El TSJC obliga a que el 25% de las clases sean en castellano en todas las escuelas de Catalunya

BarcelonaUn nuevo golpe judicial al sistema de inmersión lingüística de Catalunya obliga por primera vez a todas las escuelas catalanas a dar un 25% de las clases en castellano. La sentencia que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) establece que "todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata" el nuevo modelo de enseñanza lingüística. En la práctica, la decisión judicial supone que, además de castellano, al menos una asignatura troncal más se tiene que impartir en esta lengua.

Según los jueces, el uso del castellano en las aulas es "residual" en una "parte significativa de centros y grupos docentes", y lo argumentan diciendo que solo cinco de los 184 centros de la muestra que la Generalitat entregó al TSJC cumplen este 25%. Es decir, un 2% de escuelas y un 12% de bachillerato cumplen la ley, pero el resto están incurriendo en una "infracción del marco jurídico vigente". La sentencia, pues, es un intento de "enderezar la actual situación contraria al ordenamiento", ante la "inactividad" de la Generalitat, según reprochan los jueces, que dicen que el Govern no ha ejercido su competencia para aplicar la ley "dictando la normativa, las instrucciones o los actos de aplicación que sean necesarios" ni ha ejercido "una actividad de control" para revisarlo.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia había publicado sentencias que obligaban a garantizar este porcentaje mínimo de horas en castellano en la escuela, pero con una diferencia capital: las denuncias de aquellas causas afectaban a una decena de centros a petición de algunas familias, mientras que la nueva sentencia afecta a todo el sistema público de enseñanza, porque la denuncia provenía de la Abogacía del Estado, en nombre del ministerio de Educación del PP.

El departamento de Educación ha criticado que los jueces quieran "regular la política educativa", una competencia que es del Parlament. En un tuit, han informado que recurrirán la resolución al Supremo. El consejero de Educación, Josep Bargalló, ha afirmado, además, que la resolución "no tendrá ningún efecto ni ninguna consecuencia" porque cuando la nueva ley Celaá entre en vigor la dejará sin efecto.

La incertidumbre sobre los efectos de la nueva ley

Esta es una de las incógnitas que deja la sentencia, porque no está claro que la aprobación de la ley sirva para invalidar la decisión del TSJC. En el texto, los jueces no se pronuncian sobre la nueva normativa, que se está debatiendo en el Senado después de ser aprobada en el Congreso, y que según ERC blinda el sistema de inmersión, y basan sus argumentos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya ha establecido en anteriores ocasiones que el carácter oficial del catalán y del castellano "impone necesariamente su uso vehicular" en las escuelas e institutos. Precisamente, uno de los cambios más polémicos de la nueva ley Celaá es que elimina las referencias al castellano como lengua vehicular. Según los lingüistas que el ARA consultó en su día, en la práctica la ley no implicará grandes cambios, porque deja a las comunidades autónomas la posibilidad de regular el uso de la lengua en cada territorio. Así pues, la responsabilidad recaerá en la Generalitat, ya que, al final, lo más relevante no es tanto qué dice la ley sino la aplicación del modelo a los centros.

Ciudadanos y el PP ya han celebrado la decisión de los jueces, y avisan que prevalece por encima de la ley Celaá. "Es una resolución que se basa en la Constitución y, por lo tanto, la Constitución prevalece por encima de la ley orgánica", ha afirmado el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. El presidente del PP, Pablo Casado, que hoy está en Catalunya, ha exigido al presidente español, Pedro Sánchez, y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, "velar por cumplir inmediatamente" la sentencia y "no disminuir" la libertad educativa en Catalunya.

Un "ataque" al modelo lingüístico y educativo

En cambio, desde los sectores soberanistas han criticado lo que ven como un ataque al modelo lingüístico y educativo catalán. "Nos oponemos a cualquier injerencia externa a nuestro sistema educativo o a cualquiera otro ámbito de nuestro autogobierno. Basta de ataques a la lengua, a la cultura y al autogobierno catalanes venidos desde los poderes estatales", ha dicho en un comunicado el sindicato Intersindical. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que el Ayuntamiento seguirá defendiendo el modelo de inmersión porque es un "éxito".

En cambio, la sala desestima la petición que había hecho el ministerio para modificar los documentos de preinscripción escolar para que las familias tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los casos. Según los jueces, lo desestiman porque si se cumple el porcentaje mínimo del 25% ya se garantizaría el acceso y el uso de las dos lenguas desde infantil.