España, en el podio del impago de laudos internacionales con Rusia y Venezuela

BarcelonaDurante la Gran Recesión, los gobiernos españoles –primero el de Rodríguez Zapatero y después el de Mariano Rajoy– pasaron la tijera a las primas a las renovables. Los inversores –en su mayoría extranjeros– que gracias a estas primas tenían unas expectativas de rentabilidad, vieron cómo las ganancias previstas disminuían o se esfumaban. Empresas y fondos empezaron a demandar a España ante organismos de arbitraje internacional, mayoritariamente el CIADI, que depende del Banco Mundial.

Los laudos se han ido dictando y ahora España se ha convertido en el país con más resoluciones pendientes de pago, empatada con Venezuela. Y el tercer estado que más dinero debe a los inversores por laudos de arbitraje internacional. Así lo revela el Índice de Cumplimiento de Resoluciones Internacionales, una publicación anual elaborada por el departamento de estudios de la compañía NL Consulting que dirige el jurista y académico neerlandés Nikos Lavranos, experto en procedimientos de arbitraje de alcance internacional.

Según el informe, el número total de arbitrajes internacionales celebrados a escala mundial ha alcanzado ya los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado a la conclusión (el 70%), mientras que otros 343 expedientes (el 27%) continúan su curso . Se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (el 3%).

De entre los 890 casos para los que ya se ha emitido un laudo, un 37% se saldaron a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% acabaron en victoria de los inversores denunciantes. El 19% de los expedientes se cerraron con un acuerdo entre las partes, el 14% de los arbitrajes fueron discontinuados y un 3% de los procesos concluyeron con una decisión neutral para ambas partes. Hasta ahora, un total de 132 países han sido denunciados por lo menos una vez a través de este tipo de procedimientos.

En total, sólo 60 de los 890 procedimientos que han culminado con un laudo definitivo están en situación de impago (es decir, el 6,7%). La lista de países que han incurrido en escenarios de morosidad se limita a un total de 14. España es, por tanto, el país con más laudos pendientes de pago (15) con Venezuela (15) y por delante de Rusia (9).

Deuda pendiente

En cuanto al dinero impagado, Rusia ocupa de largo el primer puesto, con 60.100 millones de dólares, seguida por Venezuela, con 7.100 millones de dólares. España ocupa el tercer puesto, con 1.300 millones de euros. España ha aumentado el número de laudos pendientes de pagar en el último año. Se ha pasado de 8 el año anterior a los 15 actuales, y la cantidad adeudada a inversores internacionales prácticamente se ha doblado.

Específicament sobre el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el número de casos abiertos contra España es el más alto del mundo (51), muy por delante de Italia (14) y Rumanía (8), donde el grueso de los laudos sí han quedado resueltos. Durante el último año, la Unión Europea y sus países miembros han anunciado que tienen previsto abandonar el TCE. Sin embargo, la cláusula de salida de este acuerdo mantiene su vigencia durante un período de veinte años. Por tanto, todas las inversiones materializadas con el TCE en vigor y todas las que se realicen en las dos décadas posteriores a la salida del acuerdo siguen siendo vinculantes.

Los países miembros de la UE han asumido el pago de numerosas indemnizaciones similares a las que se reclaman a España. Polonia cerró el expediente Achmea desembolsando 4.000 millones de dólares, Alemania pagó 1.500 millones de dólares por saldar el caso Vattenfall y Rumanía desembolsó el grueso del laudo de 250 millones asociado al caso Micula.

Casos pendientes

En cuanto a España, existen 25 casos para los que aún no se ha emitido un laudo definitivo. Se estima que al menos el 80% de estos expedientes se resolverá de forma satisfactoria para los denunciantes, elevando a entre 2.000 y 2.500 millones de dólares la cantidad final de las indemnizaciones pendientes de pago a los inversores afectados.

Las compañías que han sufrido estos impagos del gobierno español han puesto en marcha litigios en varios países, invocando el cumplimiento del TCE y registrando los laudos que ya son definitivos ante los tribunales del Reino Unido, Australia y Estados Unidos, entre otros. De hecho, la justicia británica ya ha autorizado el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (cerca de 900 millones de euros), así como de la sede en Londres del Instituto Cervantes, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del Estado español y una oficina de promoción económica del gobierno de Catalunya.