Los vecinos del edificio Venus de la Mina denuncian que la administración les chantajea

Sant Adrià de BesòsEl 18 de abril el Consorcio de la Mina aprobó el plan definitivo de expropiación del edificio Venus del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs. Tanto el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, como la alcaldesa de Sant Adrià, Filomena Cañete, presidente y vicepresidenta de este organismo respectivamente, se mostraron "contentos" y "satisfechos". Este miércoles, casi siete semanas después, la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda ha celebrado una reunión informativa en el barrio para impugnar el proyecto. Paqui Jiménez, la portavoz de los vecinos, explica por qué: “Nos quieren chantajear”. Lo asegura ella, pero también lo dicen otros vecinos.

El Consorcio de la Mina ha ofrecido a los vecinos realojarles en otro piso o pagarles una indemnización en función de la superficie de la vivienda para que ellos se busquen un lugar para vivir. Pero en cualquiera de los dos casos les exige que renuncien a la demanda que presentaron por cobrar una indemnización por los años de retraso en la solución que debían buscarles las administraciones.

El edificio Venus es un mastodonte de diez plantas y 244 pisos. En 2002 el Consorcio de la Mina ya propuso derrocarlo y realojar a los vecinos dentro del Plan Específico de Reordenación y Mejora (PERM) del barrio, porque ya entonces el blog caía a pedazos y era un foco de marginalidad social. Han pasado más de dos décadas, sigue en pie y durante todo este tiempo nadie ha invertido en su mantenimiento porque precisamente había que demoler. Los vecinos exigen ahora una indemnización de 10.000 euros por cada año de demora, a contar desde diciembre del 2009, cuando finalmente se aprobó el PERM. En cambio, el Consorcio –que lo conforman la Generalitat, el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, el de Barcelona y la Diputación– sólo pretende pagarles 5.000 euros en total de indemnización.

“Han tardado 14 años y deben pagarnos una indemnización”, insiste Paqui. No es que los vecinos quieran que esto sea la historia de nunca acabar, sino que de momento tendrán que continuar en el blog de todos modos, tanto si les gusta como si no, según la abogada del Colectivo Ronda Mariona Torra. "El derribo del edificio está previsto para 2028, y el Consorcio de momento sólo tiene 23 pisos para realojar a los vecinos", ha destacado durante la reunión. En otras palabras, hay tiempo de sobra para presentar la demanda y que los tribunales decidan. Los 23 vecinos afortunados que cambiarán de piso continuarán en la Mina. Los realojos están previstos en el mismo barrio.

El Col·lectiu Ronda propone impugnar el proyecto de expropiación porque el Consorcio sólo pretende aplicar el decreto Haus, según el cual los vecinos tienen derecho a ser realojados en un piso que tenga la misma superficie del que viven ahora, si llegan a “un acuerdo mutuo”. Es decir, si renuncian al procedimiento judicial y, en consecuencia, a una mayor indemnización. Según la abogada Torra, todos los vecinos que tengan que ser realojados tienen derecho al decreto Haus, sin ningún tipo de condicionante. Por eso, considera que la impugnación puede tener éxito. Asimismo, propone que un arquitecto valore los pisos para confirmar si el Consorcio está ofreciendo un justiprecio a los vecinos que cobrarán dinero y no serán realojados: actualmente les quiere pagar 1.500 euros por metro cuadrado.

Unos 70 vecinos asistieron a la reunión este miércoles. Había una mujer con un andador, otra con una muleta, gente mayor y sobre todo muchas caras de no entender nada. Los términos utilizados por la abogada eran incomprensibles para la mayoría. Paqui, vestida con el delantal de trabajo, ha cogido el micrófono para aportar un poco de luz a los presentes, pero ni así ha habido forma.

“Llevamos muchos años luchando y ahora nos quieren colar el Haus. No entiendo nada ¿Eso cuánto más debe durar?”, se quejaba una vecina. Cuando acabó la reunión, otros muchos vecinos se acercaron a la abogada, como quien acude a la consulta de un médico buscando un remedio. De momento sólo tres vecinos se han apuntado a la demanda, y otros quince para que se revise la tasación del piso, porque la mayoría temen que recurrir a los tribunales les condenará a continuar en el edificio Venus hasta vete a saber cuándo.