Sánchez busca movilizar el alquiler asequible con mayores bonificaciones fiscales para los propietarios

MadridEl gobierno español ha iniciado el nuevo año con una serie de anuncios en materia residencial. En las últimas semanas, el ejecutivo central ha trabajado en más medidas que ayuden a paliar el problema del acceso a la vivienda, una cuestión que se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de la ciudadanía, sobre todo entre los jóvenes . Y este lunes, el propio presidente español, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de desgranar las propuestas. Aunque algunas de las medidas aún están por perfilarse, y otras deben obtener el aval del Congreso de los Diputados, donde cada tramitación es una prueba de fuego para el gobierno, el objetivo de la Moncloa es poner hilo la aguja para que haya más oferta, mejor regulación y más ayudas públicas que faciliten el acceso a un piso, en palabras de Sánchez.

Fuentes gubernamentales asumen que no existe una "medida perfecta" que solucione la crisis de la vivienda actual, pero que "hay que dar pasos adelante para ofrecer más alquiler asequible", defienden las mismas fuentes. Bajo esta premisa, el gobierno español plantea doce medidas.

Más bonificaciones para los propietarios

De entrada, quiere que los propietarios tengan acceso a bonificaciones fiscales sin que deba declararse zona tensionada. De este modo, el ejecutivo trata de saltarse el bloqueo de las comunidades autónomas que no han aplicado la ley estatal de vivienda, las gobernadas por el PP, y que, por tanto, no han declarado este tipo de zonas.

La intención es que un pequeño propietario que ofrezca un alquiler asequible pueda llegar a gozar de una exención fiscal en el IRPF para los rendimientos del alquiler. Fuentes gubernamentales asumen que la medida debe acabar de cerrarse con el ministerio de Hacienda, pero las bonificaciones estarán en línea con lo que ya prevé la ley estatal y podrán llegar a ser del 100%. Por poner un ejemplo, la ley estatal prevé que en las zonas tensionadas los pequeños propietarios puedan tener una bonificación del 90% del IRPF si rebajan el alquiler un 5% respecto al último contrato o del 70% si lo ofrecen en una persona joven. Ahora, esto pasaría a aplicarse fuera de las zonas tensionadas y se reforzaría. En caso de que el piso no pueda referenciarse a un último contrato, entraría en juego el Índice de Precios de Referencia. También habrá que ver cómo se adapta el cambio a las comunidades que sí han declarado zonas tensionadas, como es el caso de Catalunya.

A ojos del ejecutivo español, la propuesta incentiva de que los pequeños propietarios ofrezcan alquiler asequible, aunque salen castigadas las arcas públicas, que dejan de ingresar parte del IRPF. La medida deberá aprobarla el Congreso de los Diputados. También aprobará un programa de rehabilitación de viviendas vacías para que se destinen al alquiler asequible. En concreto, se ofrecerán ayudas públicas a aquellos propietarios que reformen un piso para destinarlo a ese uso residencial durante cinco años.

Por último, el gobierno quiere crear un sistema de garantías públicas que "proteja a propietarios y inquilinos" que participen en el alquiler asequible. Este sistema se articulará a través del Estado como avalista y quiere dar garantías al propietario que cobrará la renta mensual y, a la vez, incentivar que el inquilino pueda acceder a una renta asequible. Por el momento, la medida sólo se activará cuando el inquilino sea menor de 35 años.

Límite a la compra por parte de extranjeros

El gobierno también quiere limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en el Estado con el incremento de los impuestos que deben pagar por una operación de este tipo. Fuentes gubernamentales explican que se están estudiando dos vías: o una modificación del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales (ITP), o aprobar nuevos impuestos especiales. También explican que se ha descartado incluir compradores europeos por los obstáculos jurídicos existentes. En su momento, Sumar, el socio minoritario en el gobierno, apostaba por la prohibición de este tipo de operaciones inmobiliarias, pero el PSOE siempre se ha opuesto. También pretende vincular las ventajas fiscales de las socimis a la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible (esto no supondrá cambiar el régimen fiscal de las socimis que se dedican al alquiler de oficinas u otros inmuebles).

Por último, continuará con su cruzada contra los pisos turísticos y de temporada. Tras agilizar la aprobación de un registro obligatorio que ponga fin al fraude de este tipo de contratos, quiere endurecer la tributación del IVA de los inmuebles que se destinen a este uso, pero sólo en aquellas zonas donde existan dificultades para acceder a una vivienda. La medida ya la había reclamado el ministro de Consumo (Sumar), Pablo Bustinduy. En cualquier caso, fuentes gubernamentales matizan que la medida no se encauzará hasta que se tome una decisión a escala europea. También se quiere crear un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen la inspección de las viviendas turísticas ilegales, así como las destinadas a otros usos fraudulentos. Pero todo ello deberá pasar por el Congreso de los Diputados.

Impulso a la construcción

La edificación de nuevos inmuebles será también una vía para ampliar la oferta. Además de desatascar la ley estatal del suelo, que sigue sin contar con los apoyos garantizados en el Congreso de los Diputados, el gobierno pretende aprobar un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España.

Asimismo, el gobierno aprobará la transferencia de 3.300 inmuebles y de casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para la construcción de vivienda social destinada al alquiler asequible a la nueva empresa pública de vivienda (ahora son activos de la Administración General del Estado). Además, la intención es que esta empresa incorpore los activos inmobiliarios que actualmente están en manos de Sareb –el denominado banco malo–, empezando por la incorporación de 13.000 viviendas. Sin embargo, una cifra que se ampliará progresivamente hasta los 30.000 (hay inmuebles que necesitan reformas).

Por último, la nueva empresa pública de vivienda también tendrá prioridad a la hora de comprar vivienda y suelo público y se blindará la vivienda protegida del Estado garantizando por ley que todo aquel inmueble construido por la administración central mantenga su titularidad pública de forma indefinida.

Escepticismo de Sumar y rechazo del PP

Sin embargo, la batería de medidas que este lunes ha anunciado Pedro Sánchez no acaba de contentar al socio minoritario del gobierno de coalición, Sumar. La ministra de Trabajo y fundadora del partido, Yolanda Díaz, ya ha anticipado que "estudiarán" las propuestas, mientras que el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha dicho que si bien dan la "bienvenida" al cambio del tono del PSOE por el en cuanto a la necesidad de "intervenir" el mercado de la vivienda, también hace falta más "ambición".

De hecho, a quien tampoco le han gustado las medidas para, precisamente, ser poco exigentes, es en el Sindicat de Llogateres. Su portavoz en Barcelona, ​​Carme Arcarazo, ha manifestado que las propuestas de Sánchez "ignoran" las demandas de las últimas manifestaciones. "Cuando vamos a buscar piso, sólo encontramos alquileres de temporada y contratos basura, y ninguna de las medidas anunciadas lo cambiará, eso", ha dicho. En cambio, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (API) valora positivamente los anuncios, aunque espera ver su letra pequeña, según ha declarado el portavoz, Carles Sala.

Sin embargo, se trata de medidas que llegan un día después de que el Partido Popular haya detallado su agenda en esta materia, aunque la Moncloa tenía previsto el acto de este lunes desde hacía días. De hecho, a ojos del gobierno español, la agenda del PP supone replicar los errores del pasado: "Más oferta sin control no garantiza el acceso a una vivienda [...] Nos lleva al boom [inmobiliario] que tanto daño hizo y tantas cicatrices ha dejado a la sociedad española", ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este lunes por la mañana, durante el arranque del acto Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar. "La barra libre no funciona", reiteró la ministra. De nuevo, los populares no tardaron en enmendar los anuncios de Sánchez.