Plan de recuperación

El gobierno español calcula que el coche eléctrico movilizará hasta 24.000 millones de euros públicos y privados

Prevé la creación de 142.000 puestos de trabajo hasta el 2023 y aumentar el peso de la automoción entre un 1% y un 1,7% del PIB

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Un coche eléctrico en una estación de carga

MadridCoincidiendo con la aprobación definitiva prevista para este martes del plan de recuperación y resiliencia español de la Unión Europea, el gobierno español empieza a concretar los grandes proyectos estratégicos –llamados PERTE– que serán financiados con fondos europeos. El primero se aprobará este martes en el consejo de ministros y será el proyecto del sector de la automoción, que servirá para dar un impulso al coche eléctrico. Según los cálculos del ejecutivo de Pedro Sánchez, el PERTE del vehículo eléctrico movilizará entre el 2021 y el 2023 hasta 24.000 millones de euros entre inversión pública y privada. La inversión de las empresas prevista, 19.714 millones, supondrá el grueso de la inversión, mientras que los fondos europeos que se dedicarán llegan a 4.295 millones.

Con el desarrollo de la industria del vehículo eléctrico, el peso del sector automovilístico en la economía puede aumentar entre un 1% y un 1,7%, hasta llegar al 15% del PIB, según los cálculos que el ejecutivo ha incluido en el documento del PERTE que se aprobará este martes. El mismo documento, al que ha tenido acceso el ARA, destaca que se prevé la creación de 142.000 puestos de trabajo de cara al 2023. "En los próximos diez años la industria automovilística se enfrentará a la transformación más grande de su historia. Estamos ante uno de estos momentos cruciales e irreversibles", ha subrayado el presidente del ejecutivo español. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que el impulso del PERTE "es un paso histórico" y ha destacado que España "lidera el futuro de la industria del automóvil".

Las iniciativas que recibirán financiación en este PERTE tienen que garantizar "la existencia de infraestructuras, instalaciones y mecanismos" para la fabricación y el funcionamiento del vehículo eléctrico, como son las baterías y los puntos de recarga. Es decir, que no solo se financiará la construcción de los vehículos, sino también de todas las infraestructuras y tecnologías para que el uso de estos vehículos, que no contaminan como los coches de carburante, se popularice. El objetivo es que en 2023 haya matriculados 250.000 coches eléctricos en el Estado y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.

Vehicles al alcance de la mayoría de ciudadanos

Sánchez ha admitido que actualmente los coches eléctricos "se perciben como coches de alta gama" y tienen ciertas limitaciones de carga y de mantenimiento. "El impacto de este PERTE cambiará 180 grados esta percepción", ha asegurado. Según él, el proyecto hará que el vehículo eléctrico "esté al alcance de la mayoría de ciudadanos y deje de ser un producto sofisticado para una minoría".

Para garantizar que las iniciativas se puedan poner en marcha y coordinar las sinergias entre las empresas y las administraciones públicas implicadas, el gobierno español creará una mesa de la automoción en la que haya representadas las principales asociaciones empresariales del sector, los sindicatos y las comunidades autónomas. Además, nombrará a un coordinador, una persona "de reconocido prestigio" que hará de enlace entre los ministerios y el sector privado y "garantizará un diálogo permanente" entre todos los actores implicados.

Precisamente el sector automovilístico ha reclamado a Sánchez una gobernanza "ágil" de los fondos para aprovechar todas las ayudas y también para poner fin a los obstáculos en la concesión de permisos que "lastren" las infraestructuras del vehículo eléctrico y "retrasen su puesta en marcha, a veces más de dos años".

Unilateralidad del Estado

Ante la gestión centralizada de los PERTE, el Govern y la Generalitat Valenciana han denunciado este lunes la "unilateralidad" del ejecutivo español. El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y su homólogo de Economía Sostenible del gobierno valenciano, Rafael Climent, en una rueda de prensa conjunta, han explicado que para revertir la situación los ejecutivos han pactado iniciar un grupo de trabajo para buscar "sinergias" y encontrar proyectos conjuntos para optar a los fondos europeos.

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