Innovar dentro de la legalidad: por una contratación pública con impacto

La contratación pública no es sólo procedimiento: es política industrial, es mejor servicio para la ciudadanía y es una palanca de sostenibilidad. La Unión Europea sitúa esta actividad en torno al 16% del PIB, una magnitud que nos indica que estaríamos ante una palanca con potencial para transformar el país.

Para las empresas españolas de movilidad sostenible –en ámbitos como la electrificación de la movilidad o la infraestructura de recarga de vehículos–, que ahora sufren la falta de firmeza de la apuesta europea y estatal por el sector y la escasa demanda que le acompaña, es clave poder testear y vender sus productos. La colaboración público-privada y la compra pública con criterios transparentes y eficientes, como puede ser el cálculo de la huella de carbono, que le acerquen a nuestra industria –europea y española– puede tener mucho más impacto social y económico que otras muchas medidas.

Desde AEMES Smart –el ecosistema de empresas de movilidad, energía y entorno sostenible– vemos cada día que la colaboración público-privada bien enfocada genera resultados: proyectos que llegan antes, servicios que funcionan mejor, tecnología que se despliega con garantías y empleo cualificado que arraiga en el territorio. Pero también detectamos preocupaciones recurrentes en las empresas que quieren participar en lo público: ponderación insuficiente de la calidad y la innovación, plazos y cargas documentales excesivas, dificultades de acceso para pymes y start-ups, y cierta disparidad de criterios que desincentiva la inversión. No son debates teóricos, son fricciones que, acumuladas, restan competitividad e impacto.

La buena noticia es que no es necesario esperar una gran reforma legislativa para mejorar. El marco actual permite actuar con ambición y seguridad jurídica. ¿Qué proponemos? En primer lugar, pesar mejor lo que importa. Si queremos valor público, los criterios técnicos y de innovación deben tener mayor peso real en la adjudicación. Evaluar calidad, mantenimiento, resultados ambientales (CO₂, energía, circularidad) e impacto económico y social no es una carga adicional, es eficiencia. Tan fácil como darle más peso a la huella de carbono de un bien, puede impulsar oportunidades a las industrias productoras más cercanas.

Debemos abrir la puerta a quien aporta. La división de los contratos en lotes más pequeños, la solvencia proporcional y la simplificación de trámites son claves para que pymes y start-ups puedan competir de verdad. Las grandes transformaciones tecnológicas a menudo nacen en equipos pequeños; el sistema debe saber captar esta innovación y escalarla.

También debemos reducir plazos de los procedimientos para evitar el encarecimiento de precios (que hay que revisar cuando el contexto es cambiante, como el actual) y otros cambios circunstanciales que perjudican al adjudicatario y al licitador, como la obsolescencia de la tecnología. Y colaborar antes de pujar. Instrumentos como la compra pública de innovación, el diálogo competitivo o la asociación para la innovación sirven para mejor definir el reto y el pliego. Hechos con transparencia evitan subastas encubiertas, reducen riesgos y alinean expectativas. Innovar en la legalidad es posible –y necesario.

No olvidemos tampoco contar con más agilidad y datos. Es necesario digitalizar todo el ciclo de contratación y establecer cuadros de mando que midan plazos, incidencias y resultados de servicio. La transparencia es la base para homogeneizar criterios, reducir impugnaciones y dar confianza a proveedores y ciudadanía.

Finalmente, proponemos hacer de la contratación pública una política industrial. Cuando los pliegos piden calidad y resultado, se activa la inversión privada, se moviliza la cadena de valor y se genera empleo verde. Así es como el gasto público se convierte en motor de industrialización sostenible y competitiva.

Éste es el sentido de nuestro SmartVision Paper#5 y de la llamada que hacemos a las administraciones y las empresas: más ambición, más claridad y más eficacia. Lo que pedimos no es complicado: criterios más inteligentes, procesos más simples y espacios compartidos de trabajo. AEMES Smart está impulsando tablas estables de colaboración, un catálogo de buenas prácticas y, en breve, los reconocimientos a la contratación pública con impacto para dar visibilidad a quien abre camino, para facilitar que se puedan replicar las soluciones que funcionan.

Tenemos a tocar una contratación pública más clara, innovadora y eficiente, capaz de acelerar la transición ecológica y digital, y hacer del tejido empresarial catalán y español un actor competitivo a escala europea. Pongámonos: la sostenibilidad no es un reto futuro, es una oportunidad presente. Y la contratación pública, un instrumento para hacerla realidad.

Deberíamos poder decirlo bien alto, debemos acercar nuestra industria a las oportunidades de la contratación pública, y también ayudaremos a la contratación pública a ser más innovadora y eficiente, ya tener impacto.