Imma Puig Antich: "El documento es un primer paso, pero quisiéramos la revisión del juicio"

Barcelona"Llevamos 49 años luchando para que nos escuchen. Este documento de reparación no es suficiente, pero es un primer paso. Nos han dado la coz toda la vida, porque nos han señalado para ser familiares de un terrorista. Mi hermano fue víctima de una doble injusticia y luchó por la libertad. Mi madre lo pasó muy mal porque le mataron a su hijo cuando sólo tenía 21 años No nos hemos rendido ni hemos perdido la esperanza", explica Victoria Sánchez- Bravo Solla. Su hermano, José Luis Sánchez-Bravo Solla, fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, en el campo de tiro de Hoyo Manzanares (Madrid). Era miembro del FRAP y el consejo de guerra que le condenó estaba lleno de irregularidades. La suya es una de las veinte familias víctimas de la dictadura franquista que han recibido una declaración de reparación del gobierno español.

A todos ellos se les da un homenaje este jueves 31 de octubre, la fecha que el gobierno español decretó que sería el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe de estado, la guerra y la dictadura , en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. El día anterior el Congreso también tenía previsto recordar a las víctimas y se había invitado a hablar a las hermanas del joven anarquista Salvador Puig Antich, pero el acto se ha suspendido por el temporal de la Comunidad Valenciana. La mayoría han tenido que esperar más de cincuenta años para que se les devolviera la dignidad. Entre los homenajeados se encuentran Sánchez-Bravo y Puig Antich, pero también el premio Nobel de literatura Vicente Aleixandre, el poeta Miguel Hernández y los luchadores antifranquistas Enrique Ruano y Ángeles Flórez Peón Maricuela.

"Recibir este reconocimiento es un primer paso, estamos contentas, porque los políticos han reconocido la verdad, pero lo que nosotros quisiéramos y hemos pedido siempre es la revisión del juicio. En el ámbito judicial estamos igual. Hemos pedido sin éxito dos veces la revisión del juicio, pero moralmente hemos avanzado porque se ha dignificado la memoria de nuestro hermano. Hemos luchado toda la vida para que no quede para la historia como un asesino, que es lo que quería el gobierno franquista", explica Imma Puig Antich. El documento de reparación deja constancia de que cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa era ilegal e ilegítimo.

"Son documentos simbólicos y tienen su valor, sobre todo para los familiares", asegura Jacinto Lara Bonilla, el abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a Querella Argentina (CEAQUA) contra crímenes del franquismo. "Lo que no pueden esconder estos reconocimientos es que no se ha revertido un modelo de impunidad. El estado se niega a investigar a los perpetradores desde un punto de vista penal", añade Lara. El problema, según el abogado, es que la ley de memoria democrática habla de las víctimas, pero no de los responsables de los crímenes. "La mejor reparación es una sentencia judicial y eso es lo que se ha evitado siempre", lamenta Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

La justicia siempre ha sido un muro insalvable para las víctimas de la dictadura. Se han presentado más de cien querellas por torturas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo. Más de una decena de estas querellas se interpusieron hace dos años, cuando entró en vigor la ley de memoria democrática. Todas, a excepción de la del caso Ruano, han sido inadmitidas o archivadas. El último reverso fue en junio. El Tribunal Constitucional dejó claro que la ley de memoria democrática es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. Además, considera que estos crímenes han prescrito o están amnistiados por la ley de amnistía de 1977. "Es una impunidad sostenida por los tres poderes (judicial, legislativo y ejecutivo), pero es un error poner sólo el foco en el judicial, porque es el legislativo el que debe revertir esa impunidad", asegura Lara.

La impunidad de los verdugos

"Se habla mucho de las víctimas, se las menciona más de 140 veces en la ley de memoria, pero no hay menciones a los victimarios, ni se llaman los nombres ni sabemos las biografías –dice Silva–. Tampoco se llamarán a sus nombres en el acto de homenaje", añade. Silva también critica el día escogido para realizar este homenaje. "Es el día que las cortes españolas aprobaron, en 1978, la Constitución española [refrendada el 6 de diciembre por un referéndum]. Es una constitución que no menciona en ninguna parte a las víctimas del franquismo ni a quienes lucharon contra la dictadura ni tampoco 'antecedente democrático que fue la Segunda República. Habrá gente a la que le encanta la Constitución, pero aquel 31 de octubre de 1978 a las víctimas no se les dio nada', afirma Silva.

Entre los que recibirán un homenaje, se encuentra la familia de Enrique Ruano, un estudiante de derecho militante del Frente de Liberación Popular antifranquista, murió de un disparo en enero de 1969 cuando estaba detenido y siendo interrogado por tres miembros de la Brigada Politicosocial. A Ruano le habían detenido porque llevaba un paquete sospechoso y el sumario que se abrió en ese momento era un cúmulo de despropósitos. No se dejó que un médico de confianza de la familia asistiera a la autopsia y se le enterró de forma clandestina. Tanto la policía como el juez defendieron que se había suicidado. En enero de 1989, un día antes de que prescribiera el delito por asesinato, se solicitó reabrir el caso. Su cuerpo fue exhumado, pero faltaba un fragmento de la clavícula derecha que había sido aserrado y que nunca se halló. Se llegó a la conclusión de que allí estaba el agujero que había dejado una bala. Fue la primera vez que los policías torturadores se sentaron en el banquillo de los acusados. El juicio finalmente se celebró el 1 de julio de 1996. Se consideró probado que Ruano había sido torturado, pero existían dudas sobre cómo había muerto y los policías fueron absueltos.

Otra de las homenajeadas no podrá recibir este reconocimiento por pocos meses. Es Ángeles Flórez Peón, que murió en Gijón en mayo. Más conocida como Maricuela, fue una política y activista asturiana. Fue presidenta de las Juventudes Socialistas de Asturias (JSA), y después del golpe de estado de julio se convirtió en miliciana. Fue enfermera en un hospital de campaña en Gijón y, tras la victoria de los franquistas, la juzgaron y encarcelaron. Tuvo que marcharse al exilio en Francia y no regresó a España hasta el 2013. Murió cuando tenía 105 años.