La denuncia contra Julio Iglesias es por trata de personas, acoso y agresión sexual y abuso laboral.

BarcelonaLos tres presuntos delitos que se imputan al cantante Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional son: trata de seres humanos con fines de trabajo forzoso y servidumbre; acoso y agresión sexual con lesiones agravantes, y delito contra los derechos laborales. Los abogados de la organización internacional de derechos humanos Women's Link, que representa a las denunciantes en el caso de Julio Iglesias, detallaron este miércoles en rueda de prensa virtual los fundamentos jurídicos por los que el 5 de enero pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid. La Fiscalía ha abierto diligencias previas para determinar si decide ejercer la acción penal, en caso de que considere indicios de delito y tenga competencia para ello. Las abogadas han optado por que la Fiscalía se acoja a la capacidad investigadora y a la autoridad del Ministerio Fiscal, que sería quien determinaría los delitos; pero si no prospera, las denunciantes podrían optar por presentar una denuncia como acusación particular.

Por ahora, la Fiscalía ha decidido tomar declaración como testigos protegidos a las dos mujeres que explicaron su caso en la investigación que han destapado Eldiario.es y Univision NoticiasEn el que denunciaron situaciones de abuso de poder, intimidación, abusos y agresiones sexuales continuas, y trabajo no regulado, ocurridos entre enero y octubre de 2021, mientras trabajaban como empleadas domésticas en las mansiones del músico en el Caribe. Women's Link confirma que otras mujeres que trabajaron para Iglesias han acudido a la entidad, pero no han querido dar más detalles. Además, dado que la "capacidad económica e influencia" del músico es diametralmente opuesta a la de las mujeres acusadas, si el caso avanza, han solicitado la protección de la privacidad de las denunciantes y sus familias, que se evite el contacto con los sospechosos, que se tenga en cuenta su condición (por ejemplo, que no residen en España) y que se evite la revictimización de las denunciantes y los empleados actuales del músico. Por ahora, no hay fecha prevista para la declaración de las mujeres. Tampoco han avanzado sobre si Iglesias estaría obligado a declarar en España, dada su avanzada edad (82 años), ya que el caso se encuentra en fase de instrucción.

"El principio de extraterritorialidad"

La base jurídica para optar por la vía judicial española es el principio de extraterritorialidad, que permite perseguir los delitos incluso fuera del territorio nacional si los sistemas judiciales de los respectivos países no actúan, según la abogada Gema Fernández, representante legal en España de las dos mujeres. Según la ley, este principio se aplicaría directamente en caso de que la víctima fuera de nacionalidad española. La abogada considera que existe un marco jurídico europeo, como el Convenio de Varsovia (del Consejo de Europa) contra la trata de seres humanos y el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que protege a las presuntas víctimas al ser el delito cometido por un hombre de nacionalidad española.

La abogada confirmó que las presuntas víctimas solo han recurrido a la justicia española y no a la de República Dominicana, Panamá, Bahamas u otros países donde el músico reside, porque "la legislación sobre atención a la violencia sexual, de género y trata de personas [en España] es más acorde con la justicia que estas mujeres reclaman", sin que esto implique que no existan otras vías de justicia y reparación, ni aquí ni en otros países. Women's Link ha admitido que el caso de Julio Iglesias guarda algunas similitudes con el del pedófilo Jeffrey Epstein, pero "no hay pruebas de que facilitara la explotación sexual de las denunciantes por parte de otros hombres poderosos".

Gema Fernández ha señalado que la presunta "explotación laboral y violencia sexual" contra las denunciantes se produjo en "un contexto de intimidación debido a la presencia de tres personas de mayor poder que aumentaron la presión psicológica y la sensación de imposibilidad de oponerse y resistir". El informe periodístico detalló cómo las empleadas del hogar seleccionaban al personal. las pruebas médicas para entrar en el servicio (incluidas pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, a las que los empleadores tenían acceso), normalizaron el abuso y, en algunos casos, participaron en agresiones sexuales. La abogada afirma que el reclutamiento, traslado y alojamiento de personas para explotarlas laboralmente, bajo un clima de intimidación, con engaños, sin que conocieran las condiciones laborales (no tenían contrato, ni horario regulado, ni derecho a la privacidad, y sus comunicaciones eran monitoreadas) y aprovechándose de su vulnerabilidad, se encuadra en el delito de trata de personas.

Las víctimas también quisieron enviar un mensaje con sus motivos para denunciar. Rebeca explica: «Hago esto por tres razones de justicia. Por mí, porque ha sido muy difícil y por todo lo que he enfrentado. Por las mujeres que trabajan en sus hogares, para que sean fuertes y recuerden que no son invencibles. Y por mi país, República Dominicana, porque no puede venir aquí y hacer lo que quiera sin asumir las consecuencias». La otra presunta víctima, Laura, envió este mensaje a través de Women's Link: "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abuso. Las mujeres son víctimas y sobrevivientes, no victimarias ni culpables".