El coste estratosférico de no actuar ante la crisis ecológica: las cifras de la Unión Europea

Esta última semana la Generalitat ha anunciado que se hará cargo de 75 millones de euros de los costes causados por las últimas lluvias torrenciales. La cifra es una pequeña muestra del goteo constante de gasto público causado por los efectos de la crisis ecológica. Pero la problemática climática no solo afecta a la arca pública, también supone un desgaste económico para las familias y las empresas de seguros. Para saber el impacto monetario de estos fenómenos, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha recopilado las pérdidas anuales que han supuesto los fenómenos meteorológicos extremos en la Unión Europea (UE). A pesar de que las cifras económicas solo tienen en cuenta los gastos directos, –por ejemplo, los registrados por los gobiernos y las aseguradoras– y no los indirectos, los datos son implacables. 

En los últimos cuatro años de los que se tienen datos (2020-2024) la crisis ecológica ha costado 208.000 millones de euros a los europeos. Esta cifra es más elevada que el presupuesto anual del que dispone la UE. El estudio, presentado este mes de septiembre, hace una retrospectiva de las pérdidas desde la década de los años ochenta y diferencia los acontecimientos causantes de estos daños con tres tipologías: los climatológicos, los hídricos y los meteorológicos.

De la misma manera que en las últimas décadas se ha registrado un incremento de temperaturas y una pérdida de biodiversidad global,los costes de la crisis ecológica siguen una tendencia al alza. Los gráficos también recogen el impacto que causaron algunas de las tormentas más mortíferas –y caras– de la historia de Europa, como fueron los años 1990, 1999 y 2002. Los tres años registran pérdidas que rozan los 40.000 millones de euros, pero sobre todo fueron años que marcaron un cambio en la manera de percibir y comunicar los fenómenos extremos. El centenar de víctimas mortales que causaron las tormentas Lothar y Martin, en el centro de Europa, obligaron a las autoridades a admitir que habían subestimado la previsión. Desde entonces se han tomado nuevas medidas para transmitir pronósticos extremos y gestionar episodios de crisis nacionales.

En 2021 se batió el récord del año con más pérdidas registradas, con un coste de 65.000 millones de euros. Este fue el año en el que Cataluña sufrió la borrasca Filomena, mientras que Alemania recibió los impactos de las inundaciones en la región de Renania, que pusieron fin a la vida de 180 personas. Los años siguientes se siguen registrando datos multimillonarios que rondan los 50.000 millones de euros anuales, muy lejos de la media registrada de la década de los ochenta y noventa, donde se registra una media de 12.000 millones de euros de pérdidas. 

La inacción, el precio más caro

Como es esperable, cada territorio recibe las consecuencias de la crisis ecológica en diferentes formas y grados de intensidad. Pero en todos los casos son dos los condicionantes de los impactos: la naturaleza inherente del territorio, dada por la situación geográfica, el relieve y el clima; y las medidas de mitigación y adaptación, condicionadas por la gobernanza y la predisposición de la población a la aplicación de estas políticas. De hecho, diferentes estudios señalan que este último factor es clave, ya que el coste más alto de la crisis ecológica es el de no actuar.

Según datos de la Comisión Mundial de Adaptación y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la inversión en mitigación y adaptación no solo evita pérdidas humanas, materiales y económicas como las registradas, sino que actúa como motor económico y de salud pública. Concretamente, el World Resources Institute asegura que cada euro invertido en adaptación supondrá unos beneficios de 11,04 euros de aquí a diez años.

Barcelona, a la vanguardia de la resiliencia

Aunque la naturaleza de un territorio lo predispone a recibir los impactos de fenómenos extremos con mayor o menor virulencia, son las iniciativas políticas y sociales las que acaban determinando su resiliencia. En este sentido, Cataluña es una de las zonas más vulnerables a la crisis ecológica, por ser un país mediterráneo, afectado por la erosión costera y con una alta dependencia de la pluviometría. Pero a la vez está dando pasos adelante para aumentar su resiliencia ante el cambio de paradigma climático y ambiental.

Así lo asegura el estudio conducido por la compañía geoespacial AlphaGeo, que este septiembre ha publicado un estudio que sitúa a Barcelona dentro de las ciudades más preparadas para los desastres climáticos. Concretamente, la capital catalana ocupa la cuarta posición de las 72 ciudades analizadas, solo superada por Chicago, Adís Abeba y Melbourne.

Políticas para la resiliencia

Barcelona, así como diferentes ciudades de Cataluña, hace tiempo que aplica políticas en esta dirección. Uno de los principales retos que tiene desde hace años el Área Metropolitana de Barcelona es la movilidad. En primer lugar, la reducción del uso del vehículo privado, ya que la capital catalana es la ciudad de Europa con más densidad de vehículos por kilómetro cuadrado; y, en segundo, la reducción del uso de combustibles fósiles en el transporte,culpable del 50% de la contaminación en esta ciudad. 

Políticas multisectoriales como la aplicación de las zonas de bajas emisiones (ZBE), la sustitución de los vehículos de transporte público de combustión por eléctricos y el aumento de los ejes verdes han sido clave para que en 2023 se consiguiera alcanzar por primera vez el límite legal fijado por la UE en 40 microgramos de Dióxido de Nitrógeno (NO2) por metro cúbico. Una dirección similar han seguido otras ciudades de más de 50.000 habitantes de Cataluña, como Lérida, Tarragona, Gerona, Reus, Manresa o Villanueva y Geltrú.

Estas políticas reducen la vulnerabilidad ante los fenómenos extremos, y están directamente vinculadas con la salud de los ciudadanos. De hecho, un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona apunta que la implantación completa de los ejes verdes en Barcelona puede evitar 178 muertes prematuras anuales causadas por la exposición a la contaminación y el efecto de isla de calor.

Pero no todas las emisiones tienen lugar en la calle, la manera de gestionar la vivienda también es esencial para reducir emisiones globales y reducir costes económicos particulares. En este sentido, la Generalitat y diferentes consorcios de Cataluña hace tiempo que subvencionan algunas medidas como el aislamiento térmico de ventanas y balcones para reducir el uso de los aparatos de climatización, las bonificaciones fiscales para la instalación solar fotovoltaica para el autoconsumo y el impulso de la recogida puerta a puerta en algunos barrios y municipios.