El fundador de Telegram envía un mensaje masivo contra Sánchez por el veto al acceso de los menores a las redes
El presidente español responde a Pavel Dúrov parafraseando a Don Quijote: «'Deja que los tecno-oligarcas ladran, Sancho, se señal de que cabalgamos'»
Bruselas / BarcelonaTras las acusaciones de "tirano" y "traidor" del propietario de X, Elon Musk, contra el gobierno español por querer limitar la edad de acceso a las redes sociales de los menores de 16 años, ahora ha sido el propietario de Telegram, el ruso Pavel Dúrov, quien ha enviado un mensaje masivo mediante esta red en la que ha cargado directamente contra el presidente español. "El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan sus libertades en internet", ha afirmado. A su juicio, estos cambios "podrían convertir a España en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección". Por su parte, el propio Sánchez ha respondido al ataque con una publicación en la red social X parafraseando a Don Quijote: "Deja que los tecno-oligarcas ladran, Sancho, es señal de que cabalgamos".
En un mensaje enviado poco antes de las 18 horas, desde su perfil verificado ya través de una lista de difusión que ha llegado a millones de usuarios con dispositivos configurados en España, Dúrov ha asegurado que las medidas anunciadas por Sánchez -entre las que se encuentra la exigencia de responsabilidades penales a los directivos delitos graves– son "una señal de alerta roja para la libertad de expresión y la privacidad": "No son salvaguardas, son pasos hacia el control total", ha asegurado. perjudicial" puede hacer que los directivos de las plataformas puedan "ir a la cárcel". El mensaje de Dúrov termina con el siguiente llamamiento: "Manténense vigilantes, España. Exija transparencia y luche por sus derechos".
"Mentiras y ataques ilegítimos"
Fuentes del gobierno español han denunciado el uso "sin restricciones" realizado por Dúrov de su red social para enviar "diversas mentiras y ataques ilegítimos" contra el ejecutivo de forma masiva a los españoles, y subrayaron que estos hechos evidencian "la urgente necesidad de regular las redes sociales". "Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecnooligarcas extranjeros pueden inundar nuestros teléfonos con propaganda tanto como quieran sólo porque el gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley", afirman.
En este sentido, las mismas fuentes defendieron que fijar una edad mínima para utilizar las redes sociales servirá para "preservar la integridad" de los menores, como se hace ya con los límites al consumo de alcohol o de conducción a los menores. Lo justifican con dos elementos: la salud mental –un 20% de los jóvenes dicen estar conectados a dispositivos de forma permanente– y la prevención y respuesta contra abusos y deep fakes. "Las denuncias por abusos sexuales digitales a menores han aumentado un 13% en sólo dos años", remarcaron.
El Ejecutivo también quiere tipificar como delito la manipulación de los algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos, así como crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una "huella de odio y polarización" y abordar legales de Grok, TikTok e Instagram".
Desde la Moncloa han acusado a Dúrov de llenar su red social con mentiras para "erosionar la confianza" en las instituciones, y han señalado que el fundador de Telegram es investigado por su posible responsabilidad en delitos graves, ya que su plataforma "ha incumplido de forma reiterada" sus obligaciones de control.
"Dúrov ha diseñado deliberadamente una arquitectura de mínima moderación que ha convertido a Telegram en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con investigaciones en países como Francia y Corea del Sur", han dicho. "No es casual que su fundador fuera imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de este tipo de contenidos", afirmaron desde el ejecutivo español, añadiendo que se necesita "una respuesta reguladora y coordinada".
La UE se distancia
Horas antes, también la Unión Europea ha avisado de que uno de los puntos incluidos en la propuesta del gobierno español es "inviable". En concreto, lo que hace referencia a hacer "penalmente responsables" a los directivos de las plataformas cuando se detecten infracciones cometidas en los espacios digitales de los que son propietarios. La Comisión Europea, que no quiere valorar la propuesta del gobierno español en su conjunto, ha subrayado que no es posible que los Estados miembros puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las grandes plataformas ya sus directivos.
En estos momentos, la potestad de fijar una edad mínima de acceso a las redes es competencia exclusiva de los estados, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas corresponde a la Comisión Europea. "Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable", ha afirmado el portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Thomas Regnier. Y ha añadido: "No queremos proteger sólo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa". Si bien la Unión Europea ha ido incrementando el control sobre el uso de las redes sociales durante los últimos años –Bruselas ya ha abierto varias investigaciones y ha aplicado diversas multas a gigantes tecnológicos como Meta, X, Google y, entre otros, TikTok–, todavía no se ha planteado limitar el acceso a las redes a menores de 18 o 16 años.
Con todo, Regnier ha defendido que "no hay necesidad de pisar el terreno en la DSA", y que cualquier iniciativa que pongan en marcha los estados en esta materia debe encajar dentro de los límites que fija la normativa vigente. "¿Un CEO es responsable de lo que puedo poner online? Es muy difícil. Por ello, la DSA no hace investigaciones penales", ha defendido, para después insistir en que si un directivo "promueve algorítmicamente un partido político o reduce la visibilidad de otros", no es el responsable.