¿Por qué volver hoy sobre la cuestión de la independencia de Catalunya? Porque el debate sobre la financiación autonómica ha reaparecido, una vez más, envuelto de un lenguaje de agravio hacia Catalunya que hace explícito el papel de sociedad supeditada y no plenamente partícipe de la definición de estrategias en España. Y porque la crisis recurrente en infraestructuras –Cercanías, Corredor Mediterráneo, déficits de inversión acumulados durante décadas, estrangulamiento de todos los servicios públicos– ya no puede ser presentada como una sucesión de incidencias técnicas. Cuando los déficits se repiten sistemáticamente en un mismo territorio, la cuestión deja de ser administrativa y se convierte en política.
Este contexto obliga a volver al núcleo del debate. ¿Existe el pueblo catalán como sujeto político? Para mí, la respuesta es afirmativa. Cataluña es una nación porque existe una comunidad que se reconoce como tal, con lengua, cultura, instituciones y conciencia de continuidad histórica. Y si existe como nación, debe tener derecho a decidir su organización política.
La Constitución de 1978 introdujo el término nacionalidades por huir de estudio, definiendo una única nación coexistiendo con diferentes nacionalidades, pero dejó irresuelta la cuestión de la soberanía. Cuando una parte significativa y persistente de una comunidad reclama votar sobre su relación con el Estado, el problema no desaparece apelando a una presunta literalidad constitucional. La pregunta sigue siendo esencial: ¿quién decide sobre Cataluña? Si hay nación, existe derecho a decidir. Éste es el nudo gordiano que las circunstancias actuales vuelven a poner sobre la mesa. Continuaremos el próximo mes.
