Cercanías: nuestro tiempo vale menos que su ineficiencia
El país vive unos días de caos y no podemos mirar a otro lado. Ante la situación de Cercanías, consecuencia directa de la desigualdad territorial acumulada en los últimos quince años, me hago una pregunta sencilla, pero incómoda: ¿quién paga realmente esos costes?
Por un momento, no me refiero a quien dimite, sino a quien compensa el tiempo perdido de la población: las horas de trabajo de Andrea, Judit que si no tiene alternativas no llegará el lunes por la mañana a su clase de catalán o Carlos que hace años que se prepara para el MIR y no ha podido llegar. Hablamos de vidas reales alteradas por un servicio público que no ha estado a la altura.
Si aceptase un borrador erróneo de la declaración de la renta realizado por la propia Hacienda, la administración me sancionaría y me añadiría un recargo. Ya lo decía un profesor mío: la administración es poder. Pero, ¿quién le sanciona? Si hemos perdido horas de trabajo estos días, deberemos recuperarlas. Si no hemos llegado a un examen, habremos perdido la convocatoria. Aquí no existen recargos a favor del ciudadano, ni mecanismos automáticos de compensación.
Por una vez, dejamos de hablar sólo de intereses, inversiones y porcentajes de ejecución presupuestaria, y hablamos de lo que realmente se está erosionando: el tiempo, las oportunidades y la confianza de la sociedad. Cada retraso no es sólo una incidencia técnica; es una renuncia forzada, una decisión aplazada, una jornada laboral cerrada. Todo esto tiene un coste que no sale en ningún balance oficial.
Quizás haya llegado el momento de exigir responsabilidades que vayan más allá de las disculpas y de los comunicados. No sólo por mejorar el servicio, sino por reconocer el daño causado y establecer mecanismos reales de reparación. Porque un estado que no responde por sus errores transmite un mensaje peligroso: que el tiempo de la ciudadanía vale menos que su propia ineficiencia.
