

Andreu Mas-Colell publicaba un artículo en esta sección argumentando que la inmigración es buena para Catalunya, incluso aquella que ocupa puestos de trabajo "donde los requisitos de calificaciones son poco exigentes y los sueldos son bajos en relación con la media española", aunque reconoce que su volumen es tan alto que, a consecuencia, "la media de productividad y de renta la tenemos estancada". En este punto, mi opinión es la contraria y argumentaré por qué.
Es necesario empezar con una obviedad: la cuestión no es inmigración sí o inmigración no, sino si estaríamos mejor o no con un flujo inmigratorio como el vasco, que ha añadido 160.000 habitantes a su población este siglo, mientras que en Catalunya ha añadido casi 2 millones. Al mismo ritmo que el vasco, la población de Catalunya estaría lejos todavía de los 7 millones, en vez de haber superado los 8 millones.
Un indicador del impacto de este alud es la evolución del PIB per cápita catalán en relación al vasco: si en el 2000 tenían el mismo valor, hoy el catalán es un 11% más bajo. Esto se traduce en una recaudación fiscal que crece por debajo de las necesidades y en una progresiva degradación de los servicios públicos que la población percibe en forma de encarecimiento de la vivienda, empeoramiento de los resultados escolares, competencia por el acceso a los servicios sociales y presión a la baja sobre los salarios de los empleos básicos.
Es indudable que el balance no es negativo para todos. Un caso es el de los empresarios que contratan a estos inmigrantes poco cualificados y mal pagados; otro es el de los cuidados, que Mas-Colell argumenta de la siguiente manera: "Si decidiéramos que un inmigrante cuidador de personas mayores solo puede ser admitido si su sueldo acaba cubriendo todo el gasto social que va a generar, lo más probable es que la contratación de este inmigrante no será viable para la mayoría de la gente mayor. El inmigrante potencial pierde, pero también pierde, y mucho, la persona mayor que no recibirá los cuidados". Es así en ambos casos, pero debemos tener presente que el empresario y esta persona mayor se benefician de un servicio a un coste subvencionado por el resto de la sociedad, y la cuestión es si esta subvención oculta es equitativa. Precisamente porque es oculta difícilmente lo será: se beneficia de ella la persona mayor que tiene recursos suficientes para contratar a un cuidador, pero no a la que no le llega.
Mas-Colell afirma que recibimos este flujo migratorio porque la economía catalana "es dinámica" y porque "vivimos en un espacio europeo con libertad de movimiento de población [que], si somos europeístas, debemos aceptar". Mi visión no es tan fatalista: los vascos no lo sufren pese a estar en el mismo espacio europeo y tener una economía mucho más dinámica (si por dinamismo debemos entender, como creo que debe hacerse, que la productividad crezca más rápido).
Mas-Colell opina que, puesto que este flujo migratorio es inevitable, lo mejor sería prepararnos. Es una recomendación sensata, pero hacerlo de una manera eficaz es imposible. El president Illa ha anunciado un ambicioso programa de creación de 50.000 viviendas públicas en los próximos seis años. El problema es que, al ritmo actual, la inmigración exigirá crear más 30.000 cada año. Por lo tanto, además de prepararnos, hay que hacer más cosas.
Las imágenes de frágiles embarcaciones llegando a las costas mediterráneas o canarias crean la impresión de que la inmigración que recibimos es tan solo una consecuencia inevitable del desbordamiento demográfico de África. Como pone de manifiesto el caso vasco, en realidad lo es sobre todo de nuestra adicción a la mano de obra barata. ¿Cómo la combatimos? Hasta ahora, las subidas del salario mínimo interprofesional no han afectado a la creación de puestos de trabajo poco calificados; se trata de subirlo hasta que lo tenga. El segundo instrumento es la reducción de la capacidad turística tanto en las ciudades como en la costa: ni HUTs, ni Hard Rocks. Finalmente, hay que ser más exigentes con aquellas personas –autóctonas o inmigrantes– que hacen del subsidio público su modus vivendi, sean parados que rechazan ofertas laborales, sean aquellas a las que algunos denominan "profesionales de Cáritas".
La preocupación por el alcance de la inmigración ha sido hasta ahora característica de los partidos conservadores, pero esto deja de ser así. En Dinamarca y en Suecia –los países que nos son y deben ser faros– los partidos socialdemócratas ya han dado el paso de declarar que la inmigración "está descontrolada" y que –en beneficio de las clases trabajadoras– hay que limitarla. Porque la inmigración de personal poco cualificado tiene su parte positiva, pero solo hasta cierto punto, y en Catalunya este punto lo hemos superado con creces.