Del anuncio de Sánchez, en la letra pequeña: el PSOE registra la ley para favorecer el alquiler asequible
La proposición de ley de los socialistas incluye un incremento del IVA de los pisos turísticos y endurecer la fiscalidad de las socimis
MadridEl presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arrancó el año anunciando un plan para movilizar el alquiler asequible en el Estado y revertir las dificultades que sufren muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes y personas migrantes, para acceder a una vivienda. Cinco meses después, y en plena presión social con manifestaciones por el derecho a la vivienda en las principales ciudades del Estado, algunas de las medidas se pusieron negro sobre blanco a través de una proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el texto presentado este jueves los socialistas recogen buena parte de las medidas fiscales del plan anunciado por Sánchez.
La intención de los socialistas es que la proposición se pueda tramitar este mes de junio, pero el recorrido parlamentario es aún largo y de momento no se sabe qué harán los partidos, aunque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez (PSOE), ya ha dicho que están trabajando para conseguir el apoyo de las formaciones. De hecho, Podemos y Sumar ya han mostrado su recelo en la propuesta porque incluye bonificaciones fiscales a los propietarios. Ésta es la letra pequeña de las medidas:
IVA en los pisos turísticos
El PSOE plantea incrementar el IVA de los inmuebles destinados a uso turístico hasta el 21 por ciento. Sin embargo, la medida se consensuó en su momento con Sumar, el socio minoritario dentro del gobierno español, y quiere replicar la directiva europea que va en esa dirección. Este IVA del 21% afectaría a aquellos inmuebles que se alquilen por menos de 30 noches en municipios de más de 10.000 habitantes, estén gestionados por particulares o empresas.
Bonificaciones a propietarios
Se prevé que los propietarios tengan acceso a las bonificaciones fiscales que se recogen en la ley estatal de vivienda sin que deba declararse zona tensionada. De este modo, el ejecutivo de Pedro Sánchez trata de saltarse el bloqueo de las comunidades autónomas que no han aplicado la ley, las gobernadas por el PP, y que, por tanto, no han declarado este tipo de zonas.
El texto incluye desgravaciones que van del 60% hasta el 100% del alquiler en función del precio al que el propietario alquile el piso (afecta a inmuebles que por primera vez salen al mercado y aquellos contratos en los que se baja el precio un 5%). En función del precio y de las casuísticas del inquilino (por ejemplo, la edad), la deducción es mayor o menor. También se prevé una desgravación de hasta el 70% en caso de alquilar el inmueble a una administración pública.
Impuesto a los extranjeros extracomunitarios por la compra de vivienda
Se crea un impuesto complementario estatal sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea que compren casas en el Estado. El gravamen será de hasta el 100% del valor catastral del inmueble, del precio declarado o del valor de mercado.
Tributación de los pisos vacíos
También se pone sobre la mesa un incremento de la tributación sobre la vivienda vacía por "incentivar su salida al mercado de alquiler", según indicaron los socialistas a través de un comunicado.
Modificación de las socimis
En el caso de las socimis que poseen pisos de alquiler, se incrementa del 15% al 25% la tributación sobre una parte de los beneficios no distribuidos a través de dividendos. El incremento no afecta a aquellas socimis que gestionan oficinas, naves o centros comerciales, como es el caso de la catalana Colonial. Ahora bien, el incremento contempla deducciones de entre el 50% y el 60%, siempre que los activos (inmuebles) se destinen al alquiler asequible, o del 100% si se reinvierte el beneficio obtenido en pisos de alquiler asequible durante tres años. El gobierno le considerará alquiler asequible cuando no se supere el índice del ministerio de Vivienda, si es un piso protegido, si el precio del alquiler no supera el 30% de los ingresos del inquilino o el coste está por debajo de los 26.400 euros anuales.
Por último, también se plantea modificar la ley del IRPF para mantener este 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética y un cambio en la ley de contratos del sector público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda, entre otras medidas.