La Generalitat desmonta sus peajes y exige al Estado que también lo haga
Puigneró critica "la incapacidad del Estado para hacer su trabajo en Catalunya"
BarcelonaEl vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha visitado este lunes las obras de desmontaje en Mollet del Vallès de las casetas de peaje de la autopista C-33, una de las cuatro vías de alta capacidad de Catalunya donde los peajes vencieron el 31 de agosto. Puigneró ha aprovechado la visita para criticar al gobierno del Estado, porque mientras las casetas de peaje de las autopistas que dependen de la Generalitat –la C-32 y la C-33– ya se han empezado a desmantelar, para las dos autopistas que dependen del Estado –la AP-7 y la AP-2– todavía no hay fecha.
En este sentido, Jordi Puigneró ha criticado "la incapacidad del Estado para hacer su trabajo en Catalunya" y ha exigido al gobierno español "que dé explicaciones sobre cómo están los trámites" de sus desmontajes, a la vez que ha reclamado que se hagan cuanto antes. Durante el mes de septiembre en estas vías, sobre todo en los peajes de La Roca (AP-7) y de Martorell (AP-2), se han producido retenciones importantes los fines de semana, a pesar de que las barreras estén levantadas. Puigneró ha criticado el retraso del Estado no solo a la hora de licitar las obras de desmontaje, sino también en la planificación para derribarlos peajes: "No sabemos ni siquiera si han empezado los procedimientos para hacer la licitación".
El vicepresidente considera "inaceptable" que después de que el 31 de agosto se levantaran las barreras todo continúe igual. Puigneró ha recordado que las obras para retirar los peajes en la C-32 y la C-33 empezaron el 1 de septiembre, el primer día en que eran gratuitas. En cambio, ha asegurado que en la AP-2 y la AP-7, de titularidad estatal, no se ve "ningún inicio de obras ni ninguna licitación, y esto va en detrimento de la ciudadanía y del tránsito".
Licitaciones estatales
El desmontaje de los peajes de las dos vías de titularidad estatal está incluido en las cinco licitaciones que el gobierno español ha presentado para conservar y explotar estas dos autopistas, con un valor conjunto de 18,4 millones de euros. De hecho, el ministerio de Transporte ha informado este mismo lunes que ha adjudicado por 17,8 millones uno de estos contratos, que afecta a la AP-7 y la AP-2 por la provincia de Tarragona. Un contrato que incluye también el mantenimiento y la explotación de estas vías, además del desmontaje de los peajes.
La Generalitat, por su parte, ha señalado que está previsto que al final del mes de octubre o a primeros de noviembre se acaben las obras para liberar los espacios centrales del peaje de la C-33 y los tres de la C-32. "Se abrirán al tránsito los carriles centrales en una autopista con absoluta normalidad", ha explicado Puigneró.