Los Mossos creen que el Barça les escondió información

BarcelonaEl Barçagate asedia a Josep Maria Bartomeu, que aparece como posible ideólogo de toda la trama investigada en un informe de los Mossos d'Esquadra que forma parte del sumario del caso. El expresidente del Barça pasó la noche del lunes al martes detenido en la comisaría de Les Corts, solo en un calabozo, y fue trasladado por la mañana a la Ciutat de la Justícia , donde se negó a declarar aconsejado por sus abogados, puesto que ellos no habían podido consultar el sumario. 

Una vez levantado el sumario, las defensas ya trabajan en un caso en el que un informe de los Mossos considera que el presidente del club se habría podido “extralimitar en sus facultades de administración” al pagar un “sobreprecio” por los servicios contratados de la empresa I3 Ventures. En total, "el perjuicio causado al Fútbol Club Barcelona y al conjunto de su masa social, producto directo de extralimitarse en sus facultades de administración, se puede cuantificar hasta el momento en una cantidad de mínimo 843.300 y un máximo de 1,2 millones". Bartomeu aparece en el sumario como posible impulsor de estos negocios, que habría ejecutado su mano derecha, Jaume Masferrer, que ejercía de enlace con I3 Ventures, recibiendo periódicamente sus informes. 

Tanto Bartomeu como Masferrer se acogieron ayer a su derecho a no declarar y a continuación quedaron en libertad con cargos, en un nuevo episodio de un asunto en el que los Mossos sospechan que el Barça no colaboró del todo, escondiendo información, a la cual la policía habría llegado después de los registros de este lunes.

Listas de periodistas

El caso nace a raíz de la contratación de la empresa I3 Ventures para crear estados de opinión en las redes sociales favorables a la gestión de la junta de Bartomeu y contrarios a jugadores como Gerard Piqué o Leo Messi, y a aspirantes a la presidencia del club como Víctor Font y Joan Laporta. De hecho, los Mossos han aportado al sumario un documento de la empresa I3 Ventures de junio del 2018 con una lista de periodistas y personas del entorno al Barça a quien “había que desacreditar”. Nombres como Víctor Font, de quien se dice que habría que atacarlo por ser “propietario de un medio de comunicación”, refiriéndose a sus acciones del ARA, Joan Laporta, Jordi Costa, Xavi Torres, Jaume Roures, Jordi Roche o personas que forman parte de las candidaturas de Font, como Antoni Bassas y Albert Roura, o de Laporta, como Elena Fort. De Jordi Costa, presentador del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, se considera que "critica permanentemente a Bartomeu y a la junta, y es indepe". Sobre el fundador del Grupo Mediapro, Jaume Roures, I3 Ventures escribe: "Hablar de que es parte de las mafias del club (¿hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club (bajarle el tono en el tema independentista, no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)". Y respecto al representante de jugadores Josep Maria Minguella, que recientemente formó parte de la precandidatura de Emili Rousaud, se explica que "tiene cero credibilidad, es un comisionista, cuando lo botaron puso a su hijo en su lugar creyendo que Barto es tonto".

Además, según La Vanguardia, se cedieron datos del censo de socios del Barça a I3 Ventures para detectar a los aficionados más críticos con la directiva y con finalidades de “propaganda particular”, según los Mossos. La idea era crear bases de datos para hacer llegar mensajes personalizados para mejorar la imagen de la junta de Bartomeu.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a Bartomeu, Masferrer, Òscar Grau (actual CEO de la entidad) y Román Gómez Ponti (responsable del área jurídica) en el marco de la investigación por el Barçagate. Grau y Gómez Ponti quedaron en libertad a las pocas horas, pero Bartomeu y Masferrer tuvieron que pernoctar en la comisaría antes de pasar a disposición judicial y quedar en libertad con cargos. La magistrada Alejandra Gil, del juzgado número 13 de Barcelona, levantó el secreto de sumario –que se había prorrogado hasta seis ocasiones– de un caso en el que el Barça continúa como perjudicado, pero no como investigado. Este hecho, en principio, exime al club de responsabilidades que, en caso de probarse que se ha incurrido en algún delito, recaerían sobre las personas en cuestión y no sobre la entidad.  

Posibles “contraprestaciones”

En un informe dentro del sumario, los Mossos explican que durante tres años, del 2017 al 2020, los pagos al grupo Nicestream, al que pertenece la empresa I3 Ventures, llegan a 2,3 millones. Los servicios contratados eran para tener la monitorización de la reputación del club en redes, pero también se ha detectado “un uso presuntamente particular en redes sociales”. Es decir, la creación de contenidos difamatorios. Estos pagos se fraccionaron para evitar tener que pasar por la Comisión de Adjudicaciones, el ente que controla todos los pagos superiores a 200.000 euros. Alguns responsables de áreas en las que se fraccionaron estas facturas sin tener nada que ver con sus servicios han admitido a los Mossos que Bartomeu y Masferrer no les supieron dar explicaciones sobre las razones de esta política. Solo un área, la oficina de Hong Kong, liderada entonces por Xavier Asensi, se negó a pasar las facturas defendiendo que era una praxis incorrecta.

Los Mossos habrían detectado que la directiva de Bartomeu les habría escondido información, motivo por el cual también registraron la sede de Telam Partners, la empresa que puso en contacto al club con I3 Ventures. Fuentes de la investigación explican que la auditoría externa encargada por Bartomeu a la empresa PricewaterhouseCoopers no concuerda con la documentación encontrada en los registros. Además, los Mossos pudieron trabajar con un informe hecho por la compliance officer del Barça, Noelia Romero, despedida al poco de concluirlo. Romero llevó a los Mossos su ordenador y el trabajo hecho para colaborar con la investigación. En su ordenador aparecieron documentos que el club no había ofrecido a los Mossos inicialmente.

Según los Mossos, este caso podría suponer un delito de administración desleal al haber destinado dinero del club a pagar facturas por encima del precio de mercado. El segundo delito del que se acusa a los detenidos es de corrupción entre particulares, puesto que los Mossos creen que “directivos, administradores, trabajadores o colaboradores” habrían podido percibir “contraprestaciones” para adjudicar los contratos a estas empresas.