¿Cuál es el problema con las bajas laborales en Cataluña?

BarcelonaAlba Cuberas, médico de familia en el CAP Manresa-4, visita a un paciente por un intenso dolor en la espalda; le da una baja corta y medicación antiinflamatoria, pero no hay mejoría. Con una radiografía, el reumatólogo recomienda realizar rehabilitación. "Pero nadie le llama. Le visito una vez al mes, y ya hace dos que me dice que no ha empezado las sesiones", dice. En Sant Pol de Mar, Martín Cebollada sospecha que un paciente podría sufrir una hernia discal, y para salir de dudas, pide que le hagan un TAC. La espera es de seis meses. "Pero tiene un dolor incapacitante y no puedo saber a ciencia cierta lo grave que es; no puede ir a trabajar", afirma.

En el CAP Manso de Barcelona, ​​Eva Segura realiza el seguimiento de una paciente de baja por depresión grave, con antecedentes por intento de suicidio. En el cuarto mes, recibe la primera propuesta de alta de la mutua, pero acaba de empezar tratamiento psiquiátrico y la médico la rechaza. Al quinto mes, llega la misma petición, y vuelve a rechazarla. Y así hasta en cuatro ocasiones. Pero contra su criterio (y el del psiquiatra), el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) envía a la paciente a trabajar y la empresa, poco después, la declara no apta. "Pierde su trabajo y su salud empeora mucho", explica.

Estos tres ejemplos son reales y los explican los profesionales en la sede de Médicos de Cataluña, sindicato mayoritario de facultativos. El jueves coincidieron porque se celebraba una reunión sectorial para abordar los retos de la atención primaria, y el encuentro estuvo marcado por la propuesta de la consejería de Salud de dar incentivos a los CAP que logren que las bajas por salud mental y lesiones osteomusculares —que son la mayoría y pueden durar hasta un año y medio— no se alarguen".

A ninguno de los tres entrevistados les sorprendió la medida: dicen que es donde el departamento tiene puesto el foco; que el año pasado ya intentaron que aumentaran las altas de las propuestas que recibían de las mutuas y que éstas fueran prioritarias: debían responderse en un máximo de tres días. Desde Salut, sin embargo, aseguran que los incentivos son para mejorar circuitos asistenciales, no para presionar decisiones médicas, y que ya forman parte de la "contraprestación por resultados".

La concesión de bajas se ha incrementado sostenidamente en la última década. De hecho, la tasa de incapacidades temporales (IT) por cada mil trabajadores se sitúa en máximos históricos: 53 en España y 52 en Cataluña. En el 2012, la prevalencia era de 20 casos, y en el 2019 de 35. "Pero en el 2006, antes de la crisis, también había 50 bajas por cada mil trabajadores", remacha Segura. Actualmente, no se constata un aumento de la duración media de la IT -es de unos 38 días desde 2012-, pero la de larga duración va al alza.

El debate sobre si se dan demasiado bajas no es nuevo, pero la medicina de atención primaria en bloque ha denunciado que la contraprestación anunciada cuestiona y condiciona el criterio médico y responsabiliza a los profesionales de unos problemas que vienen provocados por el "bloqueo" del sistema sanitario, que limita la realización de pruebas diagnósticas, la derivación a especialistas y la indicación de té. Los médicos lamentan que la consejería e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desconfían de ellos y de la población.

¿Un buen o mal uso de las IT?

"Es evidente que existe un problema cuando el crecimiento es continuado desde hace 10 años", afirma el profesor de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC y experto en psicología del trabajo y las organizaciones Sergi Macip. Las causas son múltiples, y él señala cuatro: la relación inversa entre el paro y las bajas —cuando aumenta el desempleo, las IT descienden y viceversa—; las dificultades para conciliar; la reducción del estigma en torno a la salud mental y el desajuste entre las capacidades del empleado y el puesto de trabajo que ocupa.

