El Bartogate, sin filtros: "No podía leerme todos los contratos que me llegaban"

Barcelona"El presidente me indicó que teníamos que contratar a esa empresa. Desconozco cómo se llegó a ella". Así explicó Òscar Grau, en las declaraciones previas al juicio del caso Bartogate que se produjeron este lunes, el pistoletazo de salida de la contratación de diferentes empresas para monitorizar redes sociales en el Barça. El antiguo CEO de la entidad azulgrana y Román Gómez Ponti –director de los servicios jurídicos del club desde 2015 hasta 2021– explicaron en el juzgado sus versiones de un asunto que deja bastante malparado a Josep Maria Bartomeu. Según los acusados, el ex presidente habría sido el impulsor único del reclutamiento del conglomerado empresarial Nicestream a cambio de más de un millón de euros durante tres temporadas. El ARA ha tenido acceso a las declaraciones en sede judicial de Grau y Gómez Ponti, dos piezas clave en la trama que se acogieron al derecho de no declarar durante las diligencias policiales.

"Cuando viene una orden de presidencia, la ejecutamos. Cuando el presidente dice a un ejecutivo que haga una contratación, no se pone en entredicho. No vi nada extraño", argumentó Grau a las preguntas del ministerio fiscal sobre la adecuación de la empresa, los procedimientos para elegirla y la naturaleza de las tareas por las cuales fue contratada.

Como se supo después de las declaraciones, los dos acusados dispararon contra Bartomeu. Lo consideran el principal artífice de la contratación de I3 Venturas (parte de Nicestream) y niegan tener ninguna responsabilidad. La supuesta orden directa de Bartomeu a Jaume Masferrer, su mano derecha, y Grau vino acompañada de un ruego: había que mantener la contratación en secreto. "Bartomeu me dijo que era confidencial y que sería él quien lo comunicaría a la junta", reconoció Grau. Los hechos del 1 de octubre de 2017 desencadenaron la voluntad del ex presidente azulgrana de monitorizar las redes con un trasfondo reputacional. Aun así, calló durante doce meses ante sus compañeros de directiva, a los cuales puso en antecedentes "en una reunión informal, de brainstorming", precisó Grau. No hay acta oficial del encuentro, que se produjo, según el antiguo CEO, durante un team building fuera de Barcelona.

Imposición de I3 Ventures

Grau también explicó a la juez que el acuerdo millonario con I3 Ventures se cerró "en dos reuniones". El primer encuentro fue entre Bartomeu, Masferrer y Carlos Ibáñez, propietario del conglomerado Nicestream, con Grau apareciendo a media reunión. Siempre según el testimonio del acusado, semanas después se celebró una segunda cita para hablar de precios y objetos del contrato. "Una de mis funciones era velar por los intereses del club y buscar el mejor precio posible. La cifra inicial se acercaba a 1,4 millones de euros, pero conseguí una rebaja de 300.000 euros y dejarla en 1,1. Las temporadas siguientes pagamos 947.000 euros", explicó Grau. En este segundo encuentro, el presidente azulgrana no se sentaba en la mesa. En su lugar estaban Grau, Rodrigo Ziegner (del departamento financiero del club), Masferrer e Ibáñez.

Ninguno de los contratos llegó a los 200.000 euros, la cantidad límite para tener que pasar por el comité de adjudicaciones y, de este modo, se dribló el control de la junta. Sobre esta práctica, la juez Alejandra Gil insistió con Gómez Ponti, el otro imputado que declaró el lunes. "No tengo ningún motivo para sorprenderme si los contratos son de menos de 200.000 euros. No es trabajo mío meterme. Si me tuviera que sorprender con determinadas cifras, quizás la renovación de algún jugador no se habría producido", declaró el ex jefe de los servicios jurídicos del Barça. "Nosotros no valorábamos el precio de las cosas. ¿Quién soy yo para decidir que 50 millones son demasiados por un jugador? Pues lo mismo con esto", subrayó.

En relación con el polémico fraccionamiento de contratos y facturas, Grau detalló cómo se formalizaban los acuerdos con la empresa propiedad de Ibáñez. Partiendo del concepto genérico de monitorización de las redes sociales, cada empresa del conglomerado facturaba a un departamento concreto del club. "Cada empresa [de Nicestream] daba un servicio a un departamento, pero los trabajos eran los mismos", explicó Grau, lo cual levantó más interés del ministerio fiscal, que no entendió la necesidad de departamentos que no fueran el de presidencia para esta monitorización de redes. "Si lo dijo el promotor... Él es quien le tiene que contestar", argumentó Grau, quitándose las pulgas y señalando al tándem Masferrer-Bartomeu. El ex CEO quiso remarcar que más de 3.500 contratos pasaban cada año por su mesa: "Son muchos contratos y no me los puedo leer todos. Algunos me llegaban y los firmaba con el móvil".

En la misma línea, Ponti admitió que autorizó trabajos de monitorización desde su departamento a pesar de que no estuvieran del todo relacionados. Ahora bien, durante la vista levantó la voz para matizar que él no las "impulsaba", sino que las "aceptaba". "La globalidad de estos servicios venía de presidencia", insistió. De hecho, el ex jefe de los servicios jurídicos insinuó que estos procedimientos eran habituales: "Es como cuando me decían que tenía que contratar desde mi área empresas que eran buenas [para el departamento patrimonial] para hacer 'vigas de no sé qué'".

600.000 euros por la auditoría

A raíz de la publicación en los medios de comunicación del Bartogate, el club encargó a la multinacional PriceWaterhouseCoopers (PwC) una auditoría para aclarar las circunstancias de la contratación del conglomerado Nicestream. "La comisión delegada, al día siguiente de que salieran las noticias, hizo una reunión para valorar lo que había pasado y tomó la decisión de encargar este estudio para tener una descripción independiente de lo que había pasado", declaró Grau. El objetivo principal era saber si el precio y los rangos contratados eran los del mercado. En sus testimonios, tanto Grau como Ponti niegan que se limitara el margen de actuación de PwC, que no investigó a Bartomeu por estos hechos. Aun así, Ponti explicó en sede judicial que la auditoría encargada costó 600.000 euros.

Finalmente, el despido de la compliance officer, Noelia Romero, también puso de acuerdo los dos acusados. Sobre todo fue dura la versión que ofreció Ponti. "El departamento de compliance era un desastre. Arbitrario y falto de rigor. Confundía su trabajo de compliance con la auditoría interna. Contaminaba todos los circuitos. Denuncié [a Noelia Romero] seis veces por diferentes irregularidades". Además, el ex jefe de los servicios jurídicos señaló ante la juez que Romero tenía un criterio dirigido por Enric Tombas y Jordi Calsamiglia, dos de los directivos que dimitieron junto con Emili Rousaud cuando el Bartogate salió a la luz: "Ellos fueron los que orientaron el análisis hacia esta dirección". Romero, que fue despedida por Bartomeu el 9 de junio del 2020, se enfrenta al club en un juicio el próximo martes después de no haber llegado a un acuerdo a pesar del cambio de junta.