La hora de repensar las leyes obsoletas

En un momento de transformación global acelerada, donde la innovación tecnológica, la transición ecológica y los nuevos modelos económicos redefinen las relaciones entre ciudadanos, la arquitectura legal que sustenta nuestras sociedades a menudo se convierte en una rémora más que una herramienta útil. En Cataluña crece el debate sobre la necesidad de revisar, actualizar o incluso eliminar aquellas leyes que han quedado obsoletas o que impiden el desarrollo productivo y el aprovechamiento del talento. Es una cuestión de racionalidad jurídica pero también de justicia social, eficiencia administrativa y competitividad económica.

Algunas normativas, pensadas para una economía muy distinta a la actual, siguen condicionando negativamente la realidad de miles de ciudadanos y empresas. El sistema de módulos para autónomos, por ejemplo, sigue vigente a pesar de que los conocimientos básicos contables ya son alcanzados por todos. Este sistema, heredado de otro tiempo, puede favorecer prácticas opacas, puede generar desigualdades fiscales y dificultar la equidad tributaria, además de penalizar la innovación y profesionalización de este colectivo. Y no reflejar la actividad real.

Otro caso paradigmático es el tratamiento legal de los llamados accidentes in itinere, los que se producen durante el trayecto entre el domicilio y el puesto de trabajo. ¿Tiene sentido mantener esa figura tal y como está regulada hoy? Tenía sentido en un momento en que era necesario transporte colectivo para ir a los centros de trabajo, pero hoy que todos cogemos el coche, incluso para buscar un café, este tipo de accidente no debería ser considerado laboral. Es necesario replantearla para adaptarla a las nuevas realidades de la sociedad actual.

La legislación vigente permite que las compañías eléctricas repercutan a las empresas consumidoras todos los gastos necesarios para adaptar o ampliar la red eléctrica con el objetivo de garantizar el suministro. Hasta aquí esta práctica puede considerarse razonable. Sin embargo, el problema surge cuando estos gastos son contabilizados por la compañía eléctrica como inversión propia. Esto genera una distorsión contable: mientras que la empresa consumidora registra el gasto como coste, la distribuidora la registra como inversión, lo que incrementa artificialmente su volumen de inversiones y da una imagen hinchada de su contribución al desarrollo de la infraestructura eléctrica. Esto puede tener implicaciones importantes, especialmente en el contexto de regulaciones, tarifas y ayudas públicas vinculadas a la inversión en redes.

Existen también situaciones que ponen en evidencia las disfunciones del sistema. Muchas personas con una pensión de invalidez parcial querrían reincorporarse al mundo laboral, al menos parcialmente, pero la normativa vigente a menudo penaliza esta iniciativa. El riesgo de perder la prestación frena cualquier tentativa de ocuparse. Es un ejemplo claro de cómo la rigidez legislativa puede bloquear la inclusión laboral y condenar al margen social a personas perfectamente capaces de aportar valor.

El papel de la IA

Una forma efectiva de revisar el ordenamiento jurídico es a través de la tecnología. La inteligencia artificial puede ayudar a analizar de forma sistemática grandes volúmenes de normativa para identificar contradicciones, disposiciones duplicadas o desfasadas y propuestas de simplificación. Además, la IA puede realizar comparativas con marcos legales de otros países europeos para detectar buenas prácticas y adaptarlas a nuestro contexto. Esta visión armonizadora con la UE es fundamental para ganar eficiencia y seguridad jurídica en un mercado cada vez más integrado.

En este sentido, iniciativas como el Foro de Entidades por la Reforma de la Administración (Fera) adquieren especial relevancia. Creado con la voluntad de repensar el funcionamiento del sector público y el marco normativo que le rodea, el Fera puede convertirse en un espacio clave para impulsar esta renovación legislativa. Con la participación de agentes sociales, empresas, expertos y administraciones, este foro tiene la oportunidad de promover una agenda de transformación legal basada en criterios de agilidad, sostenibilidad, innovación y eficiencia.

Las empresas, víctimas y protagonistas del cambio

Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el laberinto normativo actual supone a menudo un freno a su actividad. El exceso de regulación, las normas contradictorias y la burocracia agotan recursos que podrían destinarse a la innovación, internacionalización o formación. Pero las empresas que sufren ese entorno también pueden ser protagonistas activas del cambio. Mediante la colaboración público-privada, pueden contribuir a detectar los puntos débiles del sistema normativo y proponer soluciones prácticas que permitan avanzar hacia un entorno más competitivo y alineado con los objetivos europeos.

No se trata de desregular y suficiente. Todo lo contrario. La seguridad jurídica es un activo esencial para las empresas y el desarrollo económico. Pero esa seguridad no depende tanto de la cantidad de normas como de su calidad, coherencia y adaptación a la realidad. Regular en exceso, hasta el menor detalle, puede acabar convirtiéndose en un freno a la creatividad y la iniciativa.

Ahora que Europa recupera peso en el tablero geopolítico y busca reforzar su autonomía estratégica, la mejor manera de preservar nuestro estado del bienestar, tan preciado y al mismo tiempo tan frágil, es mejorando la productividad. Y esto significa apostar decididamente por ecosistemas innovadores, por el impulso del talento y por una normativa moderna, clara y alineada con los retos globales. Cataluña debe formar parte de esta nueva arquitectura legal europea, y por eso hace falta valentía política, inteligencia técnica y una visión compartida.

Revisar y actualizar las leyes no es sólo una cuestión técnica, es una condición imprescindible para construir una economía más dinámica, inclusiva y preparada para los retos que vienen.