La denuncia contra Julio Iglesias es por tráfico de personas, acoso y agresión sexual y abuso laboral

BarcelonaLos tres presuntos delitos de los que se acusa al cantante Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional son: tráfico de seres humanos con el fin de llevar a cabo trabajos forzados y servidumbre; acoso y agresión sexual con agravante de lesiones, y un delito contra los derechos de los trabajadores. Las abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women's Link, que representa a las denunciantes del caso Julio Iglesias, detallaron este miércoles en una rueda de prensa virtual los fundamentos legales por los que el 5 de enero pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid. La Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales para determinar si decide judicializar el caso, en caso de que vea indicio de delito y tenga la competencia para ello. Las abogadas de las mujeres han optado por la Fiscalía por aprovechar la capacidad de investigación y la autoridad del ministerio público, que sería quien fijaría los delitos; pero si no fructificara, las denunciantes podrían optar por interponer una querella como acusación particular.

De momento, la Fiscalía ha decidido tomar declaración como testigos protegidos a las dos mujeres que dieron su testimonio para la investigación que han destapado Eldiario.es y Univision Noticias, en las que relataban situaciones de abuso de poder, intimidación, abusos y agresiones sexuales continuadas y trabajo no regulado, ocurridas entre enero y octubre de 2021, mientras eran trabajadoras internas en las mansiones del músico en el Caribe. Women's Link confirma que hay otras mujeres que habían trabajado para Iglesias que acudieron a la entidad, pero no quisieron dar ningún detalle. También, dado que "la capacidad económica y de influencia" del músico es diametralmente opuesta de la de las denunciadas, si el caso progresa, han pedido la protección de la intimidad de las denunciantes y de sus familias, que se evite el contacto con los sospechosos, que se tenga en cuenta su condición (por ejemplo, que no viven las víctimas en las víctimas y las se las evite). Por ahora, no existe fecha prevista para la declaración de las mujeres. Tampoco han avanzado si Iglesias estaría obligado a declarar a España, dada su avanzada edad (82 años), porque el caso está apenas en una fase preprocesal.

"El principio de extraterritorialidad"

El fundamento jurídico para optar por la vía judicial española es "el principio de extraterritorialidad", que permite perseguir delitos aunque estén fuera de territorio nacional en caso de que los sistemas judiciales de los respectivos países no actúen, según la abogada Gema Fernández, quien lleva la representación legal en España de ambas mujeres. Según la ley, este principio se aplicaría directamente en caso de que la víctima fuera de nacionalidad española. La abogada cree que existe un entramado legal europeo, como el Convenio de Varsovia (del Consejo de Europa) contra el tráfico de personas y el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que ampara a las presuntas víctimas debido a que el delito lo habría cometido un hombre con nacionalidad española.

La abogada ha confirmado que las presuntas víctimas sólo han recurrido a la justicia española y no a la de República Dominicana, Panamá, Bahamas u otros países donde el músico tiene residencias para que "la legislación en materia de atención a la violencia sexual, de género y de tráfico sin personas que en esta es la que se ajusta a las mujeres" que no pueda haber otras vías de justicia y reparación dentro y fuera de la justicia, aquí o en otros países. Desde Women's Link admitieron que el caso Julio Iglesias tiene similitudes con el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, pero "no consta que facilitara la explotación sexual de las denunciantes a otros hombres poderosos".

Gema Fernández ha señalado que presuntamente "la explotación laboral y la violencia sexual" contra las denunciantes se daba en "un contexto de intimidación por la presencia de tres personas de jerarquía de poder superior que incrementaba la presión psicológica y la sensación de que no era posible oponerse y resistirse". El relato periodístico detallaba cómo las ama de llaves de las casas hacían la selección de personal, las pruebas médicas para entrar en el servicio (incluidas pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, a las que los empleadores tenían acceso), normalizaban los abusos y, en algunos casos, participaban en las agresiones sexuales. La abogada afirma que la captación, el traslado y el alojamiento de personas para explotarlas laboralmente, bajo un clima de intimidación, con engaños, sin que ellas supieran las condiciones laborales (no tenían contrato, ni horas regladas, ni derecho a la intimidad, y se les controlaban las comunicaciones) y aprovechándose de su vulnerabilidad.

Las víctimas han querido enviar también un mensaje con sus motivos para denunciar. Rebeca explica: "Hago esto por tres razones de justicia. Por mí misma, porque ha sido muy difícil y por todo lo que he afrontado. Por las mujeres que trabajan en sus casas, que sean fuertes y recuerden que no es invencible. Y por mi país, República Dominicana, porque no puede venir aquí a hacer lo que quiera sin asumir". La otra presunta víctima, Laura, ha enviado este mensaje a través de Women's Link: "Mi propósito es que ninguna mujer vuelva a sufrir ese tipo de abuso. Las mujeres somos víctimas y supervivientes, no victimarias ni culpables".