasados. Hace 22 años que empezó a hablarse de la erradicación del amianto, y las cifras son muy bajas", ha alertado la síndica de agravios, Esther Giménez -Salinas. "Casi todos los municipios tienen amianto que está llegando al final de su vida útil, y tienen dificultades para eliminarlo", añadió.
Por este motivo, la síndica ha instado al futuro gobierno a hacer de la retirada del amianto una prioridad y ha pedido que haya una normativa transversal, "clara y exhaustiva", para dar cumplimiento al calendario de eliminación que establece la Unión Europea. "El Parlament elaboró un proyecto de ley que está pendiente de aprobación. Queremos que el nuevo gobierno se ponga las pilas y lo recupere rápidamente para tener una base legal sólida en Catalunya", ha puntualizado el adjunto a la síndica, Jaume Saura . "Las leyes deben prever las posibilidades para hacer las cosas. Necesitamos una buena legislación, pero sobre todo que vaya acompañada de los medios necesarios para que los municipios puedan cumplirla", ha añadido Giménez-Salinas.
Según la síndica, los ayuntamientos alegan dificultades para cumplir con la disposición adicional 14 de la Ley 7/2022 –que les trasladaba la obligación de elaborar el censo y la planificación de la eliminación– porque la normativa no les ha dotado de recursos, ni técnicos, ni materiales ni económicos. Un argumento esgrimido también por la Generalitat. Además, los ayuntamientos tienen poco personal especializado", explican fuentes del departamento de Presidencia, de donde cuelga el plan de amianto. El Gobierno asegura que la erradicación de este elemento es "un reto de país y una prioridad" y Por ello, a lo largo de esta legislatura se han impulsado iniciativas como el mapa del censo de cubiertas. en proceso de revisión". Es por ello –aseguran– que se está ofreciendo apoyo a los ayuntamientos por diferentes canales, como un buzón para atender consultas o la programación periódica de cursos especializados de formación.
Priorizar a los colectivos vulnerables
Ante la elevada presencia de esta sustancia contaminante en todo el territorio, la Síndica ha insistido en la necesidad de priorizar su eliminación en los emplazamientos en los que pasan más tiempo colectivos vulnerables –niños y adolescentes, por ejemplo–, como ahora escuelas, polideportivos, parques u otros espacios con gran pública concurrencia. "Estamos ante un problema laboral, ambiental y de salud pública. Afecta a la ciudadanía, es decir, los más perjudicados somos las personas", ha avisado la síndica.
Al mismo tiempo, el informe revela que la normativa existente está centrada en las previsiones de seguridad y salud laboral cuando se manipula o retira el amianto. Desde la Síndica de Greuges consideran que este planteamiento es "correcto, pero no suficiente", y argumentan que es necesario ampliar la visión y proteger tanto a los trabajadores como al medio ambiente y la salud pública de las personas que están expuestas a este contaminante. Asimismo, reclaman una mejor coordinación entre el departamento de Treball y las administraciones locales: "Los municipios y vecinos en muchas ocasiones no saben que se está retirando el amianto", ha lamentado Saura.
Ahora bien, mientras la retirada total no se hace efectiva, la Síndica de Greuges recomienda que se hagan pruebas –más allá de las inspecciones visuales– para confirmar que el material no requiere una intervención inmediata. Asimismo, insta a intervenir en las redes de suministro de agua que contienen amianto para diseñar un mapa de las que contienen y priorizar su sustitución, y reclama a las administraciones que convoquen ayudas públicas para la retirada del amianto que proporcionen información clara y completa y que se aseguren que se paguen de forma ágil y puntual.
