Entra en vigor el registro obligatorio de viajeros en el sector turístico español
La patronal del sector considera desproporcionada la medida y pide un cuarto aplazamiento
BarcelonaEl registro obligatorio de datos de los clientes de hoteles, apartamentos turísticos y agencias de alquiler de vehículos entra en vigor este lunes en España con la oposición frontal de los agentes turísticos. Empresarios del sector llevan meses reclamando una nueva moratoria por una medida que ven "desproporcionada" y que consideran que añade cargas burocráticas y desincentiva el turismo.
Las agencias de viajes aseguran que la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros es un "caos". La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) critica que durante este lunes por la mañana, cuando se ha estrenado el nuevo sistema, éste ya haya "colapsado" y también carga contra la Generalitat, que ha anunciado que pondrá en marcha una tercera plataforma en la que introducir los datos sobre el alquiler de vehículos. En un comunicado, la patronal dice que el procedimiento "está presentando muchos errores técnicos" y, de nuevo, insiste en que con el nuevo registro de datos las agencias de viajes "tienen que afrontar aún más cargas administrativas".
La entrada en funcionamiento registro se había aplazado hasta tres veces, pero el ministerio del Interior ha rechazado aplicar una nueva prórroga y defiende su utilidad como un instrumento policial de prevención y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en los que la logística del alojamiento y de los vehículos "es determinante". El ministerio asegura que la normativa requería una "modernización" porque los mecanismos que utiliza la policía para detectar la logística de actividades criminales, que hasta ahora se basaba en libros-registro cuando buena parte de las contrataciones de servicios se realiza online. "Cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística de los alojamientos y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona mayor privacidad a estas transacciones", indica el texto del real decreto que establece el registro, aprobado en 2021.
Las empresas turísticas tendrán que recoger los datos en una plataforma informática. proporcionar a los establecimientos información básica que se registrarán en la nueva base de datos: el nombre, el género, el DNI, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, la dirección completa, el teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros que acompañan al cliente y la relación de parentesco si existe un menor. Además, también se pide información sobre la transacción –fecha, horas de entrada y salida, número de referencia–, el inmueble o vehículo contratados –con detalles como si hay o no conexión a internet y el número de habitaciones–, y el método y momento pago, incluyendo detalles del titular y la fecha de caducidad de tarjetas de crédito.
Están obligados a registrar los datos de los clientes hoteles, hostales, pensiones, casas de turismo rural, campings, establecimientos de autocaravanas, agencias de viajes, plataformas de alquiler de pisos turísticos, empresas de alquiler de vehículos y sitios web para reservar coches.
Quejas patronales
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos considera que la normativa es "confusa y desproporcionada" y supone un "grave perjuicio" para clientes y sector. Según los hoteleros, la nueva normativa situará al Estado en "desventaja" respecto a otros destinos que "priorizan la privacidad y la simplicidad administrativa" y "desincentivará" la llegada de turistas. En apoyo a las patronales del sector, PP, Junts y PNV aprobaron hace dos semanas en el Senado una moción que insta al ejecutivo a prorrogar de nuevo la suspensión de la entrada en vigor de la medida.
Aparte de los empresarios turísticos otras voces como el Consejo de Abogacía Catalana también alertan de que la nueva regulación puede suponer una vulneración de la privacidad de las personas y una posible infracción del derecho a la protección de los datos personales.