Maltrato animal: investigan dos empresas de recogida de perros contratadas en 50 municipios

"Graves irregularidades en la gestión de los animales y tratamiento clandestino de cadáveres". Esto es lo que ha concluido la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que desde hace años investigaba a dos empresas de recogida, tratamiento y gestión de animales que habían sido contratadas por más de 50 municipios de la demarcación de Barcelona.

El caso llegó a la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona a partir de una denuncia de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y la Guardia Civil investiga a cinco personas por supuestamente formar parte de una red a la que se atribuyen varios delitos de maltrato animal camuflados tras dos residencias caninas para perros abandonados.

Según un comunicado del cuerpo, la investigación y los testigos que se han recopilado han acreditado diferentes casos de maltrato en estas residencias. Uno de ellos es el de la perra Nuna, que ingresó embarazada en uno de esos centros. Según informa la Guardia Civil, durante su estancia en la residencia canina perdió "una cantidad significativa de peso" en apenas dos meses. Una vez dio a luz, sus cachorros "fueron sacrificados sin razón".

También se ha documentado el caso del perro Bulbo, que estuvo encerrado en una de las jaulas de estos centros que permitían que los animales "interactaran peligrosamente". En su caso, fue atacado por otro perro, "y en lugar de recibir ayuda y tratamiento, fue injustamente etiquetado de agresivo y, pese a los testigos que contradecían aquella evaluación, fue sacrificado".

Otro caso es el de la perra Uma, que ingresó en la misma residencia. La tuvieron en condiciones adversas, de abandono y mala alimentación hasta tal punto que, en 107 días, perdió el 39% del peso corporal.

Pruebas destruidas en la incineradora

Fuentes de la Guardia Civil explicaron al ARA que hay siete personas y cinco centros de animales supuestamente relacionados con la trama, si bien finalmente sólo acabaron como investigadas cinco personas y los malos tratos se cometieron presuntamente en dos centros. La residencia para perros abandonados que originó las denuncias ciudadanas por supuestas irregularidades también tiene una incineradora autorizada, y la investigación del Seprona apunta que la instalación se utilizó para destruir pruebas y encubrir malos tratos a los animales, destruyendo los cuerpos sin seguir los protocolos de trazabilidad obligatorios. En el comunicado explican que estas irregularidades se han constatado en el ámbito administrativo, pero no en el penal por falta de pruebas.

La denuncia de la FAADA aportó pruebas documentales de malos tratos en otro centro de otro municipio, donde también se ha detectado falsificación de documentos y había cuerpos almacenados en una nave sin autorización. Ambas residencias caninas las gestionaban las mismas personas, y ambas están en la demarcación de Barcelona, ​​pero no en la capital. Más de cincuenta ayuntamientos contrataron los servicios de estas empresas, y ésta era una de las fuentes de ingresos de la trama. Sin embargo, no se trataba de contratos fijos y los consistorios desconocían las irregularidades que había detrás, por lo que fuentes de la Guardia Civil descartan que se pueda atribuir responsabilidad alguna a los municipios.

Vistos los resultados de la investigación, el Seprona ha concluido que esta red "opera bajo un esquema criminal" y que se lucra con contratos con los ayuntamientos, la gestión de los cadáveres y sus residuos. Además, también achacan a los cinco sospechosos la ocultación de pruebas y los presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y de organización criminal.

Un elemento que ha dificultado la investigación es "el alto nivel de hermetismo" de las empresas, donde los trabajadores están sometidos a contratos de confidencialidad que les impiden explicar la actividad en las residencias caninas. Además, añade el Seprona, los centros tampoco aceptan la colaboración de voluntarios, lo que todavía dificulta más supervisar el trato a los animales.