Los consumidores europeos denuncian Facebook, TikTok y Google por la promoción de fraudes financieros
Asociaciones de 13 países detectan cerca de 900 anuncios ilegales y lamentan la pasividad de las plataformas para eliminarlos
BarcelonaNueva cruzada de los consumidores europeos contra los gigantes tecnológicos. Este jueves la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en inglés), junto con 29 asociaciones de los 27 estados miembros de la Unión Europea, ha denunciado ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales a Meta (la matriz de Facebook, TikTok y Google). El motivo es haber permitido la proliferación de anuncios financieros fraudulentos en sus plataformas y haber ignorado los llamamientos a retirarlos, contraviniendo la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) comunitaria.
Las quejas parten de una investigación que asociaciones de consumidores de 13 países llevaron a cabo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. En solo cuatro meses, las organizaciones detectaron cerca de 900 anuncios sospechosos de infringir la legislación europea. Pese a los avisos trasladados a las plataformas, una gran mayoría de casos fueron ignorados.
Del total, las tres compañías denunciadas solo retiraron un 27% de los anuncios, mientras que el resto de alertas fueron rechazadas o, directamente, ignoradas. Según los cálculos de BEUC, los anuncios fraudulentos activos han llegado a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes, un hecho que "pone en riesgo nuevas pérdidas económicas".
"La investigación revela discrepancias alarmantes entre las acciones que afirman estas plataformas y la realidad de lo que ocurre", lamenta el director general de BEUC, Agustín Reyna, que a la vez critica el lucro económico que las empresas continúan extrayendo de los anuncios. A modo de ejemplo, Meta continúa recibiendo una comisión de un 10% sobre los ingresos de los anunciantes denunciados y que mantienen publicaciones fraudulentas activas.
Más poder a los estados
En el comunicado publicado este jueves, las asociaciones españolas que forman parte de la denuncia –Asufin y Cecu– también ponen énfasis en el poco poder que ahora mismo tienen los reguladores estatales para combatir estas malas prácticas.
Desde enero de 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley de servicios digitales en el Estado. Pese a esta designación formal, las organizaciones señalan que todavía no se ha aprobado una ley española que habilite a la CNMC "con competencias reales" de supervisión, investigación y capacidad sancionadora.
En este sentido, Asufin y Cecu instan al gobierno español a resolver esta situación "cuanto antes" –el país lleva dos años incumpliendo los plazos fijados por Bruselas– para que el organismo goce de "poderes legales" para acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones y, sobre todo, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.
