Cincuenta años después, el Estado reconoce que Salvador Puig Antich fue condenado por un tribunal "ilegal e ilegítimo"

BarcelonaLa familia de Salvador Puig Antich no ha logrado, pese a décadas de lucha, que se reabra el caso del joven anarquista, ni que se investigue judicialmente el proceso que acabó con su ejecución con el garrote vil. Sí, sin embargo, que se les ha dado un certificado en el que se reconoce que el consejo de guerra que condenó a Puig Antich fue "ilegal e ilegítimo". A Imma Puig Antich, durante la entrega del certificado, le costaba hablar: "Es muy importante para nosotros, hace mucho tiempo que luchamos para que se devuelva la dignidad a nuestro hermano. Estamos conmocionadas. No tenemos palabras".

En marzo de 1974, un régimen con ganas de venganza por el asesinato de Carrero Blanco decidió ejecutar al joven anarquista, que tenía 26 años. Hasta el último momento la familia esperó a un indulto que nunca llegó. Fueron unas últimas horas angustiantes. Puig Antich no supo, hasta la mañana del 2 de marzo, que le matarían con el garrote vil. Era la peor de las ejecuciones, como admitió el director de la Modelo, Álvaro de Toca Becerril. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido que ha pasado demasiado tiempo: "Salvador Puig Antich fue una víctima y su familia también. Es un día agridulce porque la familia lleva 50 años esperando y eso es demasiado tiempo".

Torres ha asegurado que el de hoy es un acto de justicia y un acto de reconocimiento y se engloba dentro de la ley de memoria democrática aprobada en 2022. "Lamentablemente, fue la última persona ejecutada con garrote vil por una dictadura que moría , pero que mantuvo sus tentáculos durante un tiempo. La democracia tiene la obligación de reparar a las víctimas de esta dictadura", ha asegurado. "La sentencia que condenó a Puig Antich ha quedado anulada", ha añadido.

La ley de memoria de 2022 declaró la ilegalidad y la ilegitimidad de cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Declara también ilegítimas y nulas las resoluciones de los tribunales franquistas. Por este motivo, el gobierno expide certificados como el que se ha entregado a la familia de Puig Antich o el que se entregó el pasado verano sobre Lluís Companys.

No se ha pedido perdón

Lo que no ha hecho el Estado en ningún caso es pedir perdón, como reivindican algunas entidades y partidos parlamentarios. De hecho, hoy el Parlament no ha podido leer una declaración institucional en nombre de la cámara catalana de apoyo al presidente Lluís Companys, al día siguiente del 84 aniversario de su fusilamiento en manos de las autoridades franquistas. No pudo hacerlo debido a la abstención del PSC, que impidió llegar a los dos tercios de votos favorables que permiten leer una declaración en el pleno, pese al apoyo mayoritario de los firmantes –Juntos, ERC, Comunes y la CUP– , más allá del apoyo de Aliança Catalana y la oposición del PP y Vox. De hecho, se ha dado la paradoja de que la junta de portavoces ha podido aprobar el texto, pero no con la mayoría suficiente para validar la declaración del Parlament para oírla en el hemiciclo.

¿Qué dice esta declaración y por qué los socialistas no la han aprobado? La clave ha sido esta petición directa: "El Parlament de Catalunya considera que el Estado debería pedir perdón por el asesinato del presidente Companys y por haber tardado más de ocho décadas en reconocer la nulidad del juicio al único presidente de Europa asesinado por los fascistas". Asimismo, añade que el Estado ya reconoció que Companys fue condenado por "tribunales ilegales e ilegítimos", "un paso significativo de su memoria", pero que "llega tarde y es insuficiente", según los firmantes del texto. Fuentes socialistas explican al ARA que no estaban de acuerdo con esa demanda de perdón, un redactado que han intentado cambiar sin éxito. "Compartimos todo el texto, a excepción de una frase que se pidió negociar, pero no fue posible", sostienen. Al no llegar a un acuerdo, no lo han suscrito, aunque señalan que "el texto sí ha prosperado" porque se han abstenido, aunque no se ha podido leer en el pleno, y recuerdan que siempre han ido a las ofrendas a Companys. La cuestión es que se ha aprobado la declaración en la junta de portavoces, pero no como declaración institucional del Parlamento, que requiere la mayoría calificada.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha lamentado el "veto" del PSC: "Esta es la normalidad que predica el gobierno de Salvador Illa. Normalización es españolización y desmemoria", ha dicho a X. De la misma manera s 'ha expresado el republicano Juli Fernández, secretario segundo de la mesa, que ha recalcado que "es tristemente irónico que esto ocurra justo hoy que en la sesión de control el presidente Isla ha dicho defender a las instituciones en una pregunta sobre monarquía".