Barça

Laporta pedirá al socio la suspensión de las medidas de control económico que aprobó Rosell

Propondrá en la asamblea dejar sin efecto el artículo 67 de los estatutos, que obliga a la junta a restituir las pérdidas en un periodo de dos años

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Joan Laporta hablando al oído con Rafa Yuste a la última asamblea del Barça.

BarcelonaEl Palau Blaugrana acogerá el 17 de octubre una asamblea de socios compromisarios que será clave para el futuro inmediato del Barça. En esta sesión ordinaria, que se celebrará coincidiendo con la disputa en el Camp Nou del Barça-Valencia, la junta que preside Joan Laporta someterá a votación de la masa social una nueva propuesta de financiación para el Espai Barça y posibles medidas hacia la anterior directiva como resultado de la auditoría due diligence sobre la gestión del club los últimos años. Pero también pedirá el sí de los socios para sacar adelante la modificación de ocho artículos de los estatutos vigentes y la aplicación de dos disposiciones transitorias.

De todos los cambios que Laporta trasladará a los compromisarios en la asamblea hay uno que sobresale por su importancia en el gobierno de la entidad a corto plazo. Tiene que ver con el artículo 67, modificado en 2013 por la directiva de Sandro Rosell. Este apartado obliga a la cúpula a restituir las eventuales pérdidas en dos ejercicios y a no superar un techo de endeudamiento equivalente a una cifra "que no supere la cantidad resultante de no multiplicar por dos la ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)". Dos condiciones que, si no se respetan, obligan al gobierno legítimo a acabar el mandato antes de tiempo y a dejar las manos del club en una gestora. Es decir, a convocar elecciones antes de lo que se espera (2026).

En el comunicado que ha emitido este domingo, el Barça avanza parte del contenido de la disposición transitoria para dejar sin efecto este artículo que la junta de Josep Maria Bartomeu quiso modificar sin éxito en la asamblea de 2019: "A consecuencia de las pérdidas registradas y del endeudamiento del club existente en el momento de aprobarse las cuentas anuales relativas al ejercicio 20-21, el artículo 67 de los estatutos queda provisionalmente en suspenso y sin efectos, hasta la restitución del patrimonio neto positivo". La directiva de Laporta justifica que las "exigencias" contenidas en este apartado resultan "actualmente inalcanzables". Es decir, en otras palabras, la cúpula actual pide margen de cara al más que probable escenario de pérdidas en el cómputo general de los ejercicios 20-21 y 21-22. La cantidad avanzada de pérdidas en cuanto al cierre 20-21 es de 481 millones de euros, un agujero demasiado importante para ser restituido en solo dos años y sin corsés en cuanto al endeudamiento.

¿Una votación u ocho?

Otro punto clave de los estatutos que Laporta quiere cambiar es el que hace referencia a la duración de los mandatos: actualmente es de seis años, y él propondrá que pase a ser de cinco. Eso sí, con el asterisco que esta medida entre en vigor cuando haya acabado el mandato actual (fijado hasta el 30 de junio de 2026), puesto que "se comenzó con una duración prevista de seis años, según los estatutos vigentes en el momento de la celebración de las elecciones". En la asamblea de socios también se someterá a votación un paquete de cambios estatutarios que eliminarán los poderes otorgados de la Confederació Mundial de Penyes. "El objetivo de esta propuesta es eliminar cualquier discriminación en la relación entre el Barça y las peñas, y así permitir que estas, si así lo desean, se relacionen directamente con el club, sin la intermediación de otro interlocutor", justifica la institución. Por otro lado, se propondrá aumentar el techo de directivos en la junta hasta 25 e incluir en el artículo 4 el compromiso siguiente: "El Barça promoverá los valores democráticos de la igualdad y la no discriminación y luchará por la erradicación de todas las actitudes machistas, homófobas y racistas en el ámbito social y del deporte”. Por último, se votará la conveniencia de abrir los procesos de alta de socio por vía telemática, la extensión de la aplicación del código ético a todos los empleados del club y la integración de una comisión de ética y transparencia con cinco miembros (escogidos todos ellos por la junta).

El ARA se ha puesto en contacto con el club para saber si los artículos a modificar serán votados uno por uno por los compromisarios o si, como ha pasado otras veces, se planteará una única votación. De momento no ha habido respuesta.

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