Redes sociales

Telegram envía un mensaje masivo contra Sánchez: "Amenazan sus libertades en internet"

La UE avisa de que responsabilizar penalmente a los directivos de las plataformas, como quiere hacer España, es "inviable"

Pavel Durov en el Mobile World Congress de 2016.

Bruselas / BarcelonaTras las acusaciones de "tirano" y "traidor" del propietario de X, Elon Musk, contra el presidente español, Pedro Sánchez, por querer limitar la edad de acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y hacer "penalmente responsables" a los directivos de las plataformas que cometan infracciones graves en el ámbito digital, ahora ha sido el televisor, enviado un mensaje masivo mediante esta red social asegurando la peligrosidad de la medida. "El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan sus libertades en internet", ha afirmado. De hecho, Durov alerta de que, a su juicio, estos cambios "podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

Seguidamente, Durov expone los cuatro motivos por los que considera que las medidas anunciadas este martes por Sánchez son "una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad". Entre los motivos hay que para prohibir la entrada a los menores las redes tendrán que "rastrear" la identidad de los usuarios, o que perseguir el material "ilegal, odioso o perjudicial" puede hacer que los directivos de las plataformas puedan "ir a prisión". El mensaje de Durov termina con la siguiente llamada: "Manténense vigilantes, España. Exija transparencia y luche por sus derechos. Comparta esto ampliamente antes de que sea tarde".

Las reacciones en el anuncio de Sánchez han sido inmediatas. También la Unión Europea ha avisado de que uno de los puntos incluidos en su propuesta es "inviable". En concreto, lo que hace referencia a hacer "penalmente responsables" a los directivos de las plataformas cuando se detecten infracciones cometidas en los espacios digitales de los que son propietarios. La Comisión Europea, que no quiere valorar la propuesta del gobierno español en su conjunto, ha subrayado que no es posible que los Estados miembros puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las grandes plataformas ya sus directivos.

En estos momentos, la potestad de fijar una edad mínima de acceso a las redes es competencia exclusiva de los Estados miembros, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas y las decisiones que se puedan derivar corresponden a la Comisión Europea. En este sentido, el portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, Thomas Regnier, ha explicado este miércoles que la normativa común vigente busca un "efecto armonizador" en la protección de los menores y centra la rendición de cuentas en las compañías, no en las personas físicas. "Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable", aseveró. Y ha añadido: "No queremos proteger sólo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa".

La Unión Europea ha ido incrementando el control sobre el uso de las redes sociales durante los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a los menores de edad. Con la DSA en mano, Bruselas ya ha abierto varias investigaciones y ha aplicado varias multas a gigantes tecnológicos como Meta, X, Google o, entre otros, TikTok. Sin embargo, la Comisión Europea aún no se ha planteado limitar el acceso a las redes sociales a los menores de 18 o 16 años.

Además de anunciar que trabajará para elevar a los 16 años la edad a partir de la cual un joven se puede registrar en una red social y para hacer responsables "penalmente" a los directivos de las plataformas, este martes Sánchez aseguró que también quiere tipificar como delito la manipulación de los algoritmos que facilite y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos, así como crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una "huella de odio y polarización" y abordar de la mano con la Fiscalía las "vías para investigar infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram".

Sobre la propuesta específica del gobierno español, Regnier ha indicado que Bruselas no puede valorar si es o no compatible con la DSA, porque de momento no existe un texto legislativo que analizar. "No hay un proyecto de ley. Si [en su momento] existe, probablemente, deberá ser notificada a la Comisión Europea y entonces la estudiaremos", ha añadido. El día anterior, de hecho, Regnier ya aplaudió que España "se una al club" de países europeos que ya trabajan para prohibir el acceso a redes sociales de menores de 16 años, como Francia, Dinamarca, Grecia o Austria.

Con todo, Regnier ha defendido que "no hay necesidad de pisar el terreno a la DSA", y que cualquier iniciativa que pongan en marcha los estados europeos en esta materia debe encajar dentro de los límites que fija la normativa vigente. "Un CEO es responsable de lo que puedo poner online? Es muy difícil. Por ello, precisamente, la DSA no hace investigaciones penales. No atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas", ha defendido Regnier, para insistir después de que si un directivo "promueve algorítmicamente un partido político o reduce la visibilidad de otros," no es el responsable.

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