"No quiero que me ingresen en un psiquiátrico nunca más, que me lleven a una UCI"

Barcelona"Con lo que ha costado, ya es todo un éxito estar aquí". Alba Muntades responde así a las felicitaciones el día que cumple 51. Su vida dio un tumbo cuando, ya madre de dos criaturas y con una carnicería en propiedad, le diagnosticaron un trastorno bipolar, una "alteración de las emociones que tiene periodos de depresiones y euforias", dice esta vecina de Ribes de Freser pulsando la cánula que le activa sus cuerdas vocales después de haber sido sometida a una traqueotomía. 

Hace 15 años, accedió a someterse a una terapia electroconvulsiva, los electroshocks. Desesperada por querer mejorar, se va "agarró a un clavo ardiendo" y en dos años calcula que recibió una veintena de sesiones. Dijo bastante cuando ya temió que la pérdida de memoria –uno de los efectos secundarios– le haría olvidar que tenía dos hijos. Desde entonces tiene años "borrosos" y la convicción de que no repetiría la técnica, del mismo modo que reniega de las unidades psiquiátricas de hospitales. "Ni aunque esté en riesgo de muerte quiero ir a un psiquiátrico, que me lleven a una UCI", advierte.

Al psiquiátrico ha ido dos veces a raíz de cuatro intentos de suicidio ("es la enfermedad la que te quiere matar, no tú") y explica que la "empastillaron" como una "zombie" y se encontró tan sola, desamparada y superalterada al ver cómo a su compañera la habían atado, que define la estancia como "bajar a los infiernos". Dice que los protocolos psiquiátricos hace que se sienta "vigilada, coaccionada y juzgada", mortificada por el sistema de represalias si no hacía lo que le pedían o tener que enseñar la boca para demostrar que se había tomado la medicación. "Te tratan como a una niña pequeña". La queja de Muntades es una llamada a sacudir el sistema de salud mental para cambiarlo de arriba a abajo, una recomendación de la OMS y un compromiso de la Generalitat, a través del Pacte Nacional de Salut Mental. 

Una estrategia de país

El Pacte, que dirige Magda Casamitjana y depende de la conselleria de Presidencia, es la gran estrategia catalana para que todos los departamentos se integren en un solo sistema para compartir información y facilitar el acceso a los diferentes servicios. El esfuerzo para consolidar un cambio de paradigma en la atención, que ponga los derechos de las personas enfermas en el centro, es ingente, admiten los expertos, a pesar de que se están haciendo cada vez mejores prácticas.

En un informe, la federación Salut Mental Catalunya, que reúne 70 entidades, ha recogido 200 denuncias de vulneraciones de derechos de los enfermos (que se hacen llamar primeras personas). La mitad de estas se hacen en el ámbito sanitario y menos de un 20% en la familia, en un porcentaje similar al de entidades y empresas privadas. Más de la mitad de las víctimas son mujeres y, en siete de cada diez casos, las denuncias también las hacen mujeres, lo que demuestra que son ellas las que sufren, por un lado, "más discriminaciones en un sistema de dinámicas patriarcales" y, por el otro, las que se hacen cargo de cuidarlos, dice Ivan Cano, técnico de derechos e incidencia de la asociación.

El activista Edgar Vinyals ha llevado a la justicia y al Síndic de Greuges los abusos cometidos por el personal de seguridad cuando lo inmovilizaron a la vuelta de un permiso en una unidad de agudos porque consideraron que estaba demasiado alterado. "Un guarda de seguridad me puso la rodilla en el pecho cuando yo ya estaba atado y otro me cogió del cuello para que dejara de gritar", dice. 

Como Muntades, Vinyals reprocha que los que tienen un historial psiquiátrico reciban un trato diferente y por un circuito segregado del resto y, incluso, como le pasó a él, en un trámite con los servicios sociales, no se le consideraba un "interlocutor válido". Es lo que denomina la clínica de la sospecha, en la que el paciente "se tiene que ganar la confianza" de los trabajadores de los servicios. También la federación ha recibido denuncias de servicios de atención a las mujeres que rápidamente han derivado a una usuaria al darse cuenta de sus antecedentes o de cómo en una clínica de reproducción asistida a una paciente se le cuestionó que quisiera descongelar sus óvulos para iniciar el proceso. En la escuela, tienen quejas por las presiones de profesores para que estas personas elijan estudios no universitarios, explica Cano, que habla de la "coerción invisible" con la que topan los enfermos en forma de la "narrativa repetida de los delirios" o del "autoridad" que ejercen los profesionales.

El Pacte Nacional de Salut Mental trata de impulsar, precisamente, medidas que vayan a reforzar los derechos del colectivo y eliminen las discriminaciones. Por ejemplo, formando profesores a sanitarios o personal de residencias, o rompiendo la opacidad que hay en las unidades de agudos (ingresos) y adaptando las urgencias hospitalarias a sus necesidades. Casamitjana asume las quejas del colectivo y admite que hay lugar para mejorar en la atención de los pacientes para darles voz en sus tratamientos, como tienen los enfermos de patologías físicas. Y mientras no se acaba con las contenciones mecánicas (atar con cuerdas a la cama), de acuerdo con una resolución del Parlament del 2017, aboga por oficializar un registro para informar sobre cuántas se hacen, cuánto duran y por qué.

Antes de acabar el año, Casamitjana confía poder tener terminado la PDA, la planificación de decisiones anticipadas, un documento en el que el paciente deja por escrito su historial, sus necesidades y deseos de cómo ser tratado: desde rechazar las contenciones, a quién avisar o qué música escuchar para calmarse. "Las primeras personas no se pueden aislar, tienen que saber qué recursos tienen a su alcance", señala la directora del Pacte.