El Gobierno admite que hay menores desatendidos por adicción en sus centros de justicia juveniles

Barcelona"Estamos desbordados. Falta personal para atender a estos menores, no tenemos herramientas para ayudarles cuando tienen un brote psicótico. La única respuesta que les podemos ofrecer es enviarlos a módulos de contención", se lamenta en conversación con el ARA una trabajadora del Centro Educativo l'Alzina, donde viven menores de edad por orden de un juez porque han cometido algún delito. Algunos de estos adolescentes atendidos por el sistema de justicia juvenil catalán tienen problemas de adicciones o de salud mental y necesitan una atención especializada. Según el Govern, estos casos tienen una "elevada complejidad y numerosos factores de riesgo", por lo que necesitan un buen abordaje para minimizar posibles recaídas y evitar la reincidencia delictiva. Ahora bien, el ejecutivo catalán admite en un documento publicado este octubre al que ha tenido acceso el ARA que la atención a la salud mental y adicciones que reciben estos jóvenes no es la adecuada.

En concreto, reconoce que existen dificultades para acceder a los servicios de atención a la salud mental, falta de profesionales, poca adherencia a los tratamientos y falta de dispositivos específicos para estos adolescentes. "Es un peligro para los jóvenes que atendemos, pero también para los educadores y trabajadores de los centros, que no estamos formados en salud mental", advierte la trabajadora de la Encina. De hecho, los departamentos de Salut y de Justícia admiten en el documento consultado por este diario que es necesario incrementar las horas de los trabajadores que atienden la salud mental y adicciones a todos los centros educativos del país, ya que no están "ajustadas" a la realidad actual.

Por ejemplo, en los centros como L'Alzina y El Segre, que tienen 76 y 40 plazas de internamiento respectivamente, no hay ningún profesional especializado en adicciones y, por tanto, oficialmente no se destina ninguna hora a la semana a atender estos problemas. Por el contrario, dos de cada tres adolescentes que necesitan atención a la salud mental sufren trastornos asociados a sustancias. De hecho, el propio ejecutivo calcula que en Alzina y El Segre habría que destinar 22 horas y 9 horas semanales respectivamente para atender adiciones.

Aumento del riesgo de reincidencia

Además, la situación varía en función del territorio. En el documento también se asume que hay inequidades territoriales que se agravan a medida que te alejas de la provincia de Barcelona, ​​donde se encuentra el único equipo especializado en problemáticas de salud mental dentro de la justicia juvenil. En el resto de Catalunya los adolescentes con este tipo de trastorno reciben atención en la red comunitaria de salud mental y adicciones, pero en "determinadas zonas se encuentran muchas dificultades para que el centro de referencia pueda visitarlos y empezar el tratamiento con suficiente agilidad". El ARA ya avanzó que la falta de psicólogos y psiquiatras es especialmente grave en las zonas rurales: los menores deben realizar grandes desplazamientos para recibir atención o resignarse a hacer terapia por videoconferencia, a veces incluso con profesionales de fuera de Cataluña. Esto en muchas ocasiones aumenta el riesgo de que los jóvenes atendidos por la justicia juvenil vuelvan a delinquir, asegura el documento publicado por el ejecutivo catalán.

"Claro que se ven abocados a la reincidencia. Hay menores con trastornos mentales sin diagnosticar o mal diagnosticados, no se les hace seguimiento una vez salen y no tenemos recursos", critica la trabajadora, que defiende que un diagnóstico precoz y un buen tratamiento mejoran el pronóstico de estos jóvenes y su recuperación. El Govern se ha propuesto incrementar las horas semanales de los profesionales en los centros en un año vista y desplegar equipos especializados en Tarragona, Lleida y Girona de forma simultánea. Mientras, los trabajadores hacen lo que pueden y acusan al ejecutivo catalán de "fregar el abandono de funciones".

Falta de continuidad

Esta situación impacta de lleno en las familias, que critican la carencia de apoyo que reciben por parte de la Administración. El hijo de Marc [nombre ficticio] tiene varios trastornos de salud mental, ha tenido dos brotes psicóticos y ha sido enganchado a los puerros. Durante su adolescencia era "incapaz de controlarse" y tuvo causas judiciales abiertas por "delitos menores". Un día su padre tuvo que denunciarlo por agresión, ya no sabía cómo ayudarle, y estuvo unos años viviendo en el Centro Educativo Can Llupià de Barcelona por orden de un juez. Marc asegura que su hijo mejoró mucho gracias a su paso por el centro, pero que, una vez que salió, el vínculo con los profesionales y con la red de salud mental se rompió. "Todo el buen trabajo que se hizo se perdió de un día para otro", lamenta.

Según el documento publicado por el Govern, la adherencia al tratamiento y la continuidad asistencial son de "capital importancia para los adolescentes que presentan problemas de salud mental y adicciones y han presentado conductas de alarma social". Aún así, el ejecutivo reconoce por escrito que el escenario actual es de "fragmentación y dificultades de acceso y de vinculación a los servicios y tratamientos".

Marc cree que faltan medios para atender a estos jóvenes, ya que necesitan un proyecto de acompañamiento continuado que no existe y el sistema de justicia juvenil no les ofrece ninguna alternativa: "Llegan a la mayoría de edad y deben empezar desde cero", lamenta. Para revertir esta situación, el Govern apunta que reforzará los equipos e implementará la figura de enfermería de enlace, como en las prisiones, que son las encargadas de la atención y el seguimiento intensivo de los casos complejos.