Sanidad defiende la "colaboración público-privada sana" del sistema catalán frente a la de Madrid
La ministra Mónica García dice que quiere acabar con la entrada "parasitaria" de la privada y la "malversación" de la comunidad madrileña
BarcelonaEl pulso del gobierno español y la Comunidad de Madrid por la privatización de los servicios sanitarios escaló el martes con el anuncio de un anteproyecto de ley estatal para hacer "preferente" la gestión pública en los centros. Un movimiento a raíz del escándalo de el Hospital de Torrejón, en el que presuntamente se priorizaba deliberadamente el beneficio económico a la atención de los pacientes. La futura ley pretende que la privatización sea "excepcional" y para aquellas cuestiones a las que no pueda llegar la sanidad pública, un cambio que en Catalunya despertó cierta preocupación: que pudiera servir de arma para desmantelar el histórico sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (Siscat). Con todo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que esto no va a suceder y, de hecho, ha puesto la singularidad del sistema sanitario catalán como ejemplo de "colaboración público-privada sana".
La ministra ha explicado en declaraciones a RNE que con la ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios se quiere poner coto a prácticas "obscenas" y "mercantiles" de modelos público-privados, y lo ha circunscrito a las políticas del gobierno del PP en Madrid, que "se olvida" de cobrar a las pacientes. Así lo ha dicho en relación con la información que publica Eldiario.es, que señala que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso habría "perdonado" 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes. "Lo que no queremos es que se siga derivando pacientes y dinero de nuestra sanidad pública a la sanidad privada", ha dejado claro.
García ha explicado que con esta norma no se pone límite a la privatización de la sanidad, sino a los modelos "impulsados por un interés especulador y mercantil". "Lo que dice la ley es que se acabará con esta colaboración público-privada que es depredadora de nuestro sistema sanitario; las fórmulas sin ánimo de lucro, las fórmulas que funcionan, que son una colaboración público-privada sana, se pueden mantener perfectamente", ha defendido, y ha puesto de ejemplo el modelo de Catalunya, que ha puesto de ejemplo el modelo de Catalunya.
Además, ha explicado que la ley también quiere prohibir "todo el parque temático de fórmulas público-privadas tóxicas presentes en la Comunidad de Madrid", como el de pagar un canon a la constructora del centro sanitario durante décadas. "Quiero acabar con la ganga que tiene la señora Ayuso y quiero acabar con esa malversación de caudales públicos que hay en la Comunidad de Madrid", concluyó. En esta línea, ha dicho que el modelo del PP hace que "la privada entre de forma parasitaria" en la sanidad y se lleve "una gran parte de la tarta de lo que debería ir para cuidar a los pacientes".
Dos modelos muy diferentes
Este martes algunas de las patronales catalanas se mostraron preocupadas por el anuncio del gobierno español, alegando que el caso de Torrejón no debería considerarse un problema sistémico en todo el Estado. Ahora, sin embargo, el matiz de la ministra podría calmar las aguas. La directora general de La Unión, Roser Fernández, subraya que en Catalunya la concertación de servicios es "estructural", y la directora de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Anna Zarzosa, defiende que es un modelo clave para reducir las listas de espera. Según el director general del Consorcio de Salud y Social de Catalunya, Francisco José María Sánchez, el problema madrileño es "la falta de control" sobre las concesiones.
De hecho, en Madrid, la externalización de la gestión de los centros sanitarios tiene mucho protagonismo: el sistema prioriza las concesiones a grupos privados y la administración paga un canon anual fijo en función del volumen de población asignada. Por tanto, el hospital recibe el mismo dinero haga más o menos operaciones o más o menos pruebas diagnósticas. Además, las empresas gestoras son sobre todo grandes grupos con ánimo de lucro. En cambio, en Cataluña, históricamente la atención sanitaria es híbrida: los centros públicos y concertados conviven dentro del Siscat –es el caso de dos grandes centros como el Hospital Clínic o Sant Pau, ambos en Barcelona–, y los gestores suelen ser entidades o fundaciones con participación pública de ayuntamientos o consejos comarcales.
A grandes rasgos, la gran diferencia entre los modelos catalán y madrileño radica en el modelo de concertación: en Cataluña el sistema se enfoca en alcanzar unos objetivos de actividad, es decir, los centros se comprometen a realizar un número determinado de asistencias, operaciones y pruebas al año y, si no llegan, se les penaliza. Fuentes del sector aseguran que es una estrategia pensada para secar las largas listas de espera y evitar que pueda haber incentivos perversos que vulneren los derechos de los pacientes.