El protocolo antiaborto, "un disparate" desde el punto de vista clínico y legal

BarcelonaLejos del alboroto político, los centros sanitarios de Castilla y León atienden con las mismas prácticas que hasta ahora a las mujeres que pasan por el servicio de ginecología o de salud sexual. La Junta, gobernada por el PP y la ultraderecha, no les ha hecho llegar el nuevo protocolo que recomendará u obligará –todavía hay confusión porque el texto no se ha publicado en el boletín oficial de la región– a los médicos a escuchar el latido del feto o a hacerse una ecografía 4D a todas las mujeres que quieran abortar. Mientras tanto, los profesionales ya han dejado claro que los protocolos clínicos los tienen que hacer los profesionales sanitarios y no los políticos y, en declaraciones a Efe, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, ha advertido de que no se puede obligar a ningún paciente a hacerse pruebas en contra de su deseo. También desde el punto de vista ético y legal el protocolo se lee como una medida arcaica que limita los derechos y las libertades de las mujeres, y de los médicos a la hora de hacer su trabajo, y que va en contra de la nueva ley del aborto.

Desde el sector sanitario se denuncia que el protocolo es una “violación al derecho a la autonomía del paciente”, sostiene Oriol Porta, presidente de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia, para quien el solo hecho de que el médico pudiera “recomendar” escuchar el latido “solo haría aumentar el dolor y el sentimiento de culpa” de las mujeres. “¿Quieren hacer daño a las mujeres? Porque así solo aumentarían el trauma”, dice, y subraya que la decisión de interrumpir un embarazo, en líneas generales, se hace desde la reflexión y el convencimiento. Lo mismo opina la abogada Sílvia Catot Santiago, miembro de la comisión de violencia machista del Consell de l'Advocacia Catalana, que considera que el protocolo no solo vulnera "la libertad de las mujeres de poder decidir libremente sobre su cuerpo", sino también "la libertad profesional de los médicos" por el "dilema ético" que les supondría tener que ofrecer unas pruebas no necesarias clínicamente, tan solo por "fomentar la natalidad".

Para Fernando García López, del Comité de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, la propuesta castellanoleonesa supone un “retroceso”, porque se volvería a la práctica de la medicina “paternalista”, donde el médico “decidía y los pacientes obedecían”, una situación que, afirma, tanto la legislación como las asociaciones de pacientes han conseguido superar. En la línea del doctor Porta, García indica que enfermos o mujeres que quieren abortar “en su plena capacidad” son los que “rigen sus vidas y no tienen que estar sometidos al hecho de que nadie les diga qué es correcto o incorrecto".

"No se vería nada"

El ginecólogo también cuestiona que en embarazos de pocas semanas –entre ocho y diez, en la mayoría de abortos voluntarios– se quiera usar la tecnología 4D y se fuerce a escuchar el latido del feto. “Es un disparate que no tiene ningún sentido desde el punto de vista clínico”. En una de estas ecografías asegura que “no se vería nada”. Pero, además, el sistema sanitario público no acostumbra a hacer ecografías con tanto detalle y García se pregunta por qué el gobierno castellanoleonés se empeña en hacerlas a las gestantes que quieren interrumpir el embarazo y no a las que quieren llegar hasta el final o destina este dinero a otras necesidades de un servicio con muchas carencias. “Es ridículo y absurdo. Las cuestiones ideológicas se ponen por encima de las evidencias científicas”, se autoresponde.

Otra pregunta que plantea el protocolo es hasta qué punto los médicos pueden declararse objetores, como lo hacen en el aborto o en la eutanasia. Es decir, que los profesionales se negaran a aplicar la norma. “Solo un profesional imbuido por esta ideología puede compartir el protocolo”, dice el experto en bioética, y añade que si finalmente el protocolo se impone con “coacciones o represalias” no hay duda de que los profesionales podrán acogerse a la objeción. En este punto, el ginecólogo Porta va más allá y habla directamente del hecho de que obligar las mujeres a someterse a estas prácticas es “una mala praxis” profesional que podría ser castigada, y apunta que las secciones de deontología de los colegios profesionales tendrían que pronunciarse.

Desde el punto de vista legal, también Catot Santiago asegura que el protocolo puede acabar en los tribunales. Por un lado, recuerda que el hecho de inducir a las mujeres a pasar por un circuito psicológico a la hora de tomar una decisión como esta se puede interpretar como un delito de coacciones. De la otra, cree que muchas de ellas podrían demandar al sistema sanitario de su comunidad por la vía civil por no ofrecerles un procedimiento con garantías como el que se hace en otros puntos del Estado. Muchas mujeres pueden sufrir un trauma por tener que pasar por este circuito", dice, a la vez que recuerda que el protocolo podría acabar en el Constitucional porque contradice la ley del aborto del gobierno español, que según la abogada tiene que servir como "patrón" y "base" de las regulaciones que se hagan en esta materia.