El Supremo tendrá la última palabra para las restricciones autonómicas

BarcelonaEl consejo de ministros ha aprobado este martes un decreto en el que, además de prorrogar medidas sociales, también establece mecanismos para evitar que las autonomías choquen con la disparidad de criterios de los tribunales superiores de justicia. Una vez caiga el estado de alarma a las 00 horas del domingo, 9 de mayo, los ejecutivos podrán recurrir en casación ante el alto tribunal si les han tumbado sus medidas restrictivas. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que de este modo las comunidades podrán disponer de una herramienta jurídica para mantener restricciones en las libertades fundamentales en función de la evolución de la pandemia.

A pesar de la insistencia de gobiernos como los del País Valenciano, Euskadi y Castilla y León de alargar el estado de alarma un poco más, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha desatendido las peticiones y cede a las comunidades la aprobación de medidas particulares que se ajusten a los datos epidemiológicas, muy dispares entre territorios. El lehendakari Iñigo Urkullu ya ha anunciado que el viernes presentaría un decreto para mantener ciertas restricciones a partir del domingo, debido al alta incidencia del covid. Por el contrario, la Generalitat opta por eliminar el toque de queda y el cierre perimetral de Catalunya, pero mantiene la limitación de reuniones a grupos de seis personas como máximo.

Calvo ha explicado que a partir del domingo las comunidades que quieran mantener ciertas restricciones que afectan a los derechos fundamentales (libertad de movimientos o de limitaciones en grupos) tendrán que "justificar, argumentar y proponer" eventuales medidas como los toques de queda, confinamientos perimetrales y otras limitaciones ante los TSJ y, en caso de que no las aprueben, podrán ir en segunda instancia al Supremo, que tendrá la última palabra y creará jurisprudencia para todo el territorio, una vía que hasta ahora no estaba prevista. Para la vicepresidenta, la decisión da "tranquilidad" a los ejecutivos autonómicos y refuerza las "garantías" de todas las limitaciones a derechos fundamentales porque se contará siempre con una "autorización judicial". Los recursos los resolverá la sala tercera del Supremo en un periodo máximo de cinco días, que Calvo considera un plazo asumible.

Por otro lado, se mantendrán los controles sanitarios para los viajeros internacionales y las restricciones de los viajes entre España y Suráfrica y Brasil, mientras que para los visitantes procedentes de la India se seguirá exigiendo una PCR negativa hecha en origen.

Lo que sí prorroga el gobierno español es el llamado escudo social que se aprobó en las primeras semanas de la pandemia y que estaba sujeto a la vigencia del estado de alarma. Hasta el 9 de agosto se suspenden los desahucios y se prohíbe a las compañías cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias que tengan reconocido el bono social en la factura.