La condición necesaria para el futuro del país

Después de la validación de la justicia europea a la amnistía, quedan un par de preguntas inmediatas, la primera: ¿quién queda por amnistiar?Aquí lo explicamos: los CDR (encausados en la Audiencia Nacional por terrorismo) y los pendientes del Tribunal de Cuentas, acusados por la Fiscalía y por Societat Civil Catalana, que les reclama cinco millones, pero después hay un pequeño goteo de casos que se reparten por diversos puntos del país. Y la otra: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont? La Núria Orriols, nuestra delegada en Madrid, repasa todos los escenarios posibles, que incluyen el hecho de que el Tribunal Supremo no tiene ningún plazo que le marque ninguna prisa para pronunciarse y que incluso podría volver a preguntar a Europa si la malversación es amnistiable, por más que el Tribunal Constitucional ya hubiera dicho que la amnistía era constitucional. Lo único que es seguro es que el Constitucional se pronunciará en otoño precisamente sobre que la malversación es amnistiable. Y aquí es donde entra el calendario político: por Madrid corre que será en otoño cuando Pedro Sánchez puede anunciar la convocatoria de elecciones. Si Puigdemont llega antes o en plena campaña, las consecuencias son diversas: ayuda a Junts, le hace la campaña a PP y VOX contra el PSOE en España y ayuda al PSC en Cataluña. Ayer Aznar dijo que “la agresión sediciosa” no podía quedar impune. Y es que en la amnistía confluyen dos agravios según el PP, el agravio patriótico (España no se vota) y el del poder, y aquí es donde se encuentran los dos enemigos públicos número uno: Puigdemont y Sánchez. Los quieren a los dos en prisión. El PSOE gobierna habiendo perdido, gracias a la amnistía pactada con Junts. Aznar, por cierto, recordó que la unidad de España es básica para la Unión Europea, como lo es la de Italia o la de Alemania o la de cualquier otro país. Aznar y buena parte de la política española ponen primero la unidad y después la democracia, con la reserva mental de que sin unidad no hay democracia. De este enredo entre bandera agravada y el poder que no tienen, se deriva la razón de la negativa de la cúpula judicial española a aplicar una ley que hace más de dos años que está aprobada, que es Constitucional y conforme a la legislación comunitaria. Recuerden el Estatuto 2006. Llevamos 20 años igual. Y el problema es que en estos 20 años el país ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, se han multiplicado las necesidades y no tenemos todas las herramientas. Y los partidos de Cataluña están demasiado divididos para superar la enormidad del reto que representa el futuro del país. Una cierta unidad de acción es condición necesaria.Buenos días.