Desmontando mitos sobre la inmigración
La inmigración se ha convertido en uno de los grandes temas de debate en Cataluña y en el resto de Europa. Varios artículos han hablado de ello en este diario (ver aquí, aquí y aquí). Y es que hoy, casi una de cada cuatro personas que viven en Catalunya ha nacido en el extranjero. A pesar de la normalización de este fenómeno, la percepción social sigue fuertemente polarizada: según el último barómetro del CEO, el 59% de los catalanes cree que existe demasiada inmigración. ¿Pero qué nos dice la investigación científica sobre el impacto real de los recién llegados?
Empecemos por el mercado de trabajo. Elevidencia acumulada durante décadas es clara: la inmigración tiene un pequeño efecto –ya menudo nulo o incluso positivo– sobre las oportunidades laborales de los nativos. Los motivos son diversos: los inmigrantes no suelen ser sustitutos directos de los trabajadores locales, sino que a menudo tienen perfiles y especializaciones distintas. Esto crea complementariedades que pueden beneficiar a la productividad. Por ejemplo, la llegada de inmigrantes al sector de los cuidados ha permitido a muchas mujeres nativas incorporarse al mercado laboral. En el caso español, esto explica parte del incremento de la participación laboral femenina durante los años 2000. Además, estudios recientes indican que los empresarios adaptan la producción y que los nativos tienden a especializarse oa continuar formándose en respuesta al aumento de la posible competencia laboral.
Por lo que se refiere a las finanzas públicas, la contribución de los inmigrantes es, en general, positiva, sobre todo cuando se integran en el mercado laboral. A corto plazo, los inmigrantes tienden a representar un coste para el país receptor, especialmente en lo que se refiere a las prestaciones sociales. Sin embargo, en sociedades envejecidas como la nuestra, la presencia de población joven y en edad de trabajar ayuda a sostener el sistema de pensiones ya financiar los servicios públicos. Uno estudio reciente muestra que los inmigrantes en España generan menos gasto público per cápita que los nativos, y que sus aportaciones fiscales –aunque inferiores por unidad, dado el menor nivel salarial– son positivas en su conjunto. Además, según otro estudio reciente, cuando los inmigrantes regularizan su situación administrativa, como ocurrió con la amnistía de 2005, los ingresos públicos aumentan significativamente, gracias a las nuevas cotizaciones e impuestos. Por cierto, este mismo estudio también demuestra que la amnistía no dio pie al temido efecto llamada.
¿Y sobre la relación entre inmigración y criminalidad? Pese a su sobrerrepresentación en las prisiones, no hay evidencia de que el aumento de la inmigración provoque un aumento en las prisiones tasas de criminalidad a escala local. Esta contradicción puede responder a factores como un trato más severo por parte del sistema judicial, al perfil demográfico de los recién llegados (hombres jóvenes con baja calificación entre los que la incidencia del crimen es mayor), o una posible sustitución de la actividad criminal entre nativos o inmigrantes. Además, muchos inmigrantes en situación irregular están incluidos en las estadísticas penitenciarias pero no en las estadísticas poblacionales, lo que distorsiona las comparaciones. De hecho, estudios recientes muestran que cuando los inmigrantes tienen acceso a permisos de trabajo, su implicación en actividades delictivas disminuye significativamente. La mejor herramienta para reducir los riesgos sociales es, una vez más, garantizar el acceso a trabajos legales y dignos.
La inmigración es, en definitiva, un fenómeno estructural e irreversible en sociedades abiertas y globalizadas. Revertir sus flujos sería tan irrealista como contraproducente. recién llegados.
No olvidemos que muchos inmigrantes vuelven a su país de origen después de unos años. Pero sus hijos, nacidos aquí, son y serán ciudadanos de pleno derecho. En una sociedad envejecida como la catalana, garantizar su inclusión, el acceso a una educación de calidad y la igualdad de oportunidades no es sólo una cuestión de justicia: es una inversión imprescindible para el futuro del país.