El juicio por la quiebra de la cooperativa de l'Aldea empieza con acuerdos 14 años después
Los afectados han pactado algunas indemnizaciones a cambio de retirar los cargos, que se mantienen para el principal acusado
TarragonaEste martes ha comenzado a juzgarse en la Audiencia de Tarragona la quiebra de la cooperativa de l'Aldea, en el Baix Ebre, que hace ahora 14 años hizo que perdieran sus ahorros 408 acreedores, con unas consecuencias nefastas para todo el pueblo. Aunque aparentemente las cuentas de la cooperativa funcionaban correctamente –de hecho superaron una auditoría de la Generalitat un año antes de la bancarrota–, los acreedores descubrieron el 1 de diciembre de 2011 que había un agujero de 6,97 millones de euros, 4,6 de los cuales eran sus ahorros. Durante el juicio, que durará dos meses, estaban llamadas como testigos 293 personas, aunque acabarán siendo menos, ya que durante las cuestiones previas, celebradas esta mañana, ya ha habido acuerdos de indemnizaciones.
El principal acusado es el exgerente de la cooperativa Daniel Ferré, para quien la Fiscalía pide 14 años de prisión por los supuestos delitos continuados de falsedad contable, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible y administración desleal. Además, también se le pide una responsabilidad civil de más de 1,6 millones de euros. La Fiscalía considera que Ferré utilizó diferentes estrategias contables para ocultar las dificultades económicas que sufría la entidad por culpa de su mala gestión, con facturas ficticias y sobrevaloración de los activos inmovilizados.
Otro de los principales acusados era el responsable de la empresa auditora BDO, Juan Carlos Torres, que habría cometido un delito de falsedad contable y otro de administración desleal, por inflar la valoración de los activos que poseía la cooperativa y permitir de esta manera que fueran creíbles las cuentas que presentaba Ferré. Para él, la Fiscalía pedía siete años y tres meses de prisión, pero finalmente no será juzgado porque, según informa ACN, esta mañana ha pactado con los afectados que, junto con la empresa aseguradora Mapfre, BDO pagará 880.000 euros a cambio de que se retiren los cargos. La asociación que agrupa a los perjudicados por la quiebra de la entidad ha aceptado también retirar los cargos contra el exdirector de la sección de crédito Enric Sabaté, quien ha consignado también 12.500 euros para facilitar su exclusión.
Una vez cerrado el acuerdo, el abogado de la plataforma de afectados, Alberto Venegas, ha anunciado la retirada de los afectados como acusación particular: "Esta parte se aparta del procedimiento. No tenemos encomendada exclusivamente la acción penal y la acción civil ha quedado completamente agotada respecto a los demandantes, ya que los afectados han recuperado el 100% de las cantidades", ha argumentado. El fiscal del caso, Xavier Jou, se ha adherido al anuncio hecho por las acusaciones particulares una vez los acusados se hayan comprometido a hacer efectivas las compensaciones acordadas.
El 24 de abril CaixaBank ya cerró un acuerdo para indemnizar con 3 millones de euros a los afectados por la quiebra de la cooperativa. A cambio de este dinero, las acusaciones particulares y la Fiscalía aceptaron que se retiraran los cargos contra Antonio Fornós, exdirector de la oficina de Amposta, y Manuela Buera, subdirectora, y también contra Bankia como entidad jurídica. Bankia (antes Caja Madrid) fue absorbida por CaixaBank.
El papel de Bankia
La Fiscalía sostiene que el exgerente y principal acusado por el caso, Daniel Ferré, pidió un préstamo a Bankia por valor de 1,5 millones de euros en el año 2006 y que presentó como aval los activos financieros de la entidad. Dos años más tarde, y de acuerdo con los exdirectivos de Bankia, pidió otro préstamo por valor de 1,64 millones de euros y puso como garantía los activos financieros de la sección de crédito. Pero la cooperativa que sin saberlo avalaba estas operaciones no recibió este dinero.
Paralelamente, Bankia también ofrecía servicios bancarios a la sección de crédito. La cooperativa tenía dos cuentas corrientes donde se cargaban los recibos y, posteriormente, se cargaban a las cuentas que tenían cada socio. Los trabajadores acusados habrían vinculado unilateralmente las cuentas de los socios con otras abiertas a su nombre en la misma Bankia. Cuando se produjo la quiebra, Bankia no solo bloqueó las cuentas de la cooperativa sino también las abiertas directamente con la entidad y vinculadas ilegalmente a la sección de crédito.