Acuerdo en la UE para obligar a las plataformas digitales a controlar sus contenidos

Bruselas"Lo que es ilegal offline también lo tiene que ser en internet", es la contundente afirmación del comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, que ilustra la cruzada que la Unión Europea hace tiempo que ha emprendido para regular de manera pionera el sector digital en el Viejo Continente. Primero fue con la directiva de mercados digitales (DMA) aprobada recientemente después de arduas negociaciones, pero eclipsada por la guerra en Ucrania y ahora ha sido con su pareja necesaria, la directiva de servicios digitales (DSA), que se ha aprobado la madrugada de este sábado después de jornadas de complejas negociaciones. Esta nueva ley europea exigirá a las grandes plataformas y empresas de internet que se hagan más responsables del contenido que distribuyen en la red para luchar, por ejemplo, contra la desinformación, las amenazas terroristas o el ciberacoso, e impone sanciones en casos de incumplimiento.

Después de que la Comisión Europea presentara la propuesta en diciembre de 2020, el Parlamento Europeo y los veintisiete gobiernos han estado negociando hasta que han llegado a un consenso a tres bandas bajo la presidencia francesa rotatoria de la UE, que se lo había marcado como uno de sus grandes objetivos. La ley busca que las plataformas, por ejemplo redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, Instagram o YouTube tengan que retirar con celeridad los contenidos considerados ilegales detectados, pero también que den acceso a las autoridades a los algoritmos que usan para determinar qué contenidos ofrecen a sus usuarios. Una autoridad nacional tendrá la capacidad de pedir a una plataforma que elimine cierto contenido ilegal, esté establecida o no en Europa.

La libertad de expresión

Se trata de una ley de gran alcance e impacto, que fija barreras por primera vez en el amplio campo que tienen para correr todas estas plataformas. Pone el foco en la transparencia y el control. El problema es quién ejerce este control y cómo, un extremo que para algunos puede abrir la puerta a la censura en la red. La red de organizaciones y expertos en defensa de los derechos digitales EDR avisaba, por ejemplo, que "puede ser relativamente sencillo detectar un producto que se ofrece ilegalmente en eBay o Amazon. Pero determinar con certeza el estatus legal de un tuit o de una publicación de Facebook no lo es. Las cuestiones de contexto y algunas declaraciones hechas en línea pueden ser legales en algunos de los 27 Estados miembros de la UE y no en otros. Con la excepción de una pequeña minoría de contenidos manifiestamente ilegales, estas decisiones a menudo requieren una evaluación jurídica profunda por parte de expertos".

De aquí que también los medios de comunicación hayan mostrado su preocupación. La moderación de contenidos y comentarios también entra en juego en esta directiva, que según la Comisión Europea empodera a los usuarios para decidir cómo y cuándo reciben recomendaciones y contenido. Sus cuentas solo se podrían suspender en función de una serie de normas "concretas y previsibles", ha tuiteado Breton. 

Organizaciones de consumidores, como BEUC por ejemplo, han exigido durante las negociaciones que esta ley sirva también para actuar contra los llamados "patrones oscuros", trucos a través de algoritmos que buscan que los consumidores tomen decisiones que quizá son contrarias a sus intereses. También piden que los mercados en línea, por ejemplo Amazon, corroboren exactamente quién hay detrás de los comerciantes que utilizan su plataforma, "llena de productos inseguros e ilegales". La ley prohíbe esta práctica y, además, resalta que "cancelar una suscripción tiene que ser tan fácil como subscribirse". 

La norma también busca proteger especialmente a los menores de edad, cada vez más expuestos a los contenidos de las redes. Por eso, la ley prevé que las plataformas accesibles a menores tengan medidas específicas para protegerlos, incluido un veto absoluto a la publicidad que los fija como objetivos, como pedía la Eurocámara y las asociaciones de consumidores. 

Los escollos de la negociación

Durante la negociación, como es habitual, algunas de las cuestiones más espinosas han sido las posibles excepciones, como por ejemplo que las empresas puedan acogerse a "motivos comerciales" para no facilitar información o que las pymes queden excluidas de ciertas obligaciones. Finalmente, las pequeñas y medianas empresas tendrán un mayor tiempo para aplicar la ley y apoyo y asesoramiento por parte de las autoridades, pero también tendrán que aplicarla. 

Y, como siempre, el verdadero impacto de una normativa como esta está en la capacidad de aplicarla y de sancionar los incumplimientos. La ley prevé multas de hasta un 6% de la facturación global anual de las compañías si no dan suficiente información a las autoridades, por ejemplo, o se nieguen a retirar cierto contenido. En el caso de las plataformas más grandes, con más de 45 millones de usuarios, la Comisión será quien tendrá el poder exclusivo para exigir el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, la aplicación de la ley también ha sido uno de los escollos de la negociación, donde se ha debatido hasta última hora quién tendría la última palabra sobre si las tecnológicas incumplen o no. La Comisión Europea creía que no es su papel, pero los gobiernos tienen diferentes intereses y, por ejemplo, Irlanda, donde está la sede de la mayoría de estas compañías, podría retardar las decisiones. 

Después de todo un viernes de negociaciones hasta la madrugada, el texto tendrá que ser terminado a nivel técnico y verificado por los expertos jurídicos y legales del Parlamento Europeo y del Consejo antes de su aprobación formal. Una vez se haya completado este proceso, la ley entrará en vigor 15 meses después de ser publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Este mes de junio una delegación de europarlamentarios visitarán la sede de Meta, Google, Apple y otras en Silicon Valley para discutir la ley y escuchar qué tienen que decir.