La ministra de Sanidad sobre Madrid: "Manipular las listas de espera engañando a pacientes no es nuevo"
Responsables del Ramón y Cajal modificaron unilateralmente la prioridad de una sesentena de personas pendientes de una operación, según 'El País'
BarcelonaUn nuevo escándalo de la sanidad madrileña, ahogada por años de recortes y privatizaciones, ha vuelto a dejar al descubierto las carencias del sistema público de la capital del Estado. Responsables de uno de los grandes hospitales de la ciudad, el Ramón y Cajal, ordenaron el año pasado rebajar la gravedad de una sesentena de pacientes pendientes de una cirugía para mejorar la situación de las listas de espera, según documentos internos a los cuales ha podido acceder El País. Según la información, dos jefes del centro hicieron cambios en la prioridad de las operaciones sin valorar a los pacientes afectados ni consultar a los cirujanos que habían determinado la gravedad de los casos.
Siempre según este rotativo, que cita un correo enviado por uno de los dos responsables a una médica indignada por los hechos, el motivo de las modificaciones era cumplir con los objetivos de productividad que exige la consejería de Sanidad de la Comunidad, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso. El hospital sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad, y fuentes de la consejería consultadas por la agencia Efe niegan injerencias en las listas de espera. A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al gobierno de Ayuso de “manipular” las listas y “engañar a cirujanos y pacientes”. “Con la salud de los pacientes no se juega”, ha remachado en X, y ha añadido que los hechos denunciados este martes no son nuevos y que, de momento, no están “penalizados”.
Todo ello, según El País, tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, cuando 57 pacientes en espera de cirugías ortopédicas y traumatológicas del Ramón y Cajal pasaron de la prioridad preferente –que exige que sean intervenidos antes de 90 días– a la normal, que alarga el margen para realizar la operación a 180 días. Un hecho que, además, repercute en los pluses de productividad de los jefes del hospital. Los documentos a los cuales se refiere la noticia demostrarían que detrás de estos cambios estaban los dos responsables citados, que no han querido hacer declaraciones.
El mismo diario explica que entre los pacientes afectados había personas diagnosticadas con anomalías en la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano o luxaciones. También, como mínimo, una menor de tres años, cuyos padres no fueron avisados del cambio de prioridad. Varios cirujanos se quejaron, pero chocaron con los responsables de los cambios. Al menos uno de los médicos que protestaron fue amonestado con la apertura de un expediente disciplinario.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Comunidad de Madrid que aclare "la aparente alteración de los datos de listas de espera" en el hospital y ha exigido garantías en el control y la veracidad de las listas de espera. Lo ha hecho en una carta remitida a la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, en la que urge información sobre lo que ha pasado.
Unificar criterios
García ha recordado que el gobierno español presentó en julio nuevos criterios de transparencia y trazabilidad de las listas de espera, que no fueron aprobados por las comunidades autónomas. “Esperamos que se aprueben ahora”, ha sentenciado en su mensaje en X. Estos criterios debían unificar cómo las comunidades autónomas recogen y comunican los datos sanitarios, ya que son las responsables de las competencias de salud y hasta ahora cada una lo hace de manera diferente. Este escenario provoca, según fuentes de la consejería de Salud, que no todas las comunidades compartan los datos con la misma exhaustividad.
La propuesta del gobierno español era cubrir aquellas áreas que no tienen un sistema de información homogéneo a escala nacional, como la atención primaria, la salud mental y las pruebas terapéuticas. Sanidad defiende que es “crucial” tener datos comparables sobre los tiempos de acceso a los ambulatorios para favorecer la resolución temprana de los problemas de salud de la ciudadanía y también incorporar el tiempo de espera de consultas por salud mental ante “el incremento sostenido de la demanda”. En cuanto a las pruebas terapéuticas, el ministerio que lidera García argumentaba que es necesario establecer criterios similares a los que ya existen para operaciones y pruebas diagnósticas.
“El objetivo no es solo ofrecer cifras, sino también facilitar herramientas analíticas avanzadas que permitan una mejor planificación y evaluación de las políticas públicas”, defendía Sanidad en julio, cuando anunció los criterios que finalmente las comunidades autónomas decidieron no aprobar. Disponer de datos es esencial para definir las prioridades de la política sanitaria, y las listas de espera son un gran indicador de la eficiencia del sistema, pero a estas alturas continúa siendo muy complicado porque no todos los territorios recogen los datos de la misma manera.
El sector alza la voz
El escándalo de la sanidad madrileña ya ha levantado polvareda en la capital del Estado. Al sindicato médico Amyts no le ha llamado la atención la noticia, ya que mantiene que “prácticamente la totalidad” de los centros sanitarios manipulan las listas de espera, algo que según el sindicato hacen muchas consejerías para ocultar datos negativos al ministerio de Sanidad: no es un problema “exclusivo de Madrid”, dicen. Por otra parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha pedido a la consejería de Sanidad de Madrid una investigación “inmediata” de los hechos, ya que considera que son de “extrema gravedad”.