Cuando unas 150.000 personas aspiran a tener papeles en Cataluña

Ya está vigente desde esta mañana una medida que nos afecta de cerca: la regularización extraordinaria de inmigrantes que el consejo de ministros español aprobó ayer.Aunque el gobierno español no ha dado cifras por comunidades, los cálculos que se han hecho coinciden en decir que Cataluña será la comunidad autónoma donde se regularizarán más, entre 135.000 y 150.000 personas. 90.000 lo harán en el País Valenciano, 60.000 en Madrid y en Andalucía y 18.000 en las Islas Baleares, estimativamente. En total, en España medio millón de personas que ya viven aquí pueden acabar teniendo papeles.El gobierno español ha endurecido las condiciones para la regularización, tal como planteaban Junts y el PP, de manera que habrá que presentar un certificado que demuestre que el solicitante no ha tenido antecedentes penales en los cinco años anteriores a la solicitud. Los términos del debate son conocidos.Si hablamos de política, con esta medida Sánchez hace de anti-Trump y su policía que va por los sitios a la caza y captura de inmigrantes sin papeles. Es la manera de Sánchez de jugar siempre al ataque y de ponerse al frente del progresismo mundial. Por su parte, Feijóo se mueve en los términos previsibles y dice que esta regularización es “inhumana, injusta e insegura”, y lo remata con un “aquí podrá entrar cualquiera”. La realidad es que tanto el PP como el PSOE (Aznar, González, Zapatero) aprobaron regularizaciones.Si hablamos en términos humanitarios, todas las entidades que trabajan con inmigrantes lo encuentran justo, si no queremos que miles de personas que viven entre nosotros malviván sin derecho a nada. Del mismo parecer han sido los obispos.Si hablamos en términos económicos, la población autóctona envejece rápidamente, la natalidad es muy baja y la inmigración es la mano de obra necesaria para un modelo de negocio de servicios, que es por eso que España crece, con sueldos bajos en el sector turístico y en el de los cuidados. En este sentido, se da la paradoja de que los empresarios, el gobierno español de izquierdas y los obispos están a favor de la regularización. Otra cosa es el debate entre economistas sobre si estos nuevos ciudadanos de pleno derecho piden más servicios de los que pagan. Miquel Puig ha escrito sobre esto en ARA. Es aquello de “¿Todo esto, quién lo paga?”.

¿Por qué, ya que hablamos de economía, están preparadas la sanidad y la educación públicas para la regularización de 150.000 personas más? La respuesta es no. Y de vivienda no hace falta que hablemos. Y de recursos para el aprendizaje del catalán también vamos muy por debajo de lo que nos hace falta.Si hablamos de contradicciones, mucha gente que se queja de que vengan inmigrantes es la misma que les da trabajo en negro. Y mucha gente que desde la izquierda habla de la necesidad humanitaria de regularizarlos no siempre encuentra respuesta al impacto real y psicológico que significa la transformación radical que han experimentado muchos de nuestros barrios. Buenos días.