Los médicos subrayan que tienen 10 o 12 minutos para explorar, evaluar y ponderar la información que les da el paciente —síntomas, profesión y responsabilidades y riesgos asociados al trabajo— y decidir si la baja procede, calcular una duración óptima y ajustarla a sus funciones laborales. "No es lo mismo que alguien se haga un esguince y trabaje sentado en una oficina o que descargue camiones", dice Cebollada. Pero no disponen de la información que depende de los servicios de prevención de las empresas, lo que dificulta la progresiva reincorporación. También critican que cuesta codificar bien una patología y la profesión del trabajador con el software.

Según Macip, las IT que más han crecido son las más difíciles de objetivar, como los problemas de salud mental, que han aumentado un 87% en los últimos seis años "en todo el Estado y en todos los sectores productivos". Además, existe la percepción de que hay más repetidores; trabajadores que presentan dos o más bajas al año. "La conselleria pone el foco en el acto médico, que es donde puede maniobrar. No puede hacerlo en el empresarial, que sería ver qué puede hacer la empresa para evitar o reducir las bajas que sí dependen de la voluntariedad del trabajador", plantea Macip, quien cree que, en situaciones de malestar laboral, la baja se está viendo como válvula de es.

"¿Los pacientes que hacen un mal uso de las bajas son muchos o pocos? Existen, pero nadie lo ha medido. Si son pocos, la medida del departamento tendrá una repercusión pequeña a nivel económico", afirma Ramon Cunillera, presidente de la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria. La mayoría "no mienten" al médico ni buscan forzar una baja injustificada, pero, ante la inexistencia de otros permisos o recursos sociales, se puede utilizar la IT. "Esto no quiere decir que necesariamente quiera hacer un mal uso de la prestación, es que tiene un problema y lo expresa al gestor, al médico", remacha.

La relación CAP-mutuas

La patronal Pimec aplaude la prueba piloto de los incentivos, al calcular que las bajas pueden costar unos 33.340 millones de euros anuales, el equivalente al 10,5% del PIB. Pero los médicos coinciden en que "presionar" a los CAP no solucionará el problema, sino que se necesitan cambios realistas para resolver la falta de recursos, la descoordinación entre actores y la carga creciente de trabajo en los CAP. Por ejemplo, que el seguimiento mensual de un paciente de baja por un infarto o un cáncer lo haga el especialista que le visita; hacer que las bajas de hasta tres días sean por autodeclaración, o que la enfermedad profesional de las mutuas no les llegue como patología común. "Con esto podríamos reducir al 50% la gestión de bajas que hacemos", dice Segura.

De hecho, la falta de coordinación entre el sistema de salud público, las mutuas y las empresas es otro de los grandes problemas. "Al trabajador se le emite la baja con la versión del paciente, pero la de la empresa a menudo no es la misma", dice Macip. "El 90% de los diagnósticos que hacemos son sobre lo que se nos explica, la exploración y la experiencia. Si un paciente me dice que no puede ir a trabajar, que tiene una crisis de ansiedad, tengo que creerlo", defiende Cebollada. En este sentido, los facultativos afirman que las mutuas –que tienen más información que ellos de los pacientes– pueden realizar pruebas para agilizar los procesos o que sus especialistas hagan valoraciones.

Marga León es médico en las Terres de l'Ebre y explica que entre 2022 y 2024 formó parte de una prueba piloto para crear una unidad de IT para enfermedades osteomusculares. El grupo —compuesto por tres médicos, un administrativo, un enfermero y un fisioterapeuta— permitió realizar seguimientos más intensivos y con mayor coordinación con los servicios de fisioterapia, el ICAM y las mutuas. "Incluso llegamos a un acuerdo con las mutuas para que si les pedíamos una prueba complementaria, nos la hicieran en una semana", dice. Este modelo daba más tiempo por paciente [cerca de 20 minutos] y mostró "buenos resultados" en reducción de bajas largas y reincorporaciones adaptadas, "pero se desmanteló sin aviso", lamenta León.