El gobierno central quiere poner autovías de pago en toda España en 2024

BarcelonaHacía tiempo que el gobierno central decía que quería imponer el pago por el uso de la red de carreteras de toda España. Ahora ya ha puesto fecha: 2024. Así lo dice el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y que ha presentado este miércoles Nadia Calviño. En el plan se afirma literalmente que el gobierno "podría implantar" un mecanismo de este estilo a partir de aquel año.

Este anuncio llega el mismo año en el que se produce un gran levantamiento de peajes en Catalunya. El 31 de agosto se levantan las barreras de la AP-7, la AP-2, la C-31, la C-32 y la C-33.

El plan del gobierno español defiende que el objetivo es avanzar hacia los principios de quien utiliza, paga y quien contamina, paga. "Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los cuales unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", justifica el documento. Se añade, además, que esta situación genera un déficit en el mantenimiento de la red y, consecuentemente, una pérdida de valor, deterioro de la calidad del servicio y consecuencias para la seguridad vial, según el ejecutivo.

"La imposición del pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia de este sistema de transporte, lo cual al mismo tiempo resulta en una reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero", continúa el texto.

Lo que no explica el documento es cómo se llevaría a la práctica este planteamiento, solo que el plan formará parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, que se aspira a presentar en el consejo de ministros durante este primer semestre, y que, asumiendo que no será una medida popular entre la ciudadanía, se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización durante los próximos dos años y medio. El margen de tiempo hasta 2024 se explica porque calculan que es el tiempo que costará establecer un marco legal para el nuevo sistema.

Por lo poco que se adelanta y por las veces que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha pronunciado al respecto, todo apunta que la idea es grabar el uso de las carreteras de forma que quien más circule más pague. Hace ya tiempo que la Generalitat perseguía instaurar un sistema similar en Catalunya, a pesar de que en este caso parecía más orientado a hacer pagar una cantidad anual fija a los usuarios y que estos circularan por las carreteras de manera ilimitada.

Además, entre las empresas del sector hay dos ideas diferentes de peaje. La patronal de los constructores (Seopan) defiende la imposición de un peaje blando, es decir, de coste reducido, de forma que sirva únicamente para pagar el mantenimiento. En cambio, la patronal de las empresas concesionarias prefiere un peaje más elevado para que el dinero se pueda destinar no solo al mantenimiento, sino también a la adaptación de las infraestructuras a la nueva movilidad, con carga para coches eléctricos, por ejemplo